Artículo del escritor Eduardo Luis Junquera Cubiles

Madrid España

La ruta central del Mediterráneo:  

La ruta central del Mediterráneo es la que discurre entre Libia e Italia, es utilizada principalmente por ciudadanos de Bangladesh, Argelia, Costa de Marfil, Sudán y Guinea y está considerada la ruta de migración más peligrosa del mundo. En 2018, dos años después del tratado con Turquía, la Unión Europea firmó un acuerdo con Libia-actualmente un Estado fallido con dos gobiernos, dos ejércitos y multitud de grupos armados en guerra entre ellos-con el fin de atajar las causas de la migración, algo altamente improbable si consideramos la inestabilidad de toda la región, un área afectada por guerras, hambre y problemas derivados del cambio climático que inciden en la agricultura por la falta de agua. La Unión Europea ha destinado solo a Libia 286 millones de euros dentro del programa EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF) para la “mejora del control de la inmigración”. A esta cantidad se añaden 20 millones en asistencia bilateral para temas migratorios. La Unión Europea también ha colaborado con la UNODC, la agencia de la ONU para la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen transnacional, aportando 15 millones de euros para desmantelar las mafias de tráfico de personas que operan en el norte de África y especialmente en Libia como país receptor.

La inmensa mayoría de los migrantes que llegan a Libia proceden del África subsahariana y atraviesan la frontera sur del país desde Níger o Chad, y en menor medida desde Sudán y Egipto, a través de la frontera este. Desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hasta UNICEF señalan las prácticas traumáticas y brutales que padecen las personas que llegan a Libia huyendo de otros lugares de África, que se enfrentan a violaciones, encierro en cárceles por tiempo indeterminado y sin garantías, torturas, extorsión, e incluso existe un mercado de esclavos que funciona en plena calle en el que se pagan entre 300 y 500 euros por personas que habían pagado para desplazarse a los puertos del norte del país con el fin de embarcarse en dirección a Europa. Una vez han sido comprados, los migrantes son trasladados a casas donde viven hacinados junto a otras personas en su misma situación. Algunos son obligados a entrar en contacto con sus familias con el fin de pedir un rescate. Las mafias llegan a torturarles mientras hablan con sus familiares para que estos accedan más fácilmente a sus peticiones. Otros migrantes son revendidos a ciudadanos libios. Los testimonios obtenidos por la OIM hablan de condiciones sanitarias espantosas, de alimentación deficiente e incluso de muertes por inanición, en una situación calificada por la ONU de “crisis de derechos humanos”.

Como por desgracia suele ser habitual, todas las condiciones horrorosas que padecen los refugiados se agravan en el caso de las mujeres, que también son compradas en el mercado de esclavos, pero su destino suele ser el de casas particulares donde son obligadas a prostituirse o a convertirse en esclavas sexuales. El director de Operaciones y Emergencias de la OIM, Mohammed Abdiker, aseguró en 2017 haber tenido acceso a casos “horrorosos” de maltratos físicos y torturas, malnutrición, abuso sexual y asesinatos. También se tiene constancia de la existencia de “fosas comunes en el desierto libio”, declaró Abdiker.

Con el fin de controlar la ruta central del Mediterráneo, la Unión Europea ha financiado, entrenado y ofrecido apoyo logístico a la Guardia Costera Libia (GCL), pero el personal que forma este cuerpo a menudo procede de las diferentes milicias y grupos armados que operan en el país. El informe clasificado de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en Libia (EUBAM) de 2018 señalaba que la GCL estaba formada por un “número desconocido” de excombatientes revolucionarios que en 2011 lucharon para derrocar a Muamar el Gadafi y que a partir de 2012 empezaron a engrosar la Guardia Costera, tal como consta en una denuncia de Human Rights Watch. Desde esta organización se han señalado diversas actuaciones temerarias por parte de las fuerzas libias en operaciones de salvamento en las que se puso en peligro a personas rescatadas en aguas internacionales del Mediterráneo. Estos incidentes muestran de manera clara la poca preparación de los guardacostas libios en materia de búsqueda y rescate. 



“Algunos incidentes recientes muestran que es absolutamente equivocado que los países de la Unión Europea confíen la vida de quienes necesitan ser rescatados a fuerzas de la Guardia Costera de Libia, cuando existen alternativas más seguras”, manifestó Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “La UE debería asegurarse de que sus embarcaciones realicen operaciones rigurosas de búsqueda y rescate en aguas internacionales próximas a Libia, donde se producen la mayor parte de los naufragios, e Italia debería, en lo posible, dar instrucciones para que sean los buques de la UE y de organizaciones no gubernamentales los que dirijan los rescates, en vez de los barcos libios”. Algunas de las intervenciones de la Guardia Costera Libia en aguas internacionales en dispositivos de salvamento iniciados por organizaciones no gubernamentales se caracterizaron por comportamientos amenazantes como disparar al aire o al agua, no proporcionar chalecos salvavidas, e incluso por disparar a un barco guardacostas italiano al confundirlo con una embarcación de inmigrantes.

La ruta occidental del Mediterráneo:

La llamada ruta occidental del Mediterráneo, la que va desde Marruecos a España, es utilizada principalmente por ciudadanos de Argelia, Marruecos, Guinea, Mali y Costa de Marfil. Se trata de la segunda ruta de migración más peligrosa del mundo, solo superada por la del Mediterráneo central. Los datos de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) de los últimos tres años señalan un aumento de la actividad de las mafias de tráfico de personas, coincidiendo con el incremento en los controles de esta ruta, además de un crecimiento de su tránsito producto de un mayor control en las del Mediterráneo oriental y central. Desde Frontex, se calcula en 160 millones de euros el dinero obtenido por las mafias marroquíes y argelinas entre 2017 y 2019 en la organización de cruces en patera hacia España tanto a través del Estrecho como del Mar de Alborán. Hasta 2016, Libia era el principal punto de partida de las rutas del Mediterráneo hacia Europa y los grupos armados que operan en el país participaban también del negocio del tráfico de personas. Pero a partir de ese año se produjo un aumento en el tránsito de la ruta occidental hacia España. Las redes marroquíes de tráfico de personas obtuvieron alrededor de 35 millones de euros en 2017, cifra que aumentó en 2018 a 105 millones. En 2019, se produjo una reducción de un 50% de la inmigración irregular, de manera que los ingresos de las mafias también disminuyeron de forma significativa, alcanzando los 19 millones de euros.

Frontex elabora estos datos con las tarifas de las que informan los propios migrantes a los que entrevista al desembarcar en España y teniendo en cuenta también el número de llegadas a nuestras costas. Estas cifras representan una aproximación, como resaltan desde Frontex, porque es muy complejo estimar las ganancias de las redes marroquíes y argelinas por medio de muchas variables que pueden disminuir o aumentar el precio del viaje. Los marroquíes que utilizan esta ruta son conocedores del terreno y tienen más facilidad para llevar a cabo este viaje e incluso pueden realizarlo solos, mientras que los ciudadanos subsaharianos “necesitan” la participación de los traficantes para llegar a España. Desde Frontex no se informa con detalle, pero sabemos que también se tiene constancia de sobornos a autoridades locales. La caída de ingresos de las mafias en 2019 es muy llamativa y existe un contraste entre esta cifra de ganancias de los traficantes de personas y el número de llegadas de migrantes, cuya disminución fue menor. En Frontex explican que los cálculos son conservadores por la falta de datos completos y el aumento en el número de variables. En 2019, se produjo un incremento en el control fronterizo de las autoridades de Marruecos, especialmente duras con los inmigrantes subsaharianos, que son quienes pagan las tarifas más altas para llegar a Europa, mientras que se observó un crecimiento del flujo de ciudadanos marroquíes hacia España, que pagan cantidades mucho menores. Cálculos menos conservadores elevarían los beneficios de las mafias en 2019 a entre 30 y 35 millones de euros.

Los informes de Frontex destacan la capacidad de adaptación de las redes mafiosas al aumento de controles de las autoridades y prevén que las mafias entren en los próximos años en otros negocios de actividades ilegales como el lavado de dinero y el contrabando. Durante el último año y medio se ha producido un aumento en la dificultad y en el precio para emigrar desde Marruecos a España debido a las ayudas que el país africano recibe por parte de la Unión Europea y de España para controlar la inmigración. Según Frontex, solo en 2019 Marruecos detectó más de 27.000 migrantes irregulares, además de desmantelar más de 60 redes de tráfico de personas. Marruecos suele informar de cifras muy superiores a las que maneja la Unión Europea y asegura haber rescatado a casi 20.000 personas que atravesaban el mar en dirección a España. En cualquier caso, el aumento del control explica el incremento en los precios de esta ruta. Mientras que en 2017 los precios por cruzar el Estrecho o el Mar de Alborán estaban entre los 1.000 y los 2.000 euros por persona, en la última etapa anterior a la pandemia del covid-19 rondaban los 3.000 euros. Esta es la razón de que aumente también el tráfico de personas en la llamada ruta atlántica hacia las Islas canarias, prácticamente inactiva durante los últimos diez años, una travesía peligrosísima que es la única que algunos inmigrantes pueden pagar. Esta ruta se ha cobrado la vida de al menos 357 personas en el último año, según la OIM. Desde la organización se recalca siempre que los datos de fallecidos son incompletos.

Desde el final del siglo XX, las rutas desde el Mediterráneo apenas han sufrido modificaciones, pero sí se observa que cuando aumenta la vigilancia sobre una de ellas se incrementa el flujo en una de las otras dos o en las dos. En el verano de 2016, después del endurecimiento de las condiciones de entrada de los refugiados sirios en los países del Este de Europa y del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, se produjo un aumento del flujo en la ruta central hacia Italia, lo que provocó que el país alpino firmase con Libia un acuerdo similar al de la Unión Europea con Turquía. Esto permitió al Gobierno de Libia patrullar las aguas italianas y detener a los inmigrantes. El colapso de Siria coincidió con el agravamiento de la situación en Sudán del Sur, República Centroafricana y Somalia, además del incremento de la actividad del grupo terrorista Boko Haram en la región del Chad.

Si comparamos las tres rutas del Mediterráneo con la de la frontera entre Méjico y Estados Unidos comprobaremos que en esta última perdieron la vida casi 500 personas en 2019, con la diferencia de que el tránsito anual entre los dos países es de entre 730.000 y 820.000 personas. Esta cifra supone entre 6 y 7 veces más que el número de migrantes anuales que atraviesan el Mediterráneo intentando llegar a Europa, lo que demuestra el riesgo extremo que supone cruzar el mar en embarcaciones precarias que no están acondicionadas para una travesía tan larga. Con frecuencia, se utilizan viejos pesqueros, lanchas neumáticas, en incluso lanchas infantiles. Los motores también suelen estar en mal estado o con poco combustible, por lo que no es extraño que las malas condiciones temporales hagan naufragar las embarcaciones. Las mafias únicamente buscan obtener la mayor rentabilidad con el mínimo gasto, aunque esto les cueste la vida a decenas de miles de personas.

La responsabilidad de Europa:

Es necesario insistir en que el nuevo Pacto Sobre Migraciones y Asilo no aborda las varias tragedias que asolan el continente africano: guerras, hambrunas, explotación infantil, terrorismo, existencia de grupos armados que controlan grandes áreas y aterrorizan a la población, problemas de sequía relacionados con el cambio climático, etcétera. Es cierto que Europa no tiene una responsabilidad directa sobre todos estos problemas que asolan África, del mismo modo que sí la tiene en algunos de ellos, como por ejemplo en el hecho de que la Unión Europea permita el envío de armas de países como España, Francia, Alemania o Italia a naciones en conflicto o en riesgo de conflicto. En el informe “Armas europeas que alimentan conflictos”, elaborado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz de Barcelona, coordinado por Jordi Calvo, se señala la relación entre la venta de armas a países en conflicto y el aumento de los flujos de refugiados. El estudio demuestra que en el período 2003-2014, los Estados de la Unión Europea han exportado armamento de todo tipo por valor de 37.000 millones de euros a un total de 63 países en situación de conflicto o en riesgo de conflicto. Como es natural, el envío de armas no sirve para atenuar ningún problema de convivencia y empeora cualquier situación de disputa. Las exportaciones de armas de países europeos incluyen a casi todas las naciones africanas. Esos 63 países que son receptores de armas fabricadas por países europeos generan casi el 90% del total de refugiados anuales a nivel mundial, un número que asciende a más de 30 millones de personas. Pero, si bien la Unión Europea no tiene un criterio común para evitar en la medida de lo posible la exportación de armas a naciones en conflicto, sí podría, al menos, adoptar una política mucho más protectora sobre el mar Mediterráneo, que es un ámbito de competencia directo y de responsabilidad que atañe a Europa como escenario propio, y es ahí donde se hace más llamativa y sangrante la inhibición de nuestras autoridades.  

Eduardo Luis Junquera Cubiles.