El nuevo Pacto Sobre Migraciones y Asilo y la tragedia del Mediterráneo (Parte II)
Artículo del escritor Eduardo Luis Junquera Cubiles
Madrid España
Las rutas a Europa desde el mar Mediterráneo, una tragedia que no cesa:
El crecimiento de la industria del control migratorio no ha conseguido frenar el flujo de migrantes ni las terribles consecuencias de estas migraciones, precisamente porque se están atacando esas consecuencias y no las causas. Las cifras proporcionadas por la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones dependiente de la ONU, institución con sede en Ginebra, dicen que en 2019 murieron 1.283 migrantes tratando de atravesar el Mediterráneo. Las cifras de 2018 eran de 2.299 personas fallecidas. Entre 2014 y 2019, al menos 35.720 personas murieron tratando de alcanzar las costas europeas a través de las diferentes rutas mediterráneas, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM. La ruta más peligrosa continúa siendo la del Mediterráneo central, que es la que discurre entre el norte de África (Libia) e Italia. Según datos de la OIN, una de cada 33 personas que utilizaron este itinerario en 2019 murieron. En 2018, esta proporción era de uno de cada 35, mientras que en 2017 fallecían una de cada 51 personas que emprendían esta travesía. La OIM señala que, pese al descenso en el número real de muertos, que se debe a la reducción del flujo de migrantes, no a mejores condiciones de seguridad, no es posible confirmar muchos naufragios que se están produciendo y que con toda probabilidad no dejan rastro de ningún tipo en el mayor éxodo humano desde la Segunda Guerra Mundial.
La ruta oriental del Mediterráneo:
La ruta oriental del Mediterráneo discurre entre Oriente Medio y Turquía en dirección a Grecia, y es utilizada principalmente por personas de Afganistán, Siria, Irak y Somalia. A partir de 2016, coincidiendo con un agravamiento de la crisis en Siria, los ahogamientos aumentaron en aguas africanas y se redujeron a la mitad en las de Europa. Esto se produjo gracias al acuerdo firmado ese mismo año entre la Unión Europea y Turquía, un país en pleno retroceso democrático desde la llegada al poder de Tayyip Erdogan, en 2014. Por este acuerdo, Turquía se comprometía a readmitir a todos los refugiados llegados de forma irregular a las costas de Grecia. Como contrapartida, la Unión Europea aceptaba reasentar un ciudadano sirio por cada sirio retornado a Turquía, además de agilizar la concesión de visados para los ciudadanos turcos y de comprometerse a aumentar la ayuda económica a Turquía para que el país hiciera frente en mejores condiciones a la llegada de los refugiados. En primera instancia, la Unión Europea otorgó a Turquía 3.000 millones de euros y se comprometió a entregar la misma cantidad a lo largo de un período de dos años.
Con esta estrategia, la Unión Europea pretendía transmitir un mensaje rotundo que no suele funcionar cuando el receptor vive situaciones de riesgo extremo para su integridad física y moral: que los refugiados que pisasen suelo griego serían devueltos con celeridad a sus países de origen, mientras que los que esperaban en Turquía aún tendrían posibilidades de entrar en la Unión. Pero a lo que realmente se comprometió Turquía fue a controlar las fronteras de Europa con los criterios de un Estado que no respeta los derechos humanos. Para ser justos, diremos que la reducción de las llegadas a Grecia no se produjo únicamente por la toma de control de Turquía, sino porque dentro de la propia Europa se crearon zonas de restricción debidas, por ejemplo, al cierre de la ruta de los Balcanes hacia Alemania, lo que provocó que Grecia se convirtiera en destino final y no, como había sucedido hasta entonces, en puerta de acceso al continente. Las intervenciones de los guardacostas turcos no están exentas de irregularidades jurídicas, como la entrada en aguas territoriales griegas para retener embarcaciones de refugiados que posteriormente devuelven a Turquía. Las autoridades turcas amparan estas prácticas porque se sienten impunes gracias al acuerdo con la Unión Europea.
Todos los migrantes que llegaron a Grecia después del 20 de marzo de 2016 quedaron atrapados en las islas en infames Centros de Internamiento para Extranjeros como los de la isla de Lesbos (campos de Moria y Kará Tepé, este último abierto este mes de octubre), la isla de Quíos (campo de Souda), la región de Evros (Centro de Registro e Identificación de Fylakio), la isla de Samos (campo de Vathy),la isla de Rodas, la isla de Leros, la isla de Tilos, la isla de Simy, la isla de Kalymnos, la región de Kastelórizo, o la localidad de Diavata (donde existe un campo regido por militares, en el norte de Grecia). Desde la Comisión Europea se aseguraba que la concentración de refugiados en un área geográfica tan reducida era una condición indispensable para garantizar el retorno rápido a Turquía o a los países de origen de los migrantes irregulares. Pero han pasado más de 4 años y ni ha habido expulsiones masivas a Turquía desde Grecia ni tampoco se han creado cauces legales para que los refugiados se desplacen a países de la Unión Europea, con lo que su situación legal, en campos absolutamente denigrantes que ni siquiera tienen los mínimos parámetros de salubridad, seguridad, higiene y confort para acoger de forma temporal a los refugiados, permanece en un limbo legal de difícil solución. En este espacio de tiempo, tan solo se han producido 2.000 devoluciones de Grecia a Turquía, la razón es que los tribunales helenos no consideran que Turquía sea un país seguro. En realidad, Europa y los europeos no hemos hecho más que mirar para otro lado en el tema de los refugiados. La Unión Europea estableció en 72.000 el número de refugiados candidatos a entrar en la Unión procedentes de Turquía, pero solo se ha producido el reasentamiento de 25.000 personas. Mientras tanto, Turquía no ha hecho más que cumplir sus amenazas de hacer la vista gorda sobre sus fronteras para permitir la llegada a Grecia de los migrantes que huyen de los muchos infiernos africanos. En cuanto a las promesas europeas a Turquía, no se han cumplido las relativas a la liberalización de visados turcos ni tampoco las de una reforma de la unión aduanera entre Turquía y Europa.
Esto es lo que ocurre cuando se subcontrata la seguridad de las fronteras de la Unión Europea a un país que no respeta la Convención de Ginebra, la Convención Europea de Derechos Humanos o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el que están en pleno retroceso la libertad de prensa, los derechos de las mujeres y los derechos de minorías como los kurdos. Eso por no hablar del islamismo promovido por las autoridades turcas. Como antes comentábamos, en los Centros de Internamiento para Extranjeros de Grecia, donde rara vez entran los periodistas, son comunes el hacinamiento-algunos como el de Moria multiplican por siete su capacidad-, la ausencia de higiene y de condiciones de salubridad, las violaciones-denunciadas por las ONG por su elevadísima frecuencia-, las agresiones y peleas entre los refugiados, los suicidios-los voluntarios hablan de entre 4 y 5 casos diarios-, los robos o las colas de varias horas para acceder a un plato de comida. En los aledaños del campo de Moria, delimitado por verjas y alambradas, vive más gente que en el propio campo. Los médicos extranjeros que de forma voluntaria atienden a los refugiados denuncian problemas psicológicos, de alimentación y de falta de sueño, nada extraño si tenemos en cuenta que los refugiados más afortunados duermen en tiendas de campaña, mientras que otros lo hacen a la intemperie.
En opinión del coordinador de Médicos Sin Fronteras en Lesbos, Marco Sandrone, “Los números de suicidios son increíblemente altos, incluso en nuestra clínica pediátrica recibimos cada vez más niños que se quieren autolesionar”. Los menores presentan traumas producto de vivencias particularmente horrorosas en sus países de origen, sumadas a experiencias durísimas en sus viajes hacia Europa a través de África, y estos cuadros clínicos se ven agravados por las terribles condiciones de vida en el campo de Moria y en los otros centros de refugiados. Alrededor de un 40% de las solicitudes de asilo que se hacen en Lesbos son rechazadas, lo que significa una deportación segura. Aunque el hecho de pisar suelo europeo debería iniciar un proceso para conseguir el estatus de refugiado, la burocracia y la falta de medios provocan retrasos de meses en la concesión de las tarjetas de demandante de asilo. En la actualidad, la concesión de citas para la entrevista en la que se pregunta al solicitante por los motivos que le han llevado a abandonar su país y se le requiere la documentación necesaria para comprobarlo se está produciendo a dos años vista, según denuncias de la ONG Legal Centre Lesvos. Las personas pertenecientes a las ONG que visitan los campos de refugiados griegos y en especial el de Moria entran en shock al comprobar las condiciones de miseria en las que viven los migrantes. Los miembros de estas organizaciones también coinciden en señalar que las autoridades turcas regulan el flujo migratorio hacia Grecia con el único fin de presionar a Europa.