Tetuán – Negar a las instituciones de seguridad el derecho a presentar denuncias contra personas físicas que utilizaron canales y redes sociales para perjudicarlas y difundir alegaciones falsas y calumniosas contra ellas refleja un flagrante desconocimiento de la ley, dijo Nawfal El-Baamri, letrado del Colegio de Abogados de Tetuán.

“Cuestionar el fundamento jurídico de estas denuncias y negar a las instituciones de seguridad el derecho a demandar a personas físicas es un flagrante desconocimiento del derecho marroquí e internacional, dado que estas instituciones de seguridad operan en el marco de la ley y presentaron sus denuncias conforme a la Constitución”, dijo El-Baamri en una declaración a la MAP.

Las otras diversas falsedades jurídicas divulgadas confirman que sus instigadores desconocen totalmente el código penal marroquí, que castiga los insultos y las calumnias contra los organismos constituidos, añadió, precisando que es totalmente inconcebible insultar a estas instancias y pretender que no es punible según el derecho penal.

A este respecto, subrayó que las instituciones de seguridad tienen pleno derecho a defenderse a sí mismas y a sus funcionarios, destacando que “es improbable que esas instituciones sean difamadas sin que reaccionen o recurran a la justicia”.

Lo esencial, continuó El-Baamari, es que “el recurso de las instituciones de seguridad a la justicia es totalmente normal en un Estado de derecho y en un país en el que la Constitución consagra la independencia del poder judicial”.

En todo el mundo, agregó, las instituciones del Estado recurren a los tribunales para hacer valer sus derechos y los de sus funcionarios frente a los insultos, las calumnias o el cuestionamiento en el ejercicio de sus funciones.

También resaltó que los instigadores de esas falsas alegaciones desconocen la existencia de numerosos acuerdos de cooperación judicial entre Marruecos y diversos países, en virtud de los cuales esos países se comprometen a extraditar a las personas solicitadas por la justicia, especialmente cuando los cargos que se les imputan están probados.

El objetivo principal de estos acuerdos es la aplicación del principio de la lucha contra la impunidad, especialmente contra las personas que creen que, por tener la nacionalidad de otro país, podrían evitar el castigo, explicó.

El-Baamri también expresó su sorpresa por el tiempo elegido para atacar a las instituciones de seguridad, que están realizando una enorme labor para proteger al país y a sus ciudadanos y para defender la unidad nacional y la integridad territorial del Reino, considerando que esto, en efecto, plantea varias cuestiones.

Así, el letrado llamó a todos los marroquíes, tanto dentro como fuera del país, a condenar estos actos en contra de las instituciones de seguridad marroquíes.

La Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN), la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) y la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED) presentaron recientemente a la Fiscalía, ante el Tribunal de Primera Instancia de Rabat, denuncias contra personas residentes en el extranjero por ultraje a funcionarios públicos durante el ejercicio de sus misiones, ultraje a instituciones organizadas, denuncia calumniosa y crímenes ficticios, difusión de alegaciones y hechos falsos y difamación.

En un comunicado conjunto, las tres instituciones de seguridad habían afirmado que la presentación de esta denuncia ante las autoridades judiciales competentes se enmarca en el ejercicio del derecho a recurrir a la justicia, garantizado a estas instituciones, y en la aplicación del principio de “protección del Estado”, garantizado a los funcionarios de seguridad, a raíz de las agresiones verbales sufridas durante el ejercicio de sus misiones, tras el aumento de los actos de difamación e injuria cometidos por las personas denunciadas.

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