Vivienda En Epaña : 1 Eres Moro¿ Africano¿ entonces no hay alquiler¡¡2 Agencias contra la ley
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1 .Eres Moro¿ Africano¿ entonces no hay alquiler¡¡
Aunque en el código penal está tipificado como delito, la discriminación en el acceso a la vivienda sigue siendo el pan de cada día para muchas personas racializadas y las relega a zonas segregadas y viviendas degradadas.
“De África el propietario no quiere”: alquilar un piso es un infierno para muchas personas racializadas
La mañana del 11 de enero, Fikri El Azrak y su mujer se subían al coche para ir a ver un piso en Pineda de Mar, en la provincia de Barcelona aunque cerca del límite con Girona. Ellos trabajan en la capital catalana, pero dos meses de búsqueda estéril les habían forzado a ampliar el área geográfica cada vez más, desesperados por encontrar algo.
Habían quedado en la agencia inmobiliaria Servi-Grup, donde les iba a atender una agente de la oficina. Allí estaba, y ya llevaba las llaves en la mano para salir a visitar el piso, cuando frenó de golpe:
—Una pregunta, ¿de dónde sois?
A lo que Fikri contestó:
—De Marruecos.
Y a partir de ahí, la situación cambió por completo. “Suelta las llaves y me dice, ah pues no, el dueño no quiere marroquíes, gente de África, ni morenos”, recuerda Fikri. Es entonces cuando él decide sacar el móvil y empezar a grabar. En la grabación se oye cómo la agente inmobiliaria les dice: “De África, morenos, no quiere”, refiriéndose al propietario. Y repite varias veces que no es su culpa, no es la agencia, lo que pasa es que “el propietario es el que manda”. Finalmente, acaba echando de la agencia a la pareja y negándose a darles su nombre cuando se lo piden para poder denunciar.
Una vez fuera, Fikri y su mujer deciden trasladar formalmente la queja al ayuntamiento de Pineda de Mar, pero este elude responsabilidades y les deriva a la Agència Catalana del Consum.
Las personas con un nombre de origen autóctono reciben un 18,8% más de respuestas a las consultas sobre viviendas de alquiler que las personas con un nombre de origen árabe, según un informe para el Ayuntamiento de Barcelona
Según un informe jurídico de finales de noviembre de 2020, publicado por la Oficina Local d’Habitatge del ayuntamiento de Olot, “el ente competente para sancionar prácticas contrarias a la normativa catalana de vivienda es la Agència de l’Habitatge de Catalunya, a pesar de que a fecha de hoy, la Generalitat insiste en derivar estas vulneraciones de derechos a la Agència Catalana del Consum (ACC) en base a una interpretación errónea […] Estamos ante una discriminación en el acceso a un derecho y no es por lo tanto un conflicto entre oferta y consumidor”.
El abogado penalista Xavier Muñoz explica que “los operarios del sistema de justicia no están acostumbrados y no asesoran bien”, porque en los casos más graves, cuando hay discriminación explícita a la hora de denegar un alquiler, se trata de “un delito que está contemplado en el artículo 512 del Código Penal, que tipifica los delitos de odio”. En concreto ese artículo describe que la pena es la “inhabilitación especial para el ejercicio de profesión”.
Desgraciadamente, hay un gran problema de infradenuncia, según Muñoz, y aunque esta se lleve a cabo, el 512 “es un artículo poco utilizado, al que no están muy acostumbrados los jueces”. Además, probarlo suele ser complicado, porque se necesita una grabación, un anuncio, un mensaje explícito.
La mujer de Fikri es holandesa y esa nacionalidad no pareció marcar la diferencia cuando solicitó ver un piso para el que habían rechazado previamente a su marido
Las múltiples caras de la discriminación
Fikri cuenta que es la primera vez que sufre un racismo tan explícito a la hora de alquilar piso, pero que de manera algo más sutil le ha pasado mucho. Recuerda una vez que se puso en contacto con una agencia y empezaron a hablar por WhatsApp para concretar la visita. Cuando escribió su nombre y apellido le respondieron que el piso ya estaba reservado. “Esperamos unos 15 minutos y llama mi mujer, habla con ella [la agente inmobiliaria] en inglés y le dice que sí que está disponible y que puede ir a verlo”, explica Fikri. Su mujer es holandesa y parece ser que eso marcó la diferencia.
De hecho, está probado con datos. En julio de 2020, la consultoría Broll hizo un estudio para el Ayuntamiento de Barcelona donde concluían que “las personas con un nombre de origen autóctono reciben un 18,8% más de respuestas a las consultas sobre viviendas de alquiler que las personas con un nombre de origen árabe”.
Las formas de discriminación van desde exigir condiciones especiales que se supone que no podrán atender, incrementar el precio con la intención de denegar indirectamente esta opción y no mostrar la vivienda bajo excusa
Pero la discriminación no se reduce a los nombres de origen árabe, ni a Barcelona. Soda Seck es de Senegal, pero vive en Tarragona y a finales de 2020 su hermano Seydou le pidió ayuda porque no había manera de conseguir alquilar un piso. “Normalmente cuando ven que no tienes un buen acento ya directamente te cuelgan el teléfono”, asegura Soda. Ella le ayudó y concertaron visitas en varios pisos. En uno de ellos, cuando llegaron y la mujer vio “que éramos negros, le cambió la cara”, recuerda. Aún así les hizo la visita y al acabar, cuando ellos mostraron interés por quedárselo, “nos pide las últimas tres nóminas, la renta, empadronamiento, contrato fijo de más de dos años y muchísimas cosas”. Como afirma el informe jurídico de la Oficina Local d’Habitatge del Ayuntamiento de Olot, “las formas de discriminación van desde exigir condiciones especiales que se supone que no podrán atender (solvencia y avales especiales, por ejemplo), incrementar el precio con la intención de denegar indirectamente esta opción, no mostrar la vivienda bajo excusa”, entre otras.
En un siguiente intento, Soda y su hermano visitaron otro piso y le enviaron todos los documentos que pedía la agencia, quedando a la espera de una respuesta. Cuando finalmente la obtuvieron, fue explícitamente racista: “Me llama y me dice que el propietario le ha dicho que no quiere alquilar el piso a personas de fuera”. Así que después de varias experiencias similares y meses de desgaste, Seydou optó por compartir piso con un amigo, porque era la única opción viable.
Algo parecido es lo que le habían contado sus amigas a Liseth Quitian. Ella es enfermera y hace doce años la contrataron directamente en su país, Colombia, para venir a trabajar a un hospital catalán. Amigas que conocía y que ya residían en Barcelona le advirtieron de que “no aceptara ningún trabajo que dijera solo quince días de hospedaje, porque luego me iba a quedar en la calle, a ellas les pasó. Al final terminaban teniendo que compartir piso”, dice Liseth.
No fue su caso, pero como Fikri y como Soda y Seydou, también ha sufrido discriminación a la hora de acceder a un alquiler. Se le ha quedado grabada una visita a un piso. La concertó su novio, Xavi, que es catalán, pero fue ella a verlo. Le gustó y le dijo al propietario —que era quien se lo había estado enseñando—, que lo quería. Él contestó que ya había una persona interesada y que no lo iba a seguir enseñando. “Yo ya no sabía ni qué decirle, pensando en para qué me había hecho ir hasta allí”, cuenta Liseth. Pero el desconcierto fue aún mayor cuando al marcharse vio que venía otra persona y que el propietario seguía enseñando el piso a otra gente. “Y eso que tengo un contrato, antigüedad en el trabajo, dos nóminas… Y ahora tengo DNI español, pero ni con esas”, zanja Liseth.
“La mayoría de inmigrantes acabamos en un piso asqueroso que nadie quiere”, se queja Fikri
Stop Racisme Lloguers
Por eso, como se queja Fikri, “la mayoría de inmigrantes acabamos en un piso asqueroso que nadie quiere”. Es algo en lo que coincide Miriam Paredes Espinar, la abogada que firma el informe jurídico de la Oficina Local d’Habitatge del ayuntamiento de Olot. Según ese documento, las vivencias que tienen que sufrir las personas racializadas que buscan un piso, la barrera al acceso que supone la discriminación, muchas veces les condena a vivir en “zonas segregadas limitando su capacidad de desarrollo y residiendo en viviendas degradadas de baja calidad”. Y añade que eso “supone la reproducción del prejuicio y el estigma, que provoca que se perpetúe socialmente”.
Justamente en Olot, en la provincia de Girona, un grupo de jóvenes racializados decidieron hacer algo al respecto. Por eso crearon hace dos años la plataforma Stop Racisme Lloguers. Como cuenta Mariamu Touray, miembro de esta iniciativa, “muchos jóvenes nos hemos dado cuenta de que, por ser negros, por ser marroquíes, por ser de orígenes diferentes que no sean de aquí, no nos alquilan un piso. Muchos somos nacidos aquí, pero al ver que tienes origen de fuera, no te alquilan”.
Las cifras lo demuestran. SOS Racismo en Catalunya publicó en 2019 un estudio en el que aseguran que el “21% de los casos de discriminación en el acceso a los derechos sociales recogidos por el Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) […] responden a vulneraciones del derecho de acceso a la vivienda”. Y añaden que el racismo ha implantado en el imaginario colectivo la idea de que las personas racializadas son de por sí más insolventes a nivel económico, tienen “comportamientos depredadores (en cuanto a la conservación del piso), comportamientos incívicos (en cuanto a ruido y olores)”.
Por eso SOS Racismo urge a las administraciones a que “reconozcan el racismo como la razón principal” que supone una barrera de acceso a la vivienda y pide que desarrollen políticas públicas “que garanticen este derecho en todo el mundo por igual”. Porque la vivienda es un derecho, no un lujo.
2. Agencias contra la ley
Racismo en el mercado del alquiler: 7 de cada 10 inmobiliarias rechazan a los migrantes
Provivienda ha realizado un total de 1.836 llamadas, respondiendo a anuncios de alquiler reales a agencias de Barcelona, Madrid, Alicante y Granada“Tengo muchos propietarios que me dicen que no quieren extranjeros, en este caso no les enseñamos la vivienda” o “según su nombre o su acento descartamos” respondenEl rechazo aumenta para las familias extranjeras con hijos, especialmente las monomarentales
La gran mayoría de las inmobiliarias discriminan a las personas que buscan vivienda de alquiler en España si son migrantes. Siete de cada diez de las contactadas por la ONG Provivienda rechaza de forma explícita alquilar a estas personas, mientras una amplia mayoría de las inmobiliarias restantes acepta otras formas más sutiles de discriminación. El rechazo aumenta para las familias extranjeras con hijos, especialmente las monomarentales.
“Apenas hemos encontrado inmobiliarias que descarten la discriminación”, ha indicado Elena Martínez, responsable del Área de Investigación de Provivienda en la presentación del estudio ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler? El objetivo de este trabajo, según ha explicado el director general de Provivienda, Eduardo Gutiérrez, es “visibilizar la discriminación que sufren las personas extranjeras cuando buscan una vivienda, así como sugerir alternativas desde las políticas públicas”.
La ONG ha realizado un total de 1.836 llamadas, respondiendo a anuncios de alquiler reales, a través de la metodología del ‘testing inmobiliario’, a agencias de Barcelona, Madrid, Alicante y Granada. Se han realizado dos tipos de llamadas telefónicas. En el primero, una persona autóctona y una extranjera han preguntado por viviendas. En el segundo, una persona que se presentaba como propietaria de una casa, contactaba a las agencias inmobiliarias pidiendo explícitamente no alquilar a una persona inmigrante.
Entre las respuestas que le daban las inmobiliarias a este ‘falso’ propietario están las siguientes: “No te preocupes, nosotros tampoco queremos extranjeros”, “En el anuncio no podemos ponerlo, pero en las visitas vemos quién viene y cribamos”, “Tengo muchos propietarios que me dicen que no quieren extranjeros, en este caso no les enseñamos la vivienda” o “Según su nombre o su acento descartamos”.
El porcentaje de discriminación directa absoluta o el rechazo total de alquilar vivienda a la población migrante se sitúa en el 72,5% de los casos. El otro 27,5% de los agentes comerciales que no aceptan realizar este tipo de discriminación absoluta, sí practican una discriminación relativa. Por ejemplo, permiten anunciar el piso más caro, pedir permiso de residencia, aumentar condiciones de fianza, pedir excesiva información económica u ofrecer viviendas en peores condiciones (con humedades) o permitir el alquiler a estas personas a cambio de que arreglen ellos mismos averías o desperfectos.
Aquí van algunos ejemplos de discriminación sutil en el acceso a vivienda: mientras a los españoles se les pide contrato indefinido para alquiler en el 34,8% de los casos, a los extranjeros se les pide un 62,2% de las veces. A los españoles se les piden avales en un 19,9% de los casos, mientras a los extranjeros se les piden en un 32,3%. También se ofrece más vivienda sin ascensor a extranjeros (38,5%) que a españoles (21,2%), mientras que se ofrece más vivienda grande a españoles (50,4%) que a extranjeros (39,8%) para el mismo nivel de ingresos y número de personas de la familia.
Doble discriminación de los hogares extranjeros y con hijos
Las inmobiliarias, refleja también este estudio de Provivienda, prefieren a inquilinos sin hijos. En el caso de que los tengan, prefieren familias con dos progenitores. Eso provoca que las familias monomarentales sean las que “experimentan una mayor discriminación directa”. Esta es una “doble discriminación” si son migrantes.
Además, tomando como referencia una unidad de convivencia formada por dos personas adultas y dos menores dependientes, a la población migrante extracomunitaria se le niega también en mayor medida la disponibilidad de pisos en el primer contacto (36% frente al 29,2% en el caso de nacionales).
La exclusión no acaba al encontrar la vivienda
Las conclusiones del estudio van más allá del acceso a la vivienda, ya que la discriminación no acaba una vez que las personas migrantes encuentran un hogar. Una vez que alcanzan la vivienda España aparecen nuevos problemas como “discriminación en forma de conflictos vecinales, hostilidad en las relaciones con las personas propietarias y en un déficit en las características de habitabilidad de las viviendas”. En este sentido, el estudio detecta la función fundamental que hacen las redes de apoyo informales, pero también de las de carácter formal, como las propias instituciones.
Exigen una ley integral contra la discriminación
La ONG ha detectado un índice menor de rechazo a los inquilinos migrantes de Barcelona, donde la discriminación absoluta de las inmobiliarias asciende a un 58%, frente al 76% y el 78% del resto de territorios. Como posible explicación está la diferencia de que el Ayuntamiento de Barcelona abrió hace unos meses un expediente sancionador a una inmobiliaria por una conducta discriminatoria por un anuncio que solo aceptaba españoles. Es la única vez que en España se ha abierto un expediente de este tipo por motivos de discriminación.
Provivienda defiende como “urgente” impulsar una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que contemple de forma clara el ámbito de la vivienda. La entidad recomienda la puesta en marcha de medidas no punitivas como servicios de información y asesoramiento especializados, así como el impulso de servicios de mediación en alquiler, la formación a agentes clave o el reconocimiento a las buenas prácticas inmobiliarias. En el plano más restrictivo, recomienda la aplicación del derecho administrativo sancionador e incluso penal para las situaciones más graves.
