Varios españoles ejercen la política en la provincia de Nador, y están al frente de instituciones como las comunidades territoriales o el parlamento. 
“El socialismo y la democracia solo se pueden lograr dentro de las fronteras geográficas e históricas intactas y soberanas. Es en este marco que la lucha del partido por completar y fortalecer la integridad territorial de Marruecos, a través de su completa soberanía sobre el Sáhara recuperado, y para liberar sus ciudades e islas ocupadas: Ceuta, Melilla e Islas Canarias”, reza como uno de los puntos principales del programa de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) en un vídeo electoral de la candidata española a la lista regional para el parlamento marroquí, Aicha El Gourgi.
“La unidad y soberanía de la nación” es uno de los pilares del programa electoral de esta formación política para las elecciones generales, regionales y locales que se celebran este miércoles, por primera vez de manera conjunta, en Marruecos.
La cabeza de lista para el Parlamento por la región de Rabat-Salé-Kenitra la encabeza Aicha El Gourgi, con nacionalidad española, residencia en Cataluña, representante del partido marroquí en España y con fuertes lazos con el Partido Socialista Catalán (PSC).
Precisamente, la Asociación Gran Rif Pro Derechos Humanos envió sendas cartas al cónsul de España en Nador y al embajador español en Rabat para expresar su “preocupación por la cantidad de españoles de origen marroquí que quieren participar en las elecciones, aprovechando de forma fraudulenta la doble nacionalidad, española y marroquí”.
Desde esta organización explican a EL ESPAÑOL que algunas personas “aprovechan la diferencia en la escritura de los nombres entre el registro marroquí, que escribe los nombres de manera afrancesada, y el registro español, que hispaniza los sustantivos, para evitar la vigilancia; y así explotar de esta manera la nacionalidad marroquí de forma engañosa dentro de Marruecos y la nacionalidad española cuando necesitan los servicios de canales diplomáticos”.
Así mismo, esta asociación solicitó a la diplomacia española en Marruecos que intervenga “para detener y advertir a los nacionales españoles, de origen marroquí, que interfieren en los asuntos políticos del Reino de Marruecos, y prohibirles postularse para cargos públicos y participar activamente en política porque esto viola las leyes reguladoras de España”.
Advierte igualmente que se podría interpretar, entre otras cosas, que existe “interferencia en los asuntos internos mediante la explotación de marroquíes naturalizados con nacionalidad española”. Además, recuerda que “no existe acuerdo alguno entre el Reino de Marruecos y el Reino de España en materia de doble nacionalidad”.
La ley del país vecino permite que los marroquíes residentes en el extranjero presenten sus candidaturas a las elecciones. Sin embargo, todos los marroquíes o marroquíes residentes en el extranjero que asuman responsabilidades gubernamentales o públicas en el país de residencia no pueden postularse para un cargo.
El propio ex embajador de Marruecos en España Fadel Benyaich, hermano de la todavía embajador Karima Benyaich, se vio obligado a renunciar a su nacionalidad española a cambio de la autorización de Madrid para representar a su país.
El Gourgi, con dirigentes socialistas en la campaña de 2019 con carteles de Pedro Sánchez.

De hecho, son muchos los españoles que practican actualmente la política en la provincia de Nador y están al frente de instituciones electas como las comunidades territoriales o el parlamento. Sin ir más lejos: el presidente de la ciudad de Nador, Rafik Mejit (Partido Autenticidad y Modernidad, PAM); el alcalde de la ciudad de Beni Enzar, Halim Foutat (Rally Nacional de Independientes, RNI); el vicepresidente de la ciudad de Beni Enzar, Omar Barkan (RNI); y el alcalde de la ciudad de Ras El Ma, Ahmed Al-Jilali (Partido Istiqlal, PI). Estos políticos y funcionarios defienden el carácter marroquí de Ceuta y Melilla.
La ley española contempla la perdida de la nacionalidad a españoles no originarios que “entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno”, mantienen los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia en nuestro país.
En estos casos, algunos países disponen que se deberá hacer llegar en primer lugar una “advertencia” a la persona en cuestión y que solo se podrá privar de su nacionalidad a ese individuo si hace caso omiso a la solicitud expresa de que deje de prestar servicios a un Estado extranjero. “Se trata de una salvaguardia positiva, puesto que garantiza que la actuación del Estado sea predecible, brinda a la persona la oportunidad de enmendar su conducta para evitar esa grave consecuencia jurídica y respeta lo dispuesto en la Convención de 1961”, según indica el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Fuente El Español