Por: El Mostafa El kaderi Yemlahi – Londres

Diversas personalidades españolas describen la era del actual presidente del gobierno de España con el termino «Sanchismo»: una manera inusual de practicar la política, basada en el engaño y la mentira, a la cual recurre el presidente de forma reincidente aprovechando, de manera aparente, la corta memoria de sus votantes. Vimos como el presidente Pedro Sánchez hace uso del engaño para conseguir el voto de los ciudadanos.

¿Quién no recuerda aquellas ruidosas promesas que dibujaban la imposibilidad de un pacto con las fuerzas independentistas para, posteriormente, acabar pactando y sometiéndose a la voluntad de los barones catalanes?

También vivimos con euforia un Sánchez que pegaba puñetazos al aire durante la campaña electoral para hacer creíble lo que posteriormente se tradujo en una falsedad vestida de discurso intencionadamente engañoso.

Un comportamiento grotesco e inaceptable, capaz de derrumbar cualquier esperanza de un panorama político serio, digno de un país democrático y europeo.

La gestión del gobierno en mas de un aspecto está profundamente marcada -o mejor dicho contagiada- por este «Sanchismo», que se burla en todo momento de la inteligencia de sus ciudadanos y votantes, y que solo es necesario revisar la gestión de la pandemia para constatar la inimaginable cantidad de contradicciones a las cuales sometieron al pueblo español; así como su frágil economía, que esta luchando para flotar de nuevo y respirar aire puro, después de una prolongada inmersión por motivo de la crisis.

Pero sin duda alguna, la diplomacia Española fue encargada de llevar este «Sanchismo» a un «nunca visto» y nuevo nivel, batiendo un record en materia de corrupción de estado. No se trata de ninguna exageración, en absoluto, lo que acaba de lograr el gobierno de España a través de su diplomacia, puesto que resulta espectacularmente indignante. El gobierno, que en teoría está para cumplir la ley, participa de forma «innovadora» en una operación en la cual se convierte en cómplice de falsificar la identidad del líder del Frente POLISARIO, Brahim Ghali, bajo el pretexto de la acción humanitaria para burlar su propio sistema judicial.
Efectivamente, se trata de un caso donde la excusa es peor que el error en sí.

Sin embargo, es curioso como el pueblo español mostró un nivel de domesticación inexplicable; aunque teniendo a la vista unos gobernantes que se burlan de la Audiencia Nacional, a través de forzar la cospiración de las fuerzas de seguridad, que aun sabiendo de la identidad del personaje y la querella criminal que relata torturas de toda índole -incluidas las descargas eléctricas y violaciones- permitieron pasar a Ghali con total impunidad y mirando para otro lado -en contradicción con las normas que juraron respetar y aplicar-.

La versión que trata de justificar el disparate del Gobierno de España, e intenta convertir el escandalo en un tema secundario relacionado con un país vecino: Marruecos. Este movimiento clásico de la política y los sospechosamente silenciados medios españoles que, basándose en la naturalidad de la estructura mental de los ciudadanos de la península, ven al país vecino con desprestigio, debido a que el modelo educativo y la cultura social sufre aun de la presencia residual de complejos de superioridad de carácter colonialista, donde los conflictos históricos siguen pesando en la relación entre las dos orillas del mediterráneo.

Esta realidad social hace que cualquier dato positivo sobre el país vecino sea continuamente menospreciado, con el fin de satisfacer un ego enfermizo que nubla la vista de todo un país hacia sus vecinos y socios históricos; al mismo tiempo, la práctica de la magnificación de los errores o las dificultades a las cuales se enfrenta el primer socio económico de España, lo dibuja como la nación del desastre, falsificando la realidad y traicionando a la verdad. Por eso, y siendo fiel a sus complejos de superioridad, y teniendo claro que para la inmensa mayoría de la ciudadanía española, solo hay que mencionar la palabra mágica «Marruecos», para que el tema deje de tener importancia. «Marruecos» entonces, -y por culpa del imaginario colectivo y sus complejos- forma la cortina de humo perfecta para dejar de dar las explicaciones oportunas sobre la gravedad de la situación política y legal.

Estamos ante un escándalo político y legal, que si hubiese tenido lugar en otros países europeos, hubiésemos sido testigos de una dimisión en bloque del gobierno o -como mínimo- la de los ministros responsables de las carteras de interior y exterior.

Es lo que exactamente pasó en Holanda, donde la abogada de origen español demostró casos de discriminación en contra de ciudadanos por culpa de su origen.

El Gobierno de «Sánchez» intenta justificar lo injustificable porque ,y usando las palabras de Javier Caraballo en su articulo publicado en el confidencial, «resulta imposible justificar que un país serio de la Unión Europea le facilite una identidad falsa a una persona de relevancia internacional» y que «España ha coordinado a sus ministros de Asuntos Exteriores y de Interior para hacerle llegar al general saharaui un pasaporte falsificado -un pasaporte legal, pero con identidad falsa- que la Policía, previamente alertada, pasó por alto, al igual que el Hospital de Logroño en el que fue ingresado».

Si el «Sanchismo» intenta tocar las fibras del corazón mencionando la cuestión humanitaria, entonces se olvida de casos similares donde los denunciados fueron juzgados por crímenes similares y donde la situación sanitaria no impidió en ningún momento la aplicación de la justicia.
Omar al Bashir, expresidente de Sudán, después de estar tres décadas en el poder, compareció frente a un tribunal para ser juzgado, Hosni Mubarak el caudillo que gobernó Egipto durante treinta años, acabó ante la justicia y Augusto Pinochet que arrastraba un portafolio con miles de muertes, desapariciones y torturas, y que España condujo una batalla legal para conseguir su extradición.

Junto a otros casos más, como los participantes del régimen Nazi de Alemania, donde los casos demuestran que cuando se trata de los perseguidos por cometer crímenes de guerra no debe de haber tregua hasta conseguir llevarles ante la justicia en cuanto sea posible, para rendir cuenta por las barbaries cometidas en contra de personas indefensas.

No es solo una cuestión legal, hablamos de ética, y de derecho a la justicia del mismo pueblo saharaui -que tanto hemos escuchado a entidades de la sociedad civil y medios progresistas llenarse la boca con lemas como «la defensa de la causa saharaui», pero por lo visto no pudieron aguantarse en el sillón al pasar por la primera curva-. Es un escenario donde víctimas saharauis que apostaron con total confianza en la justicia española y europea, y en ningún momento imaginaron que la propia justicia también puede ser victima de un «Sanchismo», que simplemente cuando lo acorralan los hechos, cuando su gobierno comete ilegalidades, cuando sus ministros se burlan de la justicia española, cuando dinamitan las relaciones de vecindad, basadas en la lealtad y cooperación, ¡NO PASA NADA! solo repiten la frase de la salvación, «¿Adivinad quién tiene la culpa de todo este desastre? la respuesta la tiene el Sr. Sánchez y os dice que son los MOROS».