Casablanca, 8 de agosto de 2009

La movilidad y la migración, fenómenos humanos naturales son reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En esta continuidad, demostramos nuestro apego a los valores universales de la justicia, la democracia, la defensa de los derechos humanos y la solidaridad. Nuestro compromiso es factor de emancipación, modernidad, progreso y desarrollo social y económico. Queremos ayudar a promover la paz, la solidaridad y la seguridad entre los pueblos y entre los seres humanos.
Es un compromiso en la dirección de las esperanzas de nuestros conciudadanos tanto en Marruecos como en Europa y una fuerza de cambio para mejorar sus vidas. Nuestro deber es actuar tanto hacia arriba en nuestro país de origen como hacia abajo en nuestras sociedades de acogida para promover los derechos y obligaciones de los ciudadanos para nosotros y nuestras familias.

En Marruecos: una sociedad próspera, generosa y emancipada

Queremos una voz fuerte que se una a las fuerzas democráticas marroquíes para promover sus valores y acciones, con el fin de erradicar la pobreza y la ignorancia y desarrollar la solidaridad. Estamos firmemente comprometidos en contribuir a la modernización de la sociedad.

Desarrollo económico y social equitativo:
Recomendamos que se desarrollen mecanismos presupuestarios y financieros para que nuestros aportes y transferencias financieras, fruto de nuestro trabajo, se orienten prioritariamente hacia inversiones generadoras de riqueza y empleo. Estas contribuciones deben tener un impacto directo en la mejora de la situación de las categorías sociales más desfavorecidas y las regiones más desfavorecidas, principalmente en los campos de la educación, la salud, el acceso a la energía y el agua, la alfabetización, la formación profesional, la vivienda y la protección social.
Más democracia y justicia.
Unimos nuestros esfuerzos a las fuerzas marroquíes que trabajan por una sociedad justa y por un estado de derecho respetuoso de todos los ciudadanos. Estigmatizamos con ellos la parálisis actual del proceso de democratización que se ve por la marginación de las instituciones, los abusos electorales y las prácticas políticas en detrimento de la voluntad ciudadana.
Condenamos, con ellos, el funcionamiento a menudo defectuoso del Estado en el ámbito de la justicia y la lucha contra la corrupción y la precariedad. Contribuiremos a la lucha por la promoción de la paridad y a enfrentar las fuerzas oscurantistas y fundamentalistas que trabajan para mantener nuestras estructuras sociales en el arcaísmo y el conservadurismo.

Una política de emigración concertada.

La ciudadanía plena requiere:
Reconocimiento a los marroquíes residentes en el extranjero de la representación democrática en un órgano representativo elegido, con las prerrogativas de órganos similares en países democráticos.
Representación democrática y directa en el parlamento y otras instituciones constitucionales.
Participación en cualquier institución con vocación económica o social que pueda afectar a ciudadanos marroquíes en el extranjero.
La alineación de los órganos estatales y paraestatales encargados de gestionar los temas migratorios y poner fin a la mala gestión actual.
El Estado debe actuar como una prioridad para mejorar la situación de los marroquíes que viven en los países de acogida y, en particular, países con un fuerte déficit democrático como el mundo árabe y los Estados africanos, a fin de garantizar sus derechos y preservar su dignidad.
La lucha contra la trata de seres humanos y los actos suicidas de la inmigración ilegal es responsabilidad del Estado. También es su responsabilidad afrontar la precaria situación de los migrantes subsaharianos. Les debemos solidaridad y condena de cualquier ataque a su dignidad.

En Europa: integración exitosa y ciudadanía plena

La gran mayoría de los marroquíes en Europa quieren un asentamiento duradero, la reunificación familiar es prueba de ello y aspiran a la integración ciudadana en las sociedades de acogida. Esta aspiración sólo puede ser legítima si va acompañada de una adhesión a los valores humanistas de las sociedades de acogida, al respeto de sus leyes y su cultura, principalmente las nociones de tolerancia, laicismo, el rechazo del sexismo y el rechazo del oscurantismo y fundamentalismo.
Nos comprometemos a apoyar a nuestros conciudadanos en este proceso de inclusión ciudadana prestando especial atención a las iniciativas encaminadas a la igualdad de derechos, la integración de mujeres y jóvenes y luchando contra cualquier tentación de replegarse en la comunidad.
Este enfoque solo puede ser recíproco entre nuestros conciudadanos y la sociedad que los acoge, cada uno sujeto a obligaciones. La sociedad de acogida debe desarraigar y frustrar las ideas y manifestaciones racistas, xenófobas y todos los actos de intolerancia dirigidos a la identidad, la integridad religiosa y cultural del ciudadano inmigrante, su familia y sus descendientes. Debe promover el desarrollo de la cultura del inmigrante, garantizar y proteger el ejercicio de sus creencias.

Alentamos a nuestros conciudadanos a integrarse en el tejido asociativo y ejercer todos sus derechos sociales, civiles, parapolíticos y políticos principalmente:
El ejercicio del derecho al voto.
Membresía en sindicatos, tribunales profesionales, industriales y otras estructuras …
Participación en asociaciones locales, escuelas y deportes.

Consulta y participación entre Estados

El fenómeno migratorio genera profundos cambios identitarios, culturales y demográficos en las dos sociedades más allá de las cuestiones económicas. Este tema debe ser prioritario en las relaciones interestatales y en organismos regionales como la nueva Unión Mediterránea.

El flujo migratorio, si debe ser controlado, en el marco de una garantía del derecho a la libre circulación, no puede ser privado de una ruta de acceso legal. Las políticas restrictivas devuelven a decenas de miles de personas de forma ilegal y clandestina, expuestas a las garras de las redes delictivas y la trata de personas. Seguiremos trabajando por la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes, y para afirmar nuestra oposición a cualquier directiva que agrave la precariedad de los derechos de los migrantes. El flujo migratorio genera un daño sustancial para Marruecos por la pérdida de trabajadores calificados, ejecutivos y altas calificaciones. Deben establecerse mecanismos de compensación y cooperación, especialmente en el ámbito de la formación y la educación.

Grandes categorías de público migratorio están sujetas a dificultades que las políticas estatales tienen dificultad en tomar en cuenta o ignorar, como el derecho a vivir en familia o el de las parejas binacionales, así como el de los Chibanis, estos viejos pioneros del emigrados que, ante una consideración insuficiente de su situación por parte de las autoridades públicas, se ven privados del disfrute de sus legítimos derechos, que en ocasiones son también los más básicos (devolución de derechos, asistencia sanitaria).

Creemos firmemente que es a través de la democracia como se expresan mejor los intereses y aspiraciones de las personas en particular y de los pueblos en general. Nuestro deber es comportarnos en todas las circunstancias, ya sea en el país de origen o en las sociedades de acogida como ciudadanos haciendo del humanismo la base de su comportamiento.

Contacto: alwasl@hotmail.fr
Seminario organizado por iniciativa de Al Wasl