El Gobierno de Pedro Sánchez impulsa la mayor regularización extraordinaria de migrantes en la historia reciente de España

BOUBEKRI MOHAMMED YASSER

El Ejecutivo activará en 2026 un proceso excepcional para conceder residencia y permiso de trabajo a cientos de miles de personas que ya viven en el país, con el objetivo de garantizar derechos, seguridad jurídica y reforzar la integración social y económica.

El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha anunciado la puesta en marcha de un proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en 2026, una de las mayores iniciativas de este tipo en la historia reciente del país. La medida busca dar respuesta a una realidad social consolidada: cientos de miles de personas residen y trabajan en España sin una situación administrativa plenamente regularizada.

Según la documentación oficial, el objetivo principal es garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a quienes ya forman parte activa de la sociedad española, contribuyendo diariamente al funcionamiento de sectores clave de la economía.

La iniciativa responde a una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y apoyada en el Congreso por una amplísima mayoría parlamentaria. El Ejecutivo subraya que esta regularización reconoce y dignifica a personas que ya viven en el país, y que supone una respuesta necesaria ante una situación que se ha prolongado durante años.

Para agilizar los plazos, el Gobierno ha optado por articular la medida mediante un Real Decreto, considerado el instrumento más rápido y eficaz para ofrecer una respuesta inmediata, sin sustituir el debate parlamentario y dentro del marco constitucional y europeo.

El proceso establece condiciones precisas para poder acogerse a la regularización:
• Haber residido en España de forma continuada al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.
• En el caso de solicitantes de protección internacional, acreditar que la solicitud fue presentada antes de esa fecha.
• No tener antecedentes penales.

Las solicitudes podrán presentarse a partir de principios de abril de 2026 y el plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.

La regularización extraordinaria es plenamente compatible con la reforma del Reglamento de Extranjería de 2025, que modernizó el sistema tras más de una década sin cambios. Mientras el nuevo reglamento establece un marco estructural y permanente de inclusión, esta medida excepcional permitirá “poner el contador a cero” y evitar que se sigan reproduciendo situaciones de exclusión administrativa.

La autorización concedida será clara, segura y válida en todo el territorio nacional.

Uno de los aspectos clave de la medida es que la autorización de residencia:
• Habilita automáticamente para trabajar en cualquier sector y en todo el territorio español.
• Tendrá una vigencia inicial de un año, tras la cual las personas regularizadas deberán incorporarse a las vías ordinarias previstas en la normativa de extranjería.

Las cifras oficiales reflejan el papel fundamental de la población migrante en España:
• En 2025, el país cerró con más de 3,1 millones de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, un máximo histórico.
• Representan ya el 14,1 % del total de cotizantes.
• El 75 % de las nuevas altas en el trabajo autónomo en 2025 corresponde a personas de origen extranjero.

Sectores como los cuidados, la agricultura, la hostelería y numerosos servicios dependen en gran medida de esta mano de obra, que sostiene una parte esencial del tejido productivo.

El Gobierno descarta que la medida genere un aumento de la inmigración irregular. La regularización cuenta con una fecha de corte clara y un plazo cerrado, y se enmarca en un sistema que refuerza las vías legales, seguras y ordenadas.

Actualmente, alrededor del 95 % de las personas migrantes llegan por vías regulares, y las entradas irregulares por la costa se redujeron en más de un 40 % en 2025. La experiencia demuestra que la irregularidad es el verdadero negocio de las mafias, y que regularizar es la forma más eficaz de combatirla. La regularización de 2005, por ejemplo, mejoró la integración laboral, aumentó la recaudación fiscal y redujo la economía sumergida, sin generar un efecto llamada.

España ha llevado a cabo varios procesos de regularización extraordinaria en las últimas décadas: bajo el Gobierno de Felipe González se regularizaron en conjunto 173.711 personas (38.294 en 1986 y 114.423 en 1991–1992, además de 21.294 en 1996); durante los mandatos de José María Aznar se regularizaron 503.327 personas (264.153 en 2000 y 239.174 en 2001); con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se concedieron 576.506 regularizaciones en 2005; y ahora, en 2026, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, se prevé una regularización de alrededor de 500.000 personas. (estimación oficial)

Además, varios países europeos han aplicado medidas de regularización en las últimas décadas como parte de sus políticas migratorias.

La regularización extraordinaria de 2026 supondrá:
• El reconocimiento legal de una realidad social existente.
• El acceso pleno a derechos y deberes: trabajo, cotización, sanidad y educación.
• Una reducción significativa de la precariedad y la explotación.
• Un avance decisivo hacia una migración ordenada, legal, segura y socialmente justa.

Con esta medida, el Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para afrontar uno de los procesos de integración más importantes de los últimos años, con el objetivo declarado de dar estabilidad, seguridad jurídica y plena inclusión a cientos de miles de personas que ya forman parte activa de la sociedad española.