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BOUBEKRI MOHAMMED YASSER
España aún no se ha repuesto del impacto emocional provocado por el trágico accidente ferroviario en Andalucía cuando ya se enfrenta a una segunda crisis, menos visible pero igualmente peligrosa: la avalancha de rumores, especulaciones y declaraciones políticas precipitadas e irresponsables que han inundado las redes sociales y algunos espacios mediáticos.
En momentos así, cuando el dolor es colectivo y el luto es nacional, la prudencia y el rigor informativo no son una opción, sino una obligación moral. No solo por respeto a las víctimas y a sus familias, sino también por responsabilidad hacia el conjunto de la sociedad.
Desde las primeras horas posteriores al accidente se desató una carrera por ocupar el espacio mediático:
• unos hablaban de “causas confirmadas” sin que hubiese terminado la investigación,
• otros insinuaban negligencias o teorías conspirativas,
• y no faltaron quienes aprovecharon el drama para ajustar cuentas políticas o ganar protagonismo.
Todo ello sin datos oficiales concluyentes ni informes técnicos definitivos.
El resultado ha sido previsible: confusión en la opinión pública, presión indebida sobre los equipos investigadores y un sufrimiento añadido para las familias de las víctimas, obligadas a convivir con informaciones contradictorias y versiones sin fundamento.
España no es solo un país golpeado por una tragedia; es también una de las grandes potencias turísticas del mundo.
Cuando empiezan a circular, sin ningún rigor, mensajes sobre:
• una supuesta falta de seguridad,
• un colapso del sistema ferroviario,
• o un presunto ocultamiento de información por parte de las autoridades,
el daño ya no es solo mediático: se transforma en un golpe directo a la confianza de millones de potenciales visitantes.
Y lo más preocupante es que este clima puede ser aprovechado por países competidores en el mercado turístico internacional, no necesariamente mediante campañas oficiales, sino a través de la amplificación interesada del miedo o la promoción sutil de destinos presentados como “alternativas más seguras”.
El error, si existe, debe investigarse y depurarse. Pero convertir una tragedia en materia prima para la desinformación es una irresponsabilidad mayúscula.
El rumor no devuelve vidas, no acelera la justicia y no aporta soluciones. Lo que sí hace es erosionar la confianza en las instituciones y dañar la imagen internacional de todo un país.
Los responsables políticos tienen hoy más que nunca el deber de:
• medir sus palabras,
• respetar los tiempos de la justicia y de la investigación,
• y no alimentar el ruido con declaraciones impulsivas o populistas.
Porque una palabra pronunciada desde un cargo público no es una opinión cualquiera: puede contribuir a calmar a la sociedad o, por el contrario, a sembrar dudas y desconfianza dentro y fuera del país.
Y la labor del periodismo no es correr más que los hechos, sino proteger los hechos de la manipulación.
Las grandes tragedias se esclarecen en:
• los laboratorios técnicos,
• los despachos de los investigadores,
• y los informes de expertos independientes,
no en Facebook, ni en Instagram, ni en la plataforma X (antes Twitter), ni en los platós políticos.
Proteger la imagen de España no significa ocultar la verdad. Significa defenderla del ruido, de la manipulación y del uso partidista o interesado del dolor.
Porque:
respetar a las víctimas empieza por respetar la verdad,
y proteger la economía y el turismo empieza por proteger la confianza.
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