El Gobierno ultima la entrega de 30 millones para que la policía marroquí corte el paso a los migrantes antes de que lleguen a España
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El Ministerio del Interior cree que Marruecos tiene “dificultad” para desplazar contingentes policiales al sur del país y prevé un incremento “muy alto” del flujo migratorio desde el Sáhara Occidental hacia Canarias Organizaciones no gubernamentales internacionales denuncian la falta de respeto de Marruecos a los derechos humanos, certifican que el país es una autocracia y denuncian la corrupción de su administración El departamento de Fernando Grande-Marlaska quiere autorizar además a Marruecos a usar una parte de ese dinero para pagar los gastos ocasionados por la expulsión y devolución a sus países de origen de “inmigrantes que se encuentren irregularmente en territorio marroquí”
El Consejo de Ministros lleva a su reunión de este martes la entrega de 30 millones de euros al Ministerio del Interior de Marruecos para “colaborar” en la financiación de la policía de este país con el objetivo de cortar el paso a los migrantes antes de que intenten cruzar el Mediterráneo y alcanzar las cosas españolas.
El dinero, que oficialmente se destina a “la financiación de los gastos derivados de las actividades dedicadas a la vigilancia de fronteras y la lucha contra la inmigración irregular”, incluye los “despliegues operativos”, junto con “los gastos de mantenimiento de los materiales empleados por los servicios policiales marroquíes” en el desarrollo de las actuaciones de colaboración con España en la vigilancia de fronteras y en la lucha contra la inmigración irregular que tiene como destino las costas españolas.
La policía marroquí podrá usar el dinero para pagar “gastos derivados del patrullaje y vigilancia terrestre, marítima, costera y de litoral, incluyendo carburantes, aceites y otros aditivos”, gastos relacionados con el “mantenimiento y reparación” de infraestructuras, bienes y material destinado a la vigilancia y control fronterizos y abono de “dietas e incentivos al personal desplegado” y personal comisionado para la vigilancia de fronteras, lucha contra la inmigración irregular y dispositivos de retorno de los inmigrantes.
El departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska quiere autorizar además a Marruecos a usar una parte de ese dinero a pagar los gastos ocasionados por la expulsión y devolución a sus países de origen de “inmigrantes que se encuentren irregularmente en territorio marroquí, incluyendo los gastos de combustible, manutención de inmigrantes irregulares y billetes para los dispositivos de retorno”. Así como para cubrir gastos destinados a la detección de la convid-19 y la protección sanitaria frente al virus del personal desplegado y comisionado en la vigilancia de fronteras y en la lucha contra la inmigración irregular y de los inmigrantes que se encuentren irregularmente en territorio marroquí.
El Gobierno se prepara para entregar estos 30 millones de euros a la policía marroquí a pesar de los informes de organizaciones independientes que cuestionan su respeto a los derechos humanos y que denuncian la corrupción de su administración. El último informe publicado por Amnistía Internacional sobre Marruecos sostiene, en el apartado relativo a los migrantes, que “las autoridades continuaron deteniendo, recluyendo y expulsando a migrantes durante todo el año. Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), unas 100 personas migrantes estuvieron detenidas durante más de una semana en Nador en mayo sin acceso a un abogado, lo que violaba la Ley 02-03 de 2003 relativa a la entrada y estancia de extranjeros, que estipulaba que, después de 24 horas de detención, las personas migrantes en situación irregular debían ser puestas bajo control judicial y tener acceso a asistencia letrada”.
Marruecos es un país que sigue penalizando las relaciones homosexuales mantenidas de mutuo acuerdo que somete a su población reclusa a “duras condiciones, algunas de las cuales, como la reclusión prolongada en régimen de aislamiento, violaban la prohibición de la tortura y otros malos tratos”, siempre según Amnistía Internacional.
Según The Economist, el vecino país está a la cola en el índice mundial de democracia (puesto 100º). La Universidad de Gotemburgo (Suecia) lo sitúan en el grupo de las peores autocracias del planeta.
En 2019 el reino marroquí ocupaba el puesto 87º en el índice de percepción de la corrupción que publica anualmente Transparencia Internacional —entre los registros más bajos del mundo— . A pesar de lo cual el Gobierno español confía en que la Embajada de España en Rabat pueda verificar “el adecuado destino de los recursos, su adecuación a los objetivos y finalidades y el grado de eficacia alcanzado”.
Control del gasto
Antes de fin de año, la consejería de Interior de la sede diplomática deberá emitir un informe describiendo las actividades realizadas con cargo a estos 30 millones y remitir “facturas de gastos”.
El Ministerio del Interior declinó este lunes facilitar a este diario más detalles sobre la decisión de entregar este dinero a la policía marroquí a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe la concesión del dinero. No obstante, fuentes consultadas por infoLibre sostienen que la decisión se apoya en la voluntad de “articular los mecanismos necesarios que sirvan para fortalecer las capacidades materiales e institucionales de nuestro socio marroquí” para frenar el intento de los migrantes de alcanzar España.
Los análisis de inteligencia del Gobierno consideran que en el Sáhara Occidental el riesgo de continuidad de los flujos migratorios “es muy alto en corto y medio plazo”. Según Interior, a la presión migratoria que está experimentado el Reino de Marruecos en las regiones del sur, “debe sumarse la dificultad por parte de las autoridades marroquíes de desplazar contingentes policiales para la lucha contra la inmigración irregular en zonas remotas y despobladas en un contexto donde se requiere de gran presencia policial en los núcleos urbanos para supervisar el efectivo cumplimiento de los confinamientos, controles sanitarios y otras manifestaciones sociales derivadas” de la pandemia.
La concesión de estos 30 millones para financiar las actividades de la policía marroquí da continuidad a la colaboración que ambos países mantienen en materia de migraciones desde hace años y que hasta 2017 se centró en el intercambio de información y la coordinación operativa. Fue en 2018 cuando Interior concedió por primera vez ayuda material para reforzar las patrullas que tratan de impedir a los migrantes culminar su ruta hacia Europa. En aquella ocasión entregó 75 vehículos todoterreno a las autoridades marroquíes, financiada con cargo al capítulo 7 del presupuesto de gastos de la Secretaría de Estado de Seguridad.
El Gobierno ya autorizó en 2019 una ayuda por 32.369.000 euros a Marruecos destinada a sufragar los gastos incurridos en los despliegues operativos, junto con los gastos de mantenimiento de los materiales empleados por los servicios policiales marroquíes en el desarrollo de las actuaciones de colaboración con España en la vigilancia de fronteras y en la lucha contra la inmigración irregular que tiene como destino las costas españolas.
El departamento que dirige Grande-Marlaska considera “de vital interés para los intereses españoles contribuir a la financiación de los costes de los despliegues operativos marroquíes y al mantenimiento de los medios materiales”.
