La polémica decisión de Madrid: Un retroceso en la integración y la cooperación educativa con Marruecos
BOUBEKRI MOHAMMED YASSER
La reciente decisión de la Comunidad de Madrid de retirarse del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí a partir del próximo curso escolar ha generado un intenso debate sobre integración, soberanía educativa y diplomacia cultural. Esta medida, impulsada por el gobierno regional bajo presiones ideológicas de la ultraderecha, no solo pone fin a tres décadas de cooperación bilateral, sino que ignora los beneficios pedagógicos y sociales de un programa que ha sido modelo de convivencia intercultural.
Desde su implementación en 1994, este programa —fruto de un acuerdo entre España y Marruecos— ha servido como puente para miles de alumnos de origen marroquí, facilitando su conexión con la cultura de sus familias mientras se integraban en el sistema educativo español. En el curso 2024/25, 70 centros madrileños y 1.434 alumnos se beneficiaron de estas clases, impartidas por docentes marroquíes seleccionados y supervisados por las autoridades de ambos países. La crítica de Madrid sobre la «falta de control» contradice la realidad: el programa cuenta con un marco de coordinación avalado por el Ministerio español de Educación y la Embajada de Marruecos, garantizando su alineación con los valores constitucionales españoles.
El argumento esgrimido por el partido xenofobo Vox y ahora adoptado por el gobierno regional dirigido por el PP, de que el árabe «segmenta culturalmente» a los alumnos es falaz. Lejos de promover divisiones, el dominio de la lengua materna refuerza la autoestima de los estudiantes y mejora su capacidad de aprendizaje, como demuestran estudios pedagógicos internacionales. Además, Marruecos ha demostrado su compromiso con la adaptación curricular: los contenidos, lejos de ser dogmáticos, enfatizan el diálogo intercultural y los valores compartidos hispano-marroquíes.
La decisión de Madrid también pasa por alto el contexto geopolítico. Marruecos es un aliado estratégico de España en gestión migratoria, seguridad y energía. Romper un símbolo de cooperación educativa, especialmente en una región con una numerosa comunidad marroquí, envía un mensaje negativo que podría afectar a las relaciones bilaterales. Resulta paradójico que, mientras Cataluña y Andalucía (con más de 120 centros participantes) refuerzan el programa, Madrid elija el aislamiento.
Pero el mayor perjudicado es el alumnado. La eliminación abrupta del programa deja en el vacío a familias que dependían de él para preservar su identidad cultural. En lugar de solucionar supuestas «deficiencias», el gobierno regional ha optado por la vía más simplista: la cancelación sin alternativas. Esta medida refleja una visión miope de la educación, donde la diversidad lingüística no es un lastre, sino un activo en un mundo globalizado.
Marruecos, por su parte, mantiene su disposición al diálogo. Rabat ha reiterado su voluntad de mejorar los mecanismos de supervisión conjunta, pero exige que se preserve el espíritu original del acuerdo: fomentar una integración basada en el respeto mutuo. La pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Educación español, que debe evitar que decisiones unilaterales como la de Madrid fracturen un modelo que ha funcionado durante 30 años.
En definitiva, lo que está en juego no es solo la enseñanza del árabe, sino el tipo de sociedad que España quiere construir. Un país que aspira a liderar en cohesión social no puede permitir que posturas ideológicas erosionen herramientas probadas de inclusión. La educación no debería ser campo de batalla político, sino un espacio de encuentro. Madrid ha perdido esa oportunidad, otras comunidades autónomas aún están a tiempo de no repetir el error.
