PSC, Junts, ERC y Comuns: la hipocresía política que sacrifica a los autónomos y conductores de VTC
BOUBEKRI MOHAMMED YASSER
En Cataluña se debate una Proposición de Ley sobre el transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas que amenaza con expulsar del mercado a miles de conductores de VTC, tanto asalariados como autónomos. Detrás de esta norma se encuentran Junts, PSC, ERC y Comuns, partidos que presumen de defender el empleo y la justicia social, pero que, en la práctica, están condenando a más de 6.500 familias al desempleo.
Partit dels Socialistes de Catalunya, que presume de defender el empleo y a los trabajadores en toda España, en Cataluña actúa justo en sentido contrario: avala leyes que arrasan con oportunidades consolidadas y dejan a miles de familias sin medios para vivir.
Junts per Catalunya, que presume de defender a los autónomos españoles y catalanes, está a punto de expulsar del mercado a más de 1.500 pequeños empresarios del sector VTC en Cataluña. Su supuesta defensa de los autónomos se revela como un fraude: en lugar de proteger a la mayoría, priorizan intereses corporativos y políticos, condenando a miles de familias trabajadoras a la precariedad y al cierre.
Esquerra Republicana de Catalunya, que se autoproclama progresista y defensora de los trabajadores, se alinea con esta Proposición de Ley excluyente y destructiva. Con su apoyo, miles de familias de conductores de VTC quedan condenadas al desempleo y la precariedad, demostrando que su discurso social es pura fachada y que, en la práctica, priorizan intereses políticos sobre la vida de los trabajadores.
El Grup Parlamentari Comuns, que se presenta como progresista y defensor de los derechos laborales, también ha mostrado una actitud ambivalente frente a la regulación de las VTC. Aunque en teoría promueven la igualdad de oportunidades y la protección del empleo, su falta de posicionamiento firme y concesiones tácticas los hacen cómplices de un proceso que, de facto, perjudica a miles de conductores. Su retórica social se diluye frente a la inacción y evidencia que su defensa del trabajador puede convertirse en mero oportunismo político.
Falta de diálogo con los VTC
Una de las mayores críticas de los conductores de VTC es que esta Proposición de Ley se ha preparado sin consultar al sector, mientras sí se ha mantenido diálogo con el taxi. Los VTC exigen un diálogo serio y directo con los legisladores, que incluya su experiencia y necesidades antes de aprobar cualquier normativa que afecte su trabajo y su sustento. Ignorar a miles de familias trabajadoras y diseñar la ley únicamente con la voz de un sector es un grave error político y social.
Los conductores de VTC no buscan privilegios, sino igualdad de oportunidades, respeto y un marco legal justo. En lugar de impulsar una regulación moderna y equilibrada, Junts, PSC, ERC y la tibieza de Comuns optan por la exclusión, eliminando empleo, precarizando la movilidad y demostrando que sus promesas de progreso son palabras vacías.
Cataluña necesita leyes que integren, no que destruyan. Los conductores de VTC merecen reconocimiento, respeto y un futuro laboral digno, no discursos hipócritas ni cálculos políticos que los sacrifican en nombre de intereses partidistas.
