Artículo del escritor Eduardo Luis Junquera Cubiles

Madrid España

El Pacto Sobre Migraciones y Asilo y las políticas derivadas de este plan presentadas el pasado 23 de septiembre por la Comisión Europea responden al problema de la inmigración tratándolo como una amenaza y una fuente de inestabilidad procedente del exterior. La realidad es que las cifras de movilidad legal de inmigrantes multiplican las de solicitudes de asilo (pese a la distorsión que las ultraderechas hacen de esta cuestión); y el número de residentes legales extracomunitarios era, en 2019, ocho veces superior que el total de refugiados acogidos por los Estados de la Unión Europea. Esta inmigración es esencial para mantener el modelo de bienestar europeo y, dado el envejecimiento de nuestras poblaciones, aún se hará más imprescindible a medida que el tiempo transcurra. Los inmigrantes no regularizados en Europa, incluyendo los que esperan una resolución sobre su demanda de asilo suponían solo el 1% sobre la población total del continente en 2017. Las cifras de España son similares a las del resto de la Unión, estimándose el número de inmigrantes irregulares en nuestro suelo entre 390.000 y 470.000 personas (cifras de 2019). Esto supone un 0,8% de la población española, y solo un 9% de estas personas proceden de África. Con estos datos sobre la mesa se hace más extraño analizar la ingente concentración de recursos económicos en la industria del control migratorio: la Unión Europea ha fijado la cantidad de 30.829 millones de euros destinada al control de las fronteras y la inmigración ilegal para el período 2021-2027. En el mismo espacio de tiempo, también se invertirán 24.322 millones para financiar defensa y seguridad. El Pacto no establece ninguna medida que garantice la seguridad de las rutas de migrantes procedentes de África, ni en su vía terrestre ni en la marítima, una tragedia sin igual que apenas ocupa algunos segundos en los medios de comunicación.

Europa es egoísta, profundamente insolidaria y comienza a estar anclada no solo en políticas eurocéntricas, sino en respuestas ineficaces ante realidades de enorme complejidad. No se puede ceder permanentemente al juego de equilibrios de los Estados miembros, algunos de los cuales tienen sus gobiernos en manos de la ultraderecha, renunciando para ello a adoptar una política global de futuro caracterizada por una posición humanista y una cierta altura de miras. Este acuerdo es similar al que tuvo lugar el 28 de junio de 2018, cuando Europa cedió a la presión de Italia y se adoptaron todas las demandas del país entonces defendidas por su ministro del Interior, Mateo Salvini, a excepción de una reforma del Reglamento de Dublín-retirado ahora-, el sistema de asilo de la Unión que establecía que los migrantes solo pueden pedir asilo en el primer país de la Unión al que lleguen. El nuevo Pacto trata de complacer a los países más reacios a recibir inmigrantes, principalmente a los del Grupo de Visegrado, y deja fuera las demandas de los países del sur de Europa, que deben enfrentar las llegadas de inmigrantes por vía marítima. Un acuerdo de estas características simplemente no será eficaz.

El nuevo Pacto Sobre Migraciones y Asilo tiene como pilares el acorazamiento de las fronteras, la disuasión y las devoluciones. Se establece un triple control de identidad, sanitario y de seguridad, seguido de un reconocimiento rápido entre las personas que legalmente pueden recibir asilo y las que pueden ser devueltas a sus países de origen. Como el proceso puede prolongarse hasta 12 semanas, existe la posibilidad de que se cree un limbo en cuanto a legalidad y derechos en una zona de tránsito, que daría lugar a que el inmigrante permanezca o sea detenido en los denigrantes centros de detención que existen para tal fin. Se ha creado la figura de un Coordinador Europeo de Retornos, se constituye una Agencia Europea de Asilo y se refuerza el sistema Frontex con 10.000 agentes armados de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que empezarán a patrullar en 2021. Esto supone un inmenso caudal de dinero público invertido en burocracia, tecnología y contratación de personal que enriquecerá a los propietarios de la industria del control migratorio y de manera indirecta a las mafias de tráfico de inmigrantes.

En el período 2014-2019, los diferentes gobiernos de España adjudicaron al menos 660 millones de euros a las empresas del negocio del control de las migraciones, y lo hicieron por medio de más de 1.677 contratos, la mayor parte de ellos sin concurso público. Solo el 4,5% de las personas que migran a Europa lo hace de forma irregular, pero el discurso del miedo contra una inmigración que nuestro continente necesita de forma imperiosa está sirviendo para lucrar a un grupo de empresas armamentistas y de seguridad a través de estos contratos.

La Unión Europea no contempla actualmente la creación de rutas seguras por las que acceder a Europa, un hecho gravísimo si tenemos en cuenta el enorme peligro que supone para cientos de miles de migrantes atravesar cada año el continente africano en condiciones horrorosas para acceder después a un viaje por el mar Mediterráneo, un trayecto que en sí mismo constituye la ruta de migración más peligrosa del planeta. Al contrario, la Unión Europea aprovecha las reticencias de algunos países a la inmigración para dar una respuesta militar que responde a unos intereses económicos que enriquecen a un reducido grupo de empresas mientras se establecen acuerdos de control migratorio con países como Egipto, Libia, Marruecos y Turquía, naciones en las que no existe respeto por los derechos humanos.

España, por su posición geográfica como país receptor de inmigración por vía marítima y también terrestre a través de Ceuta y Melilla, se ha convertido en uno de los principales mercados de la industria de control migratorio y algunas de las medidas adoptadas en nuestro país se exportan posteriormente a otros Estados de la Unión. Un ejemplo son las concertinas de acero utilizadas en las vallas de Ceuta y Melilla desde 2014: este sistema, subvencionado con fondos europeos, ha sido fabricado por una empresa malagueña, European Security Fencing, a su vez filial del grupo Mora Salazar, y ya se usa en las vallas fronterizas de países como Dinamarca, Hungría, Arabia Saudí, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos. La empresa proporciona varios modelos de concertina, desde las menos peligrosas, el modelo Arpón (60 milímetros de largo), hasta el modelo CBT 65 (65 milímetros de largo y más afiladas). Estas últimas fueron colocadas en el centro penitenciario de Archidona, en Málaga, inaugurado en marzo de 2018.

Al igual que ha ocurrido con las concertinas, ahora adoptadas por otros países, el despliegue de drones en la costa atlántica de España y en el Estrecho de Gibraltar ha alentado proyectos similares en el Mar Mediterráneo. En la más absoluta opacidad, también se han construido varios CATE (Centro de atención temporal de extranjeros) en el sur de España. En la actualidad, existen cuatro centros de estas características: uno se encuentra en San Roque (Cádiz), otro en Almería, otro en Cartagena (Murcia) y otro en Motril (Granada). El primer centro abierto en Motril fue clausurado y sustituido por otro con mejores condiciones tras las denuncias del Defensor del Pueblo Español. Estos centros están financiados por España y Europa. Hasta el momento, ningún contrato de los CATE ha sido publicado por el Gobierno español, pero sabemos que un documento del Ministerio del Interior señala que solo en 2019 se invirtieron más de 6,5 millones en obras y servicios relacionados con estos centros.