PP y Vox dan un golpe brutal a los inmigrantes al votar juntos para eliminar el arraigo

BOUBEKRI MOHAMMED YASSER

El Senado español ha dado luz verde para tramitar una proposición de ley presentada por Vox, con el apoyo del Partido Popular (PP), que busca eliminar el arraigo de la Ley de Extranjería. No se trata de un simple cambio técnico: es un golpe directo a los derechos de miles de personas que han vivido durante años en España, construyendo sus vidas y contribuyendo a la sociedad.

Con 145 votos a favor frente a 110 en contra y 1 abstención, los senadores del PP y Vox han decidido respaldar una iniciativa que endurece los requisitos para la residencia temporal, amplía los motivos de expulsión y elimina una de las pocas vías legales de regularización para migrantes. Exigir medios económicos, antecedentes penales limpios y “informes de integración” son medidas que, bajo la apariencia de control, buscan excluir y castigar a quienes ya forman parte de nuestra comunidad.

El arraigo, lejos de ser un “coladero” como alegan sus defensores, es una herramienta que permite a migrantes integrarse, trabajar y vivir legalmente en España. Su supresión dejará a muchas personas en la sombra de la ilegalidad, aumentando su vulnerabilidad y limitando su capacidad de contribuir al país.

Apoyar esta propuesta no es solo un acto legislativo: es una declaración ideológica. Vox defiende la supresión del arraigo con argumentos de miedo y exclusión, mientras que el PP, al votar junto a ellos, se alinea con un discurso claramente xenófobo. No se trata de debatir políticas de integración, sino de validar un relato en el que la inmigración se ve como amenaza y no como oportunidad.

Quienes votaron a favor están mandando un mensaje preocupante: la legislación migratoria puede convertirse en un instrumento de exclusión, no de integración, y los derechos de quienes más necesitan protección quedan a merced de cálculos políticos y de intereses electorales.

Eliminar el arraigo no es solo un retroceso legal; es un retroceso social y moral. Familias enteras podrían ver comprometida su estabilidad, jóvenes nacidos o criados en España podrían quedar en una situación de inseguridad jurídica, y se podría incrementar la precariedad de quienes ya están en situación vulnerable.

Además, esta medida refuerza un discurso de miedo y polarización que debilita la cohesión social. Una política migratoria responsable debería buscar integración y oportunidades, no castigar y excluir.

La decisión de PP y Vox es un golpe directo a los derechos de los migrantes y una apuesta peligrosa por un discurso de odio y exclusión. Votar a favor de eliminar el arraigo no es un acto técnico ni administrativo: es un mensaje claro de que para estos partidos, la inclusión y la justicia social quedan subordinadas a la política del miedo y la confrontación. España corre el riesgo de dar un paso atrás en derechos humanos y valores fundamentales de convivencia.