Mohamed El Ghaidouni
En España, el debate sobre el islam y la presencia musulmana en la vida pública podría ser una oportunidad para reforzar nuestra democracia, fomentar la cohesión social y poner en práctica el pluralismo que define a la Unión Europea. Sin embargo, este debate está siendo condicionado por el papel creciente de la extrema derecha, que ha convertido la islamofobia en una herramienta política, instrumentalizando el miedo para restringir derechos fundamentales.
La base constitucional y legal: un marco de garantías
El artículo 14 de la Constitución Española establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Por su parte, el artículo 16 añade que “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades”, y que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, obligando a los poderes públicos a mantener una neutralidad activa que garantice el ejercicio de esta libertad.
La Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa refuerza este marco, estableciendo en su artículo 2.1 que “la libertad religiosa y de culto de los individuos y las comunidades comprende el derecho a profesar las creencias religiosas que libremente elijan, a practicar los actos de culto y a recibir asistencia religiosa”, así como “a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos y a poseer y usar los bienes necesarios para tales fines”.
Estas garantías legales no son meras declaraciones; son obligaciones para los poderes públicos. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo ciertas administraciones, influidas por partidos de extrema derecha, han adoptado medidas que las vulneran abiertamente.
Medidas discriminatorias recientes
La lista de actuaciones políticas contrarias al espíritu y la letra de nuestra legislación es amplia y preocupante:
- Jumilla (Murcia): PP y Vox aprobaron una prohibición del uso de instalaciones municipales para celebrar las dos festividades musulmanas más importantes, alegando la “defensa de los valores e identidad cultural” del municipio. Esta medida vulnera directamente los artículos 14 y 16 de la Constitución y contradice el Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España (Ley 26/1992), que garantiza la práctica pública de estas festividades.
- Ripoll (Cataluña): la alcaldesa y presidenta del partido ultra Alianza Catalana prohibió la entrada de mujeres con vestimenta musulmana (El Burkini) a la piscina municipal. Esto no solo es discriminación directa por motivos religiosos, sino que también vulnera el artículo 2.1.c de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que reconoce el derecho a “no ser obligado a declarar sobre su religión” y a no sufrir discriminación por su práctica.
- Restricciones urbanísticas a lugares de culto: varios municipios catalanes han aprobado ordenanzas para relegar mezquitas a polígonos industriales, dificultando así su accesibilidad y visibilidad. Esta práctica contradice el derecho reconocido en el artículo 2.1.d de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa a “establecer lugares de culto” sin discriminación respecto a otras confesiones.
- Discriminación laboral hacia mujeres con velo: en múltiples casos documentados por el Defensor del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, mujeres musulmanas han visto vetado su acceso a trabajos cualificados por portar el hiyab. Esto vulnera no solo la Constitución y la Ley de Libertad Religiosa, sino también la Directiva 2000/78/CE de la Unión Europea, que prohíbe la discriminación laboral por motivos de religión o convicciones.
El patrón de la extrema derecha: politizar y restringir
Estas medidas no son incidentes aislados: responden a una estrategia política coherente. La extrema derecha busca convertir la religión musulmana en un símbolo de confrontación, utilizando un discurso que mezcla hechos puntuales con generalizaciones para justificar políticas restrictivas.
En lugar de fomentar un debate equilibrado sobre cuestiones reales —como la transparencia de las representaciones institucionales o la mejora de la integración—, se promueven leyes y ordenanzas que, en la práctica, penalizan la identidad musulmana en espacios públicos, laborales y culturales.
Este patrón recuerda a otros episodios europeos. En Francia, por ejemplo, la “ley contra el separatismo” ha sido criticada por el Consejo de Europa por discriminar de facto a comunidades musulmanas. En Suiza, el referéndum que prohibió los minaretes en 2009 es hoy citado como un ejemplo de cómo las mayorías pueden imponer restricciones simbólicas y materiales a minorías religiosas sin una justificación proporcional.
Lo que significa un debate democrático auténtico
Hablar del islam en España es legítimo, pero para que el debate sea democrático debe:
- Respetar el marco legal vigente: Constitución, Ley Orgánica de Libertad Religiosa, Acuerdos de Cooperación y directivas europeas.
- Diferenciar entre creencias y conductas: criticar acciones ilegales o antidemocráticas es legítimo; estigmatizar una religión entera, no.
- Garantizar la participación de voces diversas: la comunidad musulmana en España es plural en orígenes, ideologías y formas de vivir la fe.
Pluralismo como fortaleza
España tiene la oportunidad de aprender de los errores de otros países. Las políticas de exclusión, como las de Ripoll o Jumilla, no solo violan derechos fundamentales, sino que generan resentimiento y polarización. En cambio, políticas basadas en el diálogo intercultural, la igualdad de oportunidades y la defensa activa de la libertad religiosa pueden convertir la diversidad en un motor de cohesión social.
Conclusión: proteger a las minorías es proteger la democracia
La extrema derecha está influyendo negativamente en el debate sobre el islam en España, usando su poder político para restringir derechos y redefinir la libertad religiosa en términos excluyentes.
Defender la Constitución significa defender el derecho de todos —mayorías y minorías— a vivir conforme a sus convicciones, siempre bajo el marco legal. Y eso implica rechazar cualquier intento de usar el miedo como herramienta de gobierno.
En palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “la libertad religiosa es uno de los fundamentos de una sociedad democrática”. Negarla, limitarla o condicionar su ejercicio es socavar la esencia misma de la democracia.