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BOUBEKRI MOHAMMED YASSER
La decisión de la Corte Internacional de Justicia ha vuelto a poner ante el mundo la tragedia de los musulmanes rohinyás. Detrás del proceso hay familias desplazadas, niños que crecieron lejos de sus hogares y supervivientes que llevan años esperando que se reconozca lo que vivieron.
La causa no se limita a los hechos de 2017. En los documentos del proceso ante la Corte se sitúa el inicio de las operaciones militares contra los rohinyás en octubre de 2016, seguidas por una ofensiva de mayor escala en agosto de 2017. En su orden de medidas provisionales de 2020, la Corte también citó informes de la misión de investigación de la ONU sobre abusos contra esta población desde octubre de 2016. Esa orden era preventiva y no constituía todavía una decisión definitiva sobre la responsabilidad de Myanmar.
Al leer el fallo hoy, la Corte señaló que las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de civiles rohinyás, cometieron actos generalizados de violencia sexual y perpetraron actos de extrema violencia contra niños. Associated Press informó de que la cifra de muertos mencionada ronda los diez mil durante las operaciones militares de 2017.
La ofensiva de 2017 obligó a más de setecientas treinta mil personas a huir a Bangladesh. Hoy, alrededor de un millón doscientos mil rohinyás viven en los campos de refugiados de Cox’s Bazar, según Reuters. Cada cifra representa una historia: familias separadas, hogares destruidos y personas que tuvieron que abandonar su tierra para salvar la vida.
El proceso también ha abordado las restricciones impuestas a esta comunidad, incluidas las relacionadas con el matrimonio y la posibilidad de tener hijos. En 2020, la Corte ordenó a Myanmar adoptar medidas para prevenir actos de genocidio, entre ellas las destinadas a impedir medidas para evitar nacimientos dentro del grupo.
La importancia del fallo va más allá de dejar constancia de los hechos: plantea la responsabilidad de Myanmar ante el derecho internacional y la Convención contra el Genocidio. La Corte resuelve litigios entre Estados, no juzga penalmente a personas concretas. Y aunque sus decisiones son vinculantes, hacerlas efectivas depende también de la voluntad de los Estados y de la presión internacional.
Para los musulmanes rohinyás, que sus testimonios hayan llegado a la máxima instancia judicial de Naciones Unidas tiene un profundo valor humano. Pero el reconocimiento no basta por sí solo. La justicia también exige proteger a quienes siguen en Myanmar, garantizar sus derechos y su dignidad, y permitir que las personas refugiadas puedan regresar de forma segura y voluntaria.
La pregunta ahora es si la decisión se traducirá en protección y derechos reales, o si miles de rohinyás seguirán atrapados en el exilio y la incertidumbre.
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