Sánchez mueve ficha contra la crisis de la vivienda: límites al alquiler y un gran plan de vivienda pública
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BOUBEKRI MOHAMMED YASSER
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes una nueva y ambiciosa batería de medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas sociales y económicos del país, marcado por la escalada de los precios del alquiler y la falta de oferta suficiente en las grandes ciudades.
El anuncio se produjo durante la presentación del proyecto urbanístico de Campamento, en Madrid, donde el Ejecutivo prevé construir 10.700 viviendas públicas a precios asequibles en terrenos del antiguo cuartel militar, una de las mayores operaciones de vivienda pública impulsadas en las últimas décadas.
España arrastra desde hace años un problema creciente de acceso a la vivienda. Los precios del alquiler han subido con mucha más rapidez que los salarios, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga. A ello se suma un déficit de construcción de nuevas viviendas: según datos citados por el propio Gobierno, se edifican alrededor de 120.000 viviendas al año, una cifra claramente insuficiente para cubrir la demanda real.
Otro de los factores que ha tensionado el mercado es el auge del alquiler turístico y de temporada, que ha retirado miles de pisos del mercado residencial tradicional, reduciendo la oferta para quienes buscan vivir de forma estable en las ciudades.
El Gobierno prepara ahora un paquete legislativo que se aprobará en las próximas semanas y que gira en torno a tres grandes ejes: más regulación, más incentivos y más vivienda pública.
- Más control sobre los alquileres
Entre las medidas anunciadas destaca:
• Limitación del precio del alquiler por habitaciones: la suma de los alquileres de las habitaciones de una vivienda no podrá superar el precio máximo que correspondería al piso completo, una práctica cada vez más extendida en las grandes ciudades.
• Endurecimiento de las normas sobre alquileres de temporada y contratos intermedios, para evitar que se utilicen como atajo para esquivar la regulación del alquiler habitual.
El objetivo, según el Ejecutivo, es cerrar las vías de escape legales que están contribuyendo a encarecer artificialmente el mercado.
- Incentivos fiscales para los propietarios
El plan no se basa solo en restricciones. Sánchez anunció también un potente incentivo fiscal:
• Los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio del alquiler podrán beneficiarse de una exención del 100% en el IRPF sobre esos ingresos.
El Gobierno quiere así convencer a los pequeños y medianos propietarios de que mantener precios estables puede ser también rentable, al tiempo que se protege a los inquilinos.
- Apuesta por la vivienda pública
El tercer pilar es el refuerzo del parque público de vivienda. El proyecto de Campamento en Madrid es solo una pieza de una estrategia más amplia para aumentar de forma estructural la oferta de vivienda asequible, algo en lo que España sigue muy por detrás de otros países europeos.
El Ejecutivo defiende que sin un parque público potente, cualquier política de control de precios tendrá efectos limitados a medio y largo plazo.
No todas las medidas dependen únicamente del Gobierno central. Parte de la política de vivienda está en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo que obligará a una coordinación compleja en un contexto político muy polarizado. Algunas regiones gobernadas por la oposición ya han mostrado reticencias a aplicar límites de precios.
Aun así, el Ejecutivo sostiene que la gravedad de la situación exige decisiones contundentes y un cambio de rumbo en la política de vivienda del país.
Los expertos coinciden en que el paquete puede:
• Frenar la escalada de precios en las zonas más tensionadas.
• Devolver parte de la vivienda al mercado residencial desde el alquiler turístico o de temporada.
• Mejorar el acceso a la vivienda a medio plazo si se cumple el plan de construcción pública.
Sin embargo, también advierten de que la crisis de la vivienda es profunda y estructural, y que los resultados no serán inmediatos.
Con este anuncio, Sánchez busca lanzar un mensaje nítido: la vivienda pasa a ser una prioridad política de primer nivel. En un país donde cada vez más jóvenes y familias destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler, el debate ya no es solo económico, sino también social y generacional.
La gran incógnita ahora es si este plan marcará un verdadero punto de inflexión o si llegará demasiado tarde para una parte de la población ya expulsada de las grandes ciudades.
