13 de diciembre de 2024

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El caso Gali, una decisión de Gobierno con una cabeza de turco: estas son las claves judiciales

Fuente LaVanguardia

La entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, a España desde Argelia el pasado mes de abril debía ser una operación sigilosa: con la máxima discreción para que su presencia en territorio nacional no saltase a los medios de comunicación. El Gobierno de Pedro Sánchez recibió la petición de ayuda porque Gali se encontraba en un estado de salud muy crítico, y el Ejecutivo autorizó su entrada «por razones humanitarias».

El problema surgió cuando ese sigiloso plan se resquebrajó y se empezó a tener noticias de que Gali estaba en suelo español y había entrado sin ningún control aeroportuario. Un juez, tras recibir varias denuncias, decidió iniciar una investigación para conocer si se había cometido un delito de prevaricación por permitir la entrada de un ciudadano sin control alguno.

¿Y quién fue el responsable de dar esa orden? El titular del Juzgado numero 7 de Zaragoza tiene una sospechosa, por lo que ha procedido a citarla —aún sin fecha concreta— ante él en calidad de investigada. Y esa persona no es otra que la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

La entrada de Brahim Gali en España causó una grave crisis diplomática entre Madrid y Rabat que tuvo su momento más delicado a mediados de mayo, cuando más de 10.000 inmigrantes cruzaron a nado la frontera con Ceuta ante la permisividad de los agentes marroquíes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó de urgencia la ciudad autónoma —acompañado incluso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien advirtió del problema que podría acarrear el acoger a Gali— y realizó una declaración institucional advirtiendo al país vecino que de España defendería «la integridad territorial» con todos «los medios necesarios».Lee también

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Tras esta crisis, parecía que el conflicto se había resuelto. La Audiencia Nacional desactivó las dos causas que tiene abiertas contra Gali, que está querellado por genocidio. Éste se repuso de su positivo por coronavirus, por el que estuvo muy delicado, y se volvió a Argelia. Así pareció darse carpetazo al asunto. 

Hasta que un juez, con el impulso de dos abogados muy activos, decidió ir a por todas en la investigación. El instructor quiere descubrir quién dio la orden de entrada de Gali: la clave de la causa radica en si el líder del Frente Polisario entró a España sin ningún tipo de identificación, sin pasar los controles fronterizos a los que debía ser sometido.

Atendido con identidad falsa en el hospital

Fuentes jurídicas apuntan al poco recorrido penal que este aspecto conlleva

Fuentes conocedoras de los hechos explican a La Vanguardia que cuando Gali entró estaba en un estado de inconsciencia. Fueron terceras personas las que solicitaron ayuda a España. Estas mismas fuentes precisan que él portaba documentación, aunque obviamente no pudo enseñarla dado su estado de salud.

Alguno de sus acompañantes decidió registrarlo en el hospital de Logroño —donde fue atendido— con una identidad falsa, aunque fuentes jurídicas apuntan al poco recorrido penal que ello conlleva porque no supone la alteración de ningún documento público.

Pedro Sánchez respalda a González Laya:

«El Gobierno de España hizo lo que debía, y lo hizo como debía, conforme a la ley»

Ante la imputación de su ex ministra —que fue cesada en la crisis de gobierno de julio— Pedro Sánchez tomó ayer la iniciativa de pronunciarse. Argumentó que hubo una petición humanitaria «para salvar la vida de una persona que estaba a punto de morir» y de ahí la actuación, que en todo momento, defendió, se hizo acorde al derecho. «El Gobierno de España hizo lo que debía, y lo hizo como debía, es decir, conforme a la ley», expresó Sánchez desde Nueva York. Es decir, vino a reconocer que se trató de una decisión de gobierno.

Sus palabras suponen un respaldo a González Laya, quien tendrá que acudir ante el juez y aclarar: si fue ella —o no— quien dio la orden de entrada, a quién se la dio y si lo hizo —o no— por instancias superiores.

Cabe recordar que en ningún caso este instructor podría imputar a Sánchez porque como presidente del Gobierno está aforado ante el Tribunal Supremo, pero dependiendo de lo que diga su exministra, el magistrado podría incluso preparar una exposición razonada al alto tribunal para que iniciase un proceso judicial contra el jefe del Ejecutivo.

González Laya fue cesada como ministra en la crisis de Gobierno anunciada por Sánchez en julio. Se había convertido en la principal responsable de la crisis diplomática con Marruecos y las consecuencias posteriores en Ceuta.

La duda que circula desde el entorno del Ejecutivo es si ésta señalará directamente a Sánchez como el responsable de la decisión de la entrada de Gali, si dirá que fue un acuerdo adoptado en Consejo de Ministros o una decisión suya propia.

Gali dispone de nacionalidad española

Según la Policía, estuvo obligado a pasar el control al viajar fuera de territorio Schengen

Su exjefe de gabinete ya dijo ante el juez que quien dio la orden fue ella, pero que no era la única que participó en la operación para hacer entrar al líder del Frente Polisario, considerado un enemigo para el Gobierno marroquí.

Los defensores de la operación sostienen que no hay causa penal posible contra esta decisión porque además de que fue por razones humanitarias también está la circunstancia de que Gali dispone de nacionalidad española.

En su tesis defensora, al ser español no era necesaria su identificación en el control Sin embargo, desde la Policía Nacional informan a preguntas de este periódico que cualquier ciudadano con DNI español está obligado a pasar por el control cuando aterriza en nuestro país desde un destino externo al espacio europeo sin fronteras.