Unos 15.000 ‘menas’ y extutelados podrán acceder a la residencia y permiso de trabajo tras la reforma aprobada
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El Gobierno sostiene que no se dará un ‘efecto llamada’ al facilitar los papeles
Los menores extranjeros no acompañados, los llamados menas, podrán trabajar al cumplir los 16 años, igual que un español o un menor que haya llegado con su familia. Es uno de los cambios de mayor calado que introduce la reforma del Reglamento de Extranjería, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, después de meses de tira y afloja. Afecta a 8.000 menas y a otros 7.000 jóvenes de entre 18 y 23 años, que están en situación irregular.
El Gobierno sostiene que no se producirá un ‘efecto llamada’ al flexibilizar todos los trámites para obtener papeles, aunque de puertas para adentro esa opinión no es compartida por otras fuentes gubernamentales, con la vista puesta en la crisis de mayo, cuando más de un millar de menores lograron colarse en Ceuta. La situación de ese millar de menas aún tiene un difícil recorrido judicial y también podrán beneficiarse de los cambios.
La reforma capitaneada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es «limitada» (tres artículos) pero «con efectos prácticos muy notables», según fuentes del ministerio. Esos efectos prácticos se vertebran en torno a tres ejes, con la vista puesta en la integración.
De nueve meses a tres
Para los que aún son menores se simplifica el proceso para documentarlos. Se reduce de nueve meses a tres el plazo para acreditarque no se les puede retornar. Pasados esos tres meses, las oficinas de extranjería les darán papeles de oficio, que los pierden si se consigue repatriarlos. Con esas autorizaciones para vivir en España podrán trabajar, como se ha dicho, a los 16 años. Y el permiso inicial de residencia será de dos años en lugar de uno como hasta ahora. La segunda renovación durará tres años. Con un informe de la comunidad autónoma de acogida se le identificará si necesidad de un acta notarial ante el consulado, como sucedía hasta ayer.
Andalucía es la comunidad con más menores extranjeros no acompañdos. A 31 de diciembre de 2020 acogía a 2.507 de los 9.030 contabilizados en ese momento. Le seguía Canarias con 1.849 y Cataluña con 1.168. Son las últimas cifras oficiales que existen, pero han variado. Por ejemplo, en ese cómputo Ceuta tenía bajo su responsabilidad a 497 menas, pero solo en mayo entraron en torno a un millar. Y de los iniciales han salido casi 200.
Las comunidades autónomas han tenido una aportación fundamental: once han apoyado la reforma, incluida Madrid.
Cuando los menores cumplan 18 años su autorización seguirá vigente, algo que no ocurría, sin ninguna referencia a la residencia no lucrativa que estableció el Tribunal Supremo en 2019. El ingreso mínimo vital será la referencia económica (469 euros) donde se computarán ingresos de un empleo, del sistema social y otros y se tendrán en cuenta los informes de integración, estudios o formación.
El segundo gran eje es la creación de un régimen propio para aquellos que al cumplir la mayoría de edad carecen de papeles. Se les darán siguiendo el criterio anterior para evitar la «irregularidad sobrevenida» que les impedía acceder a un trabajo.
El tercer cambio, una disposición transitoria, está dirigida a extutelados de 18 a 23 años, en torno a 7.000 personas que están indocumentadas. Podrán acceder a la misma autorización de los que cumplen 18 y no tienen papeles. El objetivo, dice el ministerio, es sacarlos de un «limbo legal» al que los abocó la exigencia de obtener contrato de trabajo de un año y acreditar ingresos de 535 euros mensuales el primer año y 2.200 en la segunda renovación. Como era una quimera, miles han acabado en las calles mendigando o delinquiendo. El Gobierno lo llama «fomentar la inclusión y reducir la vulnerabilidad del colectivo».
La reforma pretende reducir la carga administrativa al simplificar los plazos y adecuarse a la realidad. Está avalada por el Consejo de Estado y ha recibido aportaciones de particulares, ONG y comunidades. El espejo han sido Alemania, Italia y Francia y beneficiará, como se ha dicho, a unos 15.000 jóvenes (hasta 23 años). Los antecedentes penales sí se tendrán en cuenta en el caso de la mayoría de edad.
