Europa reabre el debate del taxi y el VTC en Cataluña: ¿se acaba la era de las leyes a medida?

BOUBEKRI MOHAMMED YASSER

El debate sobre el sector del VTC en Cataluña ha dejado de ser una simple controversia local o corporativa para convertirse en un asunto de dimensión europea. La Comisión Europea ha entrado oficialmente en escena tras la presentación de la petición nº 0498/2025 ante el Parlamento Europeo, poniendo bajo revisión el modelo regulatorio catalán.

La petición, registrada el 18 de julio de 2025, cuestiona el marco normativo vigente en Cataluña por considerar que impone restricciones muy severas al acceso al mercado y al desarrollo de la actividad VTC. En su respuesta, fechada el 11 de noviembre de 2025, la Comisión Europea confirma un hecho políticamente relevante: el modelo catalán no está blindado y se encuentra actualmente en evaluación a la luz del Derecho de la Unión Europea.

Es cierto que Bruselas recuerda que la regulación del transporte urbano bajo demanda, tanto del taxi como del VTC, corresponde a los Estados miembros. Pero añade un matiz esencial que no puede ignorarse: cualquier regulación debe respetar los principios fundamentales del derecho europeo, en particular los de proporcionalidad, no discriminación y libertad de establecimiento.

La Comisión, además, vuelve a poner en primer plano la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de junio de 2023, que dejó claro que limitaciones cuantitativas como la conocida ratio de un VTC por cada treinta taxis no pueden considerarse válidas de forma automática. Solo podrían mantenerse si la administración demuestra, con datos y argumentos sólidos, que se trata de una medida necesaria, proporcionada y que no existe una alternativa menos restrictiva.

Aquí está el verdadero núcleo del problema. El modelo regulatorio catalán se ha construido sobre un cierre casi total del mercado y una asfixia progresiva del sector VTC, una opción política que hoy ya no queda al margen del control europeo.

Por primera vez en años, este debate no se limita al ámbito catalán o español. Ha pasado a ser objeto de examen por parte de las instituciones europeas, lo que supone un cambio de escenario de enorme importancia. Ya no se trata solo de una discusión interna, sino de una cuestión de compatibilidad con los principios básicos del mercado interior europeo.

Presentar la respuesta de la Comisión Europea como un aval pleno al sistema actual es, como mínimo, una lectura interesada e incompleta del documento. Bruselas no valida el modelo vigente; lo que hace es algo muy distinto: lo somete a revisión.

Para las miles de conductoras y conductores que trabajan en el sector VTC, este paso no implica cambios inmediatos en las normas, pero sí marca un punto de inflexión. Las restricciones dejan de ser un dogma intocable y pasan a estar bajo el foco del control jurídico europeo. El eje del debate empieza a desplazarse desde el “prohibir y cerrar” hacia el “justificar y demostrar”.

La cuestión de fondo ya no es un pulso entre dos sectores. La verdadera pregunta es otra:

¿Puede sostenerse en la Europa actual un modelo regulatorio basado en el cierre del mercado y en la exclusión de una actividad económica sin una justificación rigurosa y proporcionada?

La pelota está ahora en el tejado de las administraciones. O apuestan por una adaptación razonable a los estándares europeos y una revisión serena del marco normativo, o se exponen, más pronto que tarde, a que esa adaptación llegue impuesta desde Bruselas.