La Abogada General válida la actualización del acuerdo de asociación de 2019 en el que se incluyó al Sáhara marroquí

BOUBEKRI MOHAMMED YASSER

La Unión Europea (UE) debe asumir plenamente su responsabilidad de preservar y proteger la asociación con Marruecos frente a provocaciones y maniobras políticas, afirmó el jueves el portavoz del Gobierno marroquí, Mustapha Baitas, comentándo las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Croata Tamara Cápeta, sobre el acuerdo agrícola y el acuerdo de pesca marítima entre Marruecos y la UE.

Se trata en esta etapa de un paso del procedimiento, dado que la Corte está llamada a emitir su Sentencia definitiva durante el segundo semestre de 2024.

Las conclusiones de la Abogada General no son sentencia ni orden judicial. Se trata de un análisis propuesto a la Corte, con miras a las deliberaciones de los jueces posteriormente.

Sin embargo, las conclusiones del Tamara Cápeta son suficientes para molestar al polisario y a quienes lo respaldan, en varios aspectos. Así, recomienda anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y mantener la validez del acuerdo agrícola entre Marruecos y la UE. Por tanto, se confirma la legalidad y vigencia del Acuerdo Agrícola.

El Acuerdo debe mantenerse en sus términos actuales. El Abogado General confirma su aplicabilidad a los productos procedentes del Sáhara marroquí.

En lo que respecta al Acuerdo de pesca, las conclusiones del Consejo General se corresponden con la voluntad de Marruecos de revisar las bases de la asociación en este ámbito, con el fin de convertirla en una asociación cualitativa de nueva generación.

Parece que el objetivo común de Marruecos y la UE será avanzar hacia un marco contractual moderno en el que todos ganen, preocupado por el desarrollo socioeconómico, el desarrollo sostenible y la preservación de los recursos pesqueros.

Además, el Fiscal General rechaza las afirmaciones sobre una supuesta  representatividad de los separatistas,  concluyó que “el Polisario no es reconocido como “El” representante del pueblo del Sáhara Occidental ni por las Naciones Unidas ni por la Unión Europea” (párr. 81).

Señala también que el “Polisario nunca ha sido elegido” por la población y “es imposible determinar con certeza si el Polisario goza del apoyo de la mayoría” (párr. 83).

También afirma que al “polisario” “nunca las Naciones Unidas ni la Unión Europea y sus Estados miembros le han concedido el estatus de movimiento de liberación nacional” (p.20).

Concluye que la afirmación del “polisario” de ser “el único representante” del Sahara no es coherente con la posición de la Unión Europea.

Además, el Abogado General confirma que la Unión Europea tiene derecho a celebrar acuerdos con Marruecos que abarquen sus provincias del sur. 

Refiriéndose al Derecho internacional, recuerda que Marruecos es la única autoridad autorizada para celebrar acuerdos con la UE que abarquen las provincias del sur. Por tanto, el “Polisario” no tiene calidad ni capacidad para celebrar acuerdos.

Finalmente, el Abogado General rechazó una petición de una asociación pro-polisario de prohibir las importaciones de productos agrícolas procedentes de las provincias del sur. 

Las conclusiones del Consejo General también subrayan la preeminencia de la Iniciativa Marroquí de Autonomía. Subraya a este respecto que “desde 2018, el apoyo al Plan de Autonomía presentado por el Reino de Marruecos en 2007 parece ir en aumento.

Asimismo, el vocabulario utilizado en las resoluciones del Consejo de Seguridad parece haber evolucionado. Así, desde el año 2018, la redacción de las resoluciones del Consejo de Seguridad subraya la necesidad de lograr una solución política, realista, pragmática, duradera y mutuamente aceptable a la cuestión del Sáhara Occidental, que se base en el compromiso.