El acuerdo pesquero con Marruecos, a juicio en Bruselas
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El Tribunal de la UE analiza el recurso del Frente Polisario contra la decisión del Consejo de suscribir un pacto de pesca con Rabat que incluye aguas del Sáhara
EFE
BRUSELAS 04/03/2021 05:00 H
El Tribunal General de la Unión Europea ha acogido la vista oral sobre el recurso presentado por el Frente Polisario contra una decisión del Consejo (países de la UE) de 2019 relativa al acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos.
La defensa del Frente Polisario y del Consejo expusieron ayer sus argumentos ante la sala, después de haber celebrado una primera vista el martes en relación con el acuerdo de asociación entre Bruselas y Rabat.
El litigio se refiere a la decisión del Consejo de dar luz verde a un nuevo acuerdo pesquero concluido en el 2019 entre la UE y Marruecos, que incluye la región del Sáhara occidental.
Apoyan al Consejo en relación con el litigio por ese pacto pesquero España, Francia, la Comisión Europea, las cámaras de pesca marítima del Mediterráneo, del Atlántico norte, del Atlántico central y del Atlántico sur.
El informe de la vista recuerda que el Frente Polisario presentó un recurso contra la decisión del Consejo sobre el acuerdo pesquero y enumera los motivos por los que pide su anulación. Entre ellos, alega que los entonces Veintiocho violaron la obligación de verificar el respeto de los derechos fundamentales y del derecho humanitario, así como la ejecución de las sentencias del tribunal de la UE, el no respeto de la política de pesca y la violación del derecho a la autodeterminación.
El Consejo, por su parte, argumenta que se tuvo en cuenta los resultados del proceso de consulta a la población local efectuado por el Servicio de Acción Exterior de la UE para evaluar la repercusión de los cambios sobre el Sáhara occidental y que hubo una opinión mayoritaria favorable al respecto.
Además, en respuesta a que el Frente Polisario se considera único representante del pueblo saharaui, el Consejo añade que la Unión lo reconoce solo como parte del proceso del estatuto final del Sáhara Occidental, al no tener ni la calidad de movimiento de liberación nacional reconocida por la ONU, ni la condición de observador. También considera que no tiene la capacidad jurídica ni los recursos administrativos y aduaneros para concluir un acuerdo de pesca con la Unión y que solo Marruecos, que es el administrador «de facto» en el territorio del Sáhara occidental, tiene esta capacidad y estos medios.
España, por su parte, afirma que el Frente Polisario no ha demostrado la existencia de un error en el contexto del procedimiento de consulta de las poblaciones afectadas, mientras que Francia considera que la decisión impugnada respeta el derecho internacional, el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental y el desarrollo económico de este territorio.
La vista también ha abordado la petición por parte del Frente Polisario de la anulación de un reglamento relativo al reparto de las posibilidades de pesca en relación con el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos.
El Consejo cuenta en este caso con el apoyo de España, Francia y la Comisión Europea.
