David González Sánchez es presidente de Líneas Rojas. www.lineasrojas.es.
Este 15 de enero de 2021 hemos asistido a un hecho sin precedentes. Un gobierno autonómico decide retrasar unas elecciones, pocos días después de disolver las Cámaras, alegando como excusa una causa conocida previamente al decreto de disolución.

No entro a valorar si los motivos sanitarios alegados son o no son graves. Sí me permito señalar que al parecer no son lo suficientemente graves para prohibir las misas de los domingos, las manifestaciones diarias para cortar la meridiana, o las clases presenciales en los colegios. Parece que el Covid19 solo se contagia en presencia de una urna, sobre todo si esa urna ofrece una probabilidad nada despreciable de sacar a los separatistas del Govern de la Generalitat.

Sí que podemos valorar las consecuencias de la postergación de las elecciones una vez disuelto el Parlament. Una postergación “sine die” porque, a pesar de tener una fecha “pactada”, ¿quién nos dice que el 30 de mayo la situación será mejor que ahora? Recuerdo que en mayo de 2020 estábamos en pleno confinamiento.

La primera consecuencia es que Aragonés será “President en funcions” como mínimo hasta el verano. Aragonés lleva en el cargo “en funciones” desde la inhabilitación de Torra y, dado que no reunió los apoyos parlamentarios para ser investido, solo debía estar en funciones hasta una convocatoria automática de las elecciones que, por cierto, también se retrasó más de lo legalmente permitido. Aragonés no ha sido elegido por nadie, ni siquiera por el propio Parlament, y, sin embargo, estará casi un año en un cargo que obviamente utilizará para hacer campaña y darse a conocer, habida cuenta de que no parece ser un candidato muy bien valorado por sus teóricos votantes. En resumen: la primera consecuencia es que ostenta el poder una persona que no ha pasado por una investidura y que además es susceptible de utilizar su cargo durante muchos meses para obtener ventajas electorales.

La segunda consecuencia es que el Parlament no puede hacer sus labores del control al Govern. No puede presentar una moción de censura, no puede controlar los decretos del Govern, no puede controlar las reglamentaciones que apruebe el Govern, no puede plantear recursos, ni tampoco puede plantear iniciativas legislativas. En definitiva, no puede hacer oposición. La herramienta que tienen los partidos que no gobiernan para participar en la política institucional está disuelta: no hay oposición.

La tercera consecuencia es que el Govern sí puede hacer decretos ley no sometidos a ningún control por parte de los electos catalanes. Es decir, el señor Aragonés puede aprobar los decretos que le dé la gana sin temor a que una posterior votación del Parlament se los tumbe, o se los modifique. El Govern ni siquiera se debe someter a los parlamentarios que formaron la mayoría que invistió a Torra, que incluye a las CUP y a algunos parlamentarios del PdCat.

A partir de esas tres consecuencias podemos hacernos tres preguntas: ¿Por qué el Govern disolvió las cámaras el 22 de diciembre si ya sabía que estábamos en plena ola Covid y que estaba subiendo el número de casos? ¿Por qué se permiten las actividades sociales que tienen que ver con cultos religiosos y con manifestaciones nacionalistas pero no se permite el ejercicio del voto? ¿Por qué los partidos del Govern no presentaron un candidato a President en el Parlament si querían postergar las elecciones?

La respuesta a esas preguntas es la misma. De la manera que se ha hecho, ERC ya tiene lo que quiere: un sistema donde su camarilla dirigente manda y los demás no tienen ni voz ni voto.

Bienvenidos a la República de Corealuña del Norte.