El comité quiere que “dejen de pedir a los políticos catalanes que renieguen de sus opiniones” a cambio del tercer grado

La investigación en el Consejo de Europa sobre cómo España y Turquía utilizan la justicia contra los políticos catalanes y kurdos, respectivamente, prácticamente ya ha concluido. Y el informe que ha elaborado el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo es duro y contundente. Porque alerta que “varios políticos catalanes de alto nivel fueron procesados y finalmente condenados a largas penas de cárcel por sedición y otros delitos, entre más cosas por declaraciones hechas en el ejercicio de sus mandatos políticos, dando apoyo al referéndum inconstitucional sobre la independencia de Cataluña de octubre de 2017 “. Así consta en el informe elaborado por el letón socialista Boris Cilevics, Relator de una misión que ha durado un año y medio.


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Esta comisión parlamentaria pide a las autoridades españolas que reformen los delitos de rebelión y de sedición porque “no puedan interpretarse como si quedara sin efecto la despenalización de la organización de referendos ilegales de 2005, y que no lleven a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas “. Y añade la petición de que “se considere el indulto o la excarcelación” de los presos políticos “condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional y las manifestaciones multitudinarias pacíficas relacionadas”. Y aún más, pide que se deje de perseguir a los exiliados y los numerosos ex altos cargos acusados ​​y pendientes de juicio “relacionados con el referéndum de 2017”.


Finalmente, el informe pide a las autoridades españolas que “dejen de pedir a los políticos catalanes que renieguen de sus opiniones políticas profundamente arraigadas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o de la posibilidad de un indulto”, y les sugiere que lo podrían hacer “exigiendo que se comprometan a perseguir sus objetivos políticos sin recurrir a medios ilegales”.

Hace pocos meses comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, regañó España por la violación de la libertad de expresión y le exigió reformas legales, con una reforma de los delitos de injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo, ofensas religiosas, discurso de odio y difamación.