Bases ideológicas aprobadas por la 1ª Conferencia de AIRE el 19.6.21

ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y MISIÓN

España necesita una gran organización política de izquierda nacional que lamentablemente no existe. Los partidos institucionalizados que se autodefinen de izquierdas se han desnaturalizado, haciendo fracasar los objetivos que deberían haber marcado su acción política.

Buena parte de las capas populares y la clase trabajadora de nuestro país no nos sentimos representados ni interpelados por esas formaciones políticas, las cuales, a través de sus actuaciones y discursos vacíos de contenido material, han ido generado un creciente sentimiento de frustración, desorientación, hartazgo y desmovilización entre la izquierda social.

Es palmario que esta “izquierda” oficial, en gran parte posmoderna, identitaria e indefinida, ha abandonado la defensa del interés común, de la unidad de clase, de las condiciones materiales de los trabajadores y de la solidaridad interterritorial.

Una “izquierda” inerme ante la geopolítica actual, que impone una economía neoliberal, y entretenida en azuzar luchas y causas identitarias promovidas en gran medida por ese “Sistema del Capital” imperante, el cual necesita a “su izquierda”, aquella capaz de contribuir a desactivar la conciencia y amortiguar la rebeldía popular ante las constantes embestidas económicas, sociales y culturales que provoca y que ni el asistencialismo ni el reformismo pueden ya paliar.

Asimismo, esta “izquierda” instalada en el poder, hipnotizada y fascinada por todos los nacionalismos periféricos fragmentadores, que fomentan y propagan el privilegio, la desigualdad y la fractura social, no es hoy más que un servicio auxiliar de éstos, cuando no cooperador necesario. Y es que una “izquierda” que promueve esas estrategias rupturistas, insolidarias y claramente etnicistas, y que alienta el carácter xenófobo e hispanófobo de estos nacionalismos tribales, es una “izquierda” desorientada que ha abandonado sus más elementales valores y principios, como son la redistribución de la riqueza, la igualdad y la fraternidad.

Por otra parte, la crisis sanitaria no ha hecho más que agudizar la ya grave situación de emergencia económica, laboral, política y social que venía padeciendo nuestro país de forma crónica. Lo que sí que ha evidenciado, aún más, es la imperiosa necesidad de defender firmemente los servicios públicos y los derechos sociales, así como de diseñar y llevar a cabo un gran proceso de inversión pública en industria autóctona, dando a nuestro país el peso geopolítico que necesita para poder oponerse a las políticas neoliberales y regresivas que han sido aplicadas progresivamente en nuestro país, y que han producido precariedad, inútiles enfrentamientos y un declive vegetativo de nuestra población.

Nuestro objetivo debe ser ambicioso: el pleno empleo a través de un Plan de Trabajo Garantizado. Ahora bien, no podemos aspirar a transformar la realidad material de los trabajadores españoles sin soberanía. Y no puede haber soberanía ni poder popular sin soberanía nacional.

Por todo ello, y en un momento de excepcionalidad como este, se hace impostergable el surgimiento de una gran fuerza política de izquierda que promueva y desarrolle un proyecto vertebrador y unitario para toda España, fundamentado en los siguientes:

VALORES Y PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS

Una izquierda definida y decididamente transformadora, sólidamente materialista pero no economicista, ideológicamente coherente, antinacionalista, patriótica, laica y jacobina. Una izquierda socialista, inspirada en los valores de la Ilustración, que abandone las supercherías irracionalistas y los mantras identitarios y que se reconozca en la mejor tradición del republicanismo.

Una izquierda defensora a ultranza de las libertades y los derechos civiles y enemiga de restricciones injustificadas de los mismos como la llamada “ley mordaza”.

Una izquierda sensible a las demandas de los movimientos sociales, pero sin convertirse en simple correa de transmisión de la cotidianidad reivindicativa de dichos movimientos.

En definitiva, una izquierda que, a través de la unidad de clase, aspire a alcanzar los siguientes:

       OBJETIVOS

Desarrollar las transformaciones sociales, laborales, civiles, políticas y económicas necesarias para que, gradualmente, se avance hacia una sociedad socialista, en donde todos los ciudadanos gocemos de los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Una sociedad, en definitiva, de personas verdaderamente libres, sin las cadenas que impone el linaje del tener, la clase social, y con todas sus necesidades materiales, sanitarias y educativas cubiertas. Y todo ello, a través del siguiente:

     INSTRUMENTO

El verdadero instrumento revolucionario, a través del cual realizar las transformaciones mencionadas, no es otro que EL ESTADO. Necesitamos un Estado fuerte, robusto y soberano, que garantice la cohesión social, la solidaridad nacional y el bienestar de todos los ciudadanos que viven en territorio español.

En el actual capitalismo financiero, profundamente especulativo, los Estados sufren el embate de economías abiertas en las que, con frecuencia, se erosiona el poder político: por ejemplo, con las constantes deslocalizaciones productivas o las facilidades de elusión fiscal para los grandes capitales y fortunas. Renunciar al Estado en esta situación, propugnar su atomización territorial o someterse a los designios de instituciones supranacionales tecnocráticas, son ideas profundamente reaccionarias.

Los sucesivos Gobiernos de España, independientemente del color político, han ido debilitando paulatinamente la fortaleza del Estado. Las constantes cesiones a las élites nacionalistas por mezquinos intereses partidistas, y el descabellado traspaso de competencias a las oligarquías autonómicas, ha provocado de facto la desaparición de la Administración General del Estado en buena parte del territorio nacional, en detrimento, obviamente, del interés general.

Ese debilitamiento del Estado central también se ha consumado a través de las descarnadas políticas neoliberales y desreguladoras llevadas a cabo por todos los gobiernos, generando de facto un Estado raquítico, incapaz de hacer frente a las amenazas de la globalización financiera y a la falacia de que un país puede industrializarse abandonándose a la anarquía del libre mercado y la inversión extranjera.

No podemos tampoco ignorar el papel que la Unión Europea ha jugado en dichas políticas neoliberales, exigiéndonos la llamada “reconversión industrial” (que no es sino desindustrialización) para convertirnos en una economía de servicios de bajo valor añadido.

El Estado encarna por tanto el supremo interés nacional y debe ser garante de los derechos, libertades y obligaciones de todos, dotándose de cuantos medios y recursos sean necesarios para ello.

Y a través de un Estado fuerte, libre y soberano, que garantice la igualdad de todos sus ciudadanos, se deben realizar los siguientes:

BLINDAJES

• Sanidad Pública. Creación de un Sistema Estatal de Salud de Gestión Centralizada, público, de calidad y universal.

La salud es un derecho fundamental innegociable. Todos las personas que viven en España deben estar protegidas y tener acceso a todos los servicios sanitarios de forma efectiva e igualitaria, con independencia de la región en la que vivan, garantizándose el bienestar colectivo, para lo que es imprescindible dar marcha atrás en la política de recortes y privatizaciones seguida durante los últimos lustros.

La pandemia provocada por la COVID19 ha puesto en evidencia las fragilidades del sistema y la falta de recursos de los profesionales sanitarios, pero además ha demostrado la inexistencia del pilar social europeo y el caos que supone tener 17 gestiones sanitarias diferenciadas en las que cada casta autonómica, pecando en muchas ocasiones de insolidaridad y deslealtad, ha jugado a una suerte de “sálvese quien pueda”, ante un Ministerio de Sanidad vacío de competencias, incapaz de garantizar la cohesión, solidez y equidad interterritorial del sistema.

Con la salud no se juega. Es por ello por lo que debe crearse un Sistema Estatal de Salud de Gestión Centralizada, público, de calidad y universal, poniendo fin al caos autonómico. Se debe propiciar la recuperación de la competencia legislativa en materia de sanidad de modo exclusivo para el Gobierno de la Nación, poniendo fin a la demencial centrifugación competencial del Estado en esta materia, y bloqueando las políticas de externalización o privatización llevadas a cabo por diversos gobiernos.

• Derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012.

El trabajo digno debiera ser otro derecho fundamental innegociable. Debe ponerse el foco en la mejora y firme defensa de los derechos laborales, salario, horario y condiciones de seguridad, salud e higiene en el puesto de trabajo.

Las sucesivas reformas laborales de los diferentes gobiernos, del PSOE y el PP han promovido la precariedad laboral en España, fomentando la devaluación salarial y propiciando la destrucción de empleo al abaratar y facilitar los despidos. Estas reformas no han hecho más que debilitar los derechos conquistados durante décadas por la clase obrera y favorecer la posición del empresariado en la relación laboral, a través del arrinconamiento de la negociación colectiva.

Una vez más, en la planificación, diseño y ejecución de dichas reformas laborales perjudiciales para la clase trabajadora española, tuvo la Unión Europea una importante contribución con la elaboración anual de un informe conocido como las Grandes Orientaciones en Política Económica (GOPE), en las que se “recomienda” cumplir (bajo amenaza de sanciones) una serie de medidas encaminadas a respetar el límite de déficit estructural del 3% del PIB de cada Estado miembro. Estas medidas son las que terminaron incluyendo los gobiernos del PP y el PSOE en sus respectivas reformas laborales.

Es improrrogable la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Han sido especialmente lesivas dos políticas que urge revertir y abandonar para siempre: la degradación de la negociación colectiva reflejada en la nefasta prioridad de los convenios de empresa respecto a los sectoriales con el objetivo de reducir aún más los salarios; y el constante abaratamiento del despido. Hay que recuperar la negociación colectiva, los salarios de tramitación en despidos improcedentes y recuperar una indemnización por despido improcedente decente.

Junto a esta medida, es necesaria la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que replantee en su conjunto las relaciones laborales, en pro de la protección de los trabajadores, el empleo de calidad y la contratación indefinida.

La tasa de paro juvenil es insostenible. Es urgente elaborar un Plan Nacional de Empleo Joven, a través de paquetes de medidas que atajen el desempleo y la exclusión social.

Urge atacar frontalmente el ingente fraude laboral de nuestro mercado de trabajo, como la contratación temporal en la que no se controla la causa de dichos contratos —suscritos con frecuencia en fraude de ley—, las horas extras no pagadas y los contratos con menos horas de las que realmente son trabajadas, o figuras tan generalizadas como los falsos autónomos, que privan de derechos a los trabajadores y los someten a una intolerable explotación. Para ello, debe incrementarse y dotar de más recursos a Inspección del Trabajo, a fin de que trabajadores como los riders pasen a ser lo que son, asalariados, cotizando a través del régimen general. La nueva economía “uberizada” es generadora de condiciones, jornadas y salarios inadmisibles. Esto merma la capacidad de consumo de los trabajadores y detrae ingentes sumas de dinero, directamente defraudadas por estas empresas, de nuestro sistema de Seguridad Social. No debe hacerse una ley rider que introduzca erróneamente una figura al gusto de las empresas defraudadoras, sino que debe cumplirse con lo recogido en nuestro Estatuto de los Trabajadores: ajenidad y dependencia como rasgos característicos del derecho laboral. Derechos laborales y dignidad de nuestros trabajadores, en suma.

Es imprescindible un Plan Nacional Integral de rescate a autónomos y PYMES, ante la situación de debacle económica generada por la pandemia, y a fin de sostener el tejido productivo de los pequeños negocios.

Hay que prestar atención y apoyo al movimiento cooperativo y favorecer la economía social.

• Vivienda como derecho social e instrumento de satisfacción de una necesidad humana básica. Rechazo de la especulación.

La vivienda es primordialmente una necesidad, no un capricho ni un lujo. Las enormes dificultades para la compra de una vivienda, unidas al desorbitado incremento en el precio del alquiler, hacen en la práctica que el acceso a una vivienda digna para miles de ciudadanos y familias sea una misión imposible.

El Estado debe intervenir de forma directa para acabar con la especulación inmobiliaria, asegurando la función social de la vivienda y el control público de los precios de alquiler, mediante un Gran Plan Estatal de Choque en pro del alquiler público asequible, que incluya la promoción y construcción de un amplio parque de viviendas públicas, comprando y rehabilitando vivienda construida y, en caso necesario, mediante nuevas promociones.

En una situación de crisis económica y destrucción generalizada de empleo, el Estado debe arbitrar los medios necesarios (fondos de compensación, alquileres sociales) para evitar que las personas afectadas por la pérdida de su puesto de trabajo pierdan también su vivienda, y especialmente cuando tengan familia a su cargo. Paralelamente, se establecerán procedimientos judiciales ágiles para resolver los conflictos por okupación de viviendas particulares, especialmente cuando afecten a pequeños propietarios.

La vivienda debe ser un derecho social garantizado por el Estado, con plena vigencia y traducción material, un verdadero “derecho subjetivo” de ciudadanía, claramente por encima de su aspecto de “bien de mercado”. El Estado debe poner coto a las inaceptables políticas especulativas del suelo, y ampliar de forma sustancial nuestros hoy inaceptables estándares de vivienda pública, claramente insuficientes.

• Educación. Creación de un Sistema Nacional de Red Pública Educativa. (Aplicación y desarrollo del Art. 27 CE).

La educación es un derecho universal y un pilar fundamental en toda sociedad, debiendo los poderes públicos hacerlo efectivo para todos los ciudadanos en pie de igualdad y de forma gratuita.

Debe ponerse fin a la utilización de la educación por parte de algunas autonomías como arma política partidista, siendo incluso en algunos casos fuente directa de adoctrinamiento ideológico, en ideas y valores que son incompatibles con la Constitución Española y las declaraciones internacionales de derechos suscritas por España.

La Historia común de España se debe enseñar sin sesgos ideológicos, con el mayor apego a la verdad histórica. Las simplificaciones necesarias a ciertas edades siempre deben mantener este principio.

Por ello, es necesaria la construcción de un Sistema Nacional de Red Pública Educativa de calidad, que acabe con el caos y la disgregación de los 17 sistemas educativos. Promover una gran inversión pública en educación que alcance un mínimo del 6% del PIB, poniéndonos así a la vanguardia de Europa.

Debe ponerse fin a los sistemas reaccionarios de inmersión lingüística que fomentan las barreras territoriales y dificultan la libre circulación por el territorio nacional, perjudicando gravemente a la clase trabajadora de todo el país. Así, en aquellos territorios donde exista otra lengua cooficial junto al español, ambas serán vehiculares en todos los grados de enseñanza, promoviendo un sistema realmente bilingüe, e iniciándose la lectoescritura en la lengua materna del alumno.

Debe abandonarse el repudio del esfuerzo, del desarrollo de la memoria, de la adquisición de conocimientos humanísticos y científicos, del desarrollo de hábitos de estudio y de la necesidad de realizar exámenes como instrumento objetivo de evaluación y estímulo para el aprendizaje. La instrucción pública es un elemento esencialmente republicano que debe atacar los privilegios de origen y las fatalidades sociales: los hijos de los pobres no deben estar condenados a ser pobres, los hijos de los ignorantes no deben estar condenados a ser ignorantes. Ello no implica que no optemos también por incluir en la educación métodos de enseñanza innovadores que mejoren la comprensión y la educación del alumnado, enriquezcan el proceso de aprendizaje y permitan un mayor abanico de posibilidades a la hora de impartir las materias.

Por otro lado, debe dotarse a las escuelas de los medios materiales y humanos, así como de la formación necesaria al profesorado, para que la “educación inclusiva” sea un hecho y no una mera declaración de intenciones. Creemos que el alumnado, como personas diversas que son, tienen diferentes necesidades educativas, que deben verse atendidas para que puedan desarrollar todo su potencial, lo cual nos dotaría de una ciudadanía crítica y responsable.

La Educación y la enseñanza son una obligación y una responsabilidad del Estado para con el conjunto de la sociedad y para con las próximas generaciones, y no un derecho de libre disposición en el que padres y madres puedan elegir como en un buffet libre. El concepto de libertad educativa del que hace bandera la derecha no es más que una arbitraria pretensión de “adoctrinamiento a la carta” según las creencias privadas de cada familia, además de un mecanismo para mantener y reforzar las desigualdades sociales. La Educación debe estar al servicio de una ciudadanía formada, libre y crítica que pueda desarrollar libremente todas sus potencialidades de una manera cívica y respetuosa con la libertad y los derechos de los demás. Y los valores éticos, morales o religiosos particulares que pretendan inculcar las familias a sus hijos e hijas deberán quedar en el estricto ámbito doméstico.

El adoctrinamiento en cualquier credo religioso deberá quedar fuera del sistema público de Enseñanza, tanto dentro de un sistema aconfesional como el que la Constitución del 78 consagra, como de un sistema laico como el que nosotros defendemos. Una verdadera educación para la ciudadanía debe garantizar el aprendizaje de conceptos básicos hoy olvidados: la importancia de la ley común y la ilegitimidad de que una identidad otorgue privilegios a unos pocos, la decisión conjunta sobre el territorio político que compartimos o lo imprescindibles que resultan los impuestos como garantía de una sociedad justa y civilizada. Asimismo, se ha de potenciar el pensamiento crítico de los futuros ciudadanos, por lo que es fundamental mantener la asignatura de filosofía.

Conversión progresiva de la escuela concertada en escuela pública. En un plazo razonable (por ejemplo 5 años) los centros educativos concertados han de desaparecer, dando la opción a los propietarios de dichas entidades de integrar los centros (cediendo, alquilando o vendiendo el local en justiprecio), en la Red Pública, con incorporación ordenada del profesorado y mediante las condiciones que oportunamente se establezcan; o bien pasar a funcionar como escuelas privadas.

• Fortalecimiento y garantía del Sistema Público de pensiones.

Debe revertirse cualquier intento de sustitución del sistema público de pensiones por planes privados de empresas. Dicho sistema es un pilar crucial del Estado del Bienestar y debe defenderse a ultranza, no dejando que los intereses de la Banca y aseguradoras, en connivencia con el gobierno, lo dinamiten.

Revalorización del sistema, sostenibilidad y suficiencia, son tres coordenadas necesarias para garantizar pensiones dignas, debiéndose equiparar la mínima al Salario Mínimo Interprofesional.

Debemos abrir el debate hacia repensar el porqué de la separación entre cotizaciones a la Seguridad Social y Presupuestos Generales del Estado: la sostenibilidad de las pensiones es una cuestión de prioridades, y de qué tipo de Estado queremos: si uno verdaderamente social o uno liberal y abstencionista, como aquel con el que sueñan algunos. Dentro de los Presupuestos Generales del Estado, lógicamente, habrá de prestarse máxima atención a ingresos y gastos: racionalización de los segundos, en lo relativo al ineficiente Estado de las Autonomías, pero sin ningún recorte en gasto social; y aumento de impuestos progresivos para garantizar la correcta financiación de dicho Estado Social.

Un sistema mixto público-privado, como antesala a la completa privatización de nuestro sistema público de pensiones, debe rechazarse con firmeza. El sueño neoliberal de confiar en el ahorro privado constituye una enorme estafa a millones de trabajadores pobres, con salarios de miseria y con una capacidad de ahorro ínfima.

Inexorablemente, llevar a cabo los blindajes de estos 5 pilares fundamentales del Estado del Bienestar, requiere:

RECURSOS SUFICIENTES

• Reforma fiscal justa, equitativa y realmente progresiva. Lucha contra el fraude fiscal. Política económica alejada de la ortodoxia neoliberal.

Devolver el protagonismo a los impuestos directos progresivos, que gravan a las personas y empresas según su nivel de renta o riqueza, frente a los indirectos, que afectan en mayor medida a quienes menos capacidad adquisitiva tienen.

Debe ponerse cerco a los mecanismos de elusión fiscal, especialmente la de grandes empresas y corporaciones, así como grandes fortunas. Dotación de más recursos y medios a los profesionales de la Administración Tributaria, intensificando el control tributario de grandes contribuyentes.

Los paraísos fiscales son el gran desagüe por donde lo que se debería recaudar con impuestos desaparece y reaparece como endeudamiento de los Estados y el conjunto de las instituciones públicas.

Es necesario proteger la igualdad de todos los españoles ante la ley, garantizando la equivalencia de servicios públicos, con independencia del territorio o región en que se viva.

Es por tanto imprescindible recuperar la capacidad normativa de impuestos transferidos por parte del Estado central. La transferencia de esta competencia únicamente ha impulsado la competencia fiscal a la baja entre CCAA en una dinámica demencial, insolidaria y neoliberal. Debe existir un Impuesto de Sucesiones y Donaciones y un Impuesto de Patrimonio armonizados en todo el territorio nacional, con un mínimo exento razonable, por cuanto son impuestos progresivos, justos y esenciales para la igualdad de oportunidades, cuya transferencia a las autonomías ha operado su vaciamiento y su derogación de facto.

Es inaceptable que en Europa siga existiendo la actual desarmonización fiscal y que las grandes plataformas digitales no tributen lo que deben en algunos Estados como el nuestro —Netflix, apenas 3000 € en impuesto de sociedades—, en el que la detracción de recursos a las arcas públicas es inaceptable. Debe darse la batalla para la imposición suficiente a dichas tecnológicas, porque de continuarse la dinámica de la elusión fiscal y el permanente dumping se destrozará definitivamente el Estado del Bienestar, con un coste enorme para la sociedad y para los más débiles. La existencia de paraísos fiscales dentro de la Unión Europea destapa la cara más oscura del proyecto, su dimensión neoliberal, y lastra la capacidad recaudatoria de Estados como el nuestro que sufren un grave problema de deuda pública. En este asunto es fundamental la acción a nivel geopolítico. España ha de fomentar una lucha coordinada de las naciones afectadas, frente a las naciones que practican el dumping fiscal.

Debe suprimirse tanto el concierto económico vasco como el convenio navarro, ya que no son más que vergonzantes privilegios económicos y fiscales, opuestos al más mínimo principio de redistribución de la riqueza, solidaridad interterritorial o igualdad entre todos los españoles. La disposición adicional primera de la Constitución, que reconoce los derechos históricos de los territorios forales, es totalmente incompatible con la igualdad entre ciudadanos y debe ser derogada sin excusas ni dilaciones.

Mientras tanto, es imprescindible revisar el mecanismo de cálculo del cupo para hacerlo transparente y asegurar que corresponda a la población real actual del País Vasco y de Navarra.

Lucha sin cuartel contra la corrupción institucionalizada, a todos los niveles, cuyo coste ha sido estimado recientemente en 90.000 millones anuales, que se podrían invertir en servicios esenciales.

Precisamente en la izquierda debemos ser especialmente cuidadosos en el uso del dinero público, que es de todos, y que es esencial para cualquier política de transformación colectiva. Nos corresponde enfrentar el mito liberal que invalida el sector público como un nido de corrupción o ineficiencia. Dicho mito es esencialmente falso y perverso. Y va unido a otro, especialmente en boga hoy día: el mito del emprendimiento privado, en el que suele presentarse al Estado como un estorbo burocrático, que solo obstaculiza. Es precisamente el Estado el que, con sus leyes, instituciones y su fuerte inversión, garantiza dichos procesos de emprendimiento, incluso allá donde la inversión privada no llega. El mercado está lógicamente determinado por el Estado.

Debemos evitar la profesionalización de la actividad política. Para ello, resulta indispensable establecer constitucionalmente la temporalidad de los cargos públicos electivos, con una duración máxima de 8 años, sin excepción.

Hay que poner fin a las “puertas giratorias”, al objeto de impedir definitivamente que la política constituya una forma privilegiada de acceso a puestos destacados en la empresa privada. El acceso desde la actividad política a la empresa privada exigirá el transcurso de un plazo de 10 años desde el cese de la actividad pública. Y en ningún caso se podrá acceder a los Consejos de Administración.

Todas estas medidas conllevan reformas troncales de la vigente Ley de Conflictos de Intereses.

En cuanto a la financiación privada de los partidos, suprimir la procedente de préstamos o créditos de las entidades financieras, por la dependencia respecto de la banca que generan.

• Propuesta de Ley Orgánica de Armonización de Remuneraciones Públicas.

Esta ley deberá establecer tablas salariales para todos los cargos y los representantes públicos. A partir de definir el salario del Jefe del Estado, se fijarán los de los diferentes cargos, sean electos o por nombramiento o cargos directivos de empresas de titularidad estatal, autonómica (mientras existan), municipal o cualquier otro modelo de titularidad pública (diputaciones, mancomunidades u otras).

Se establecerán criterios de jerarquía institucional y de responsabilidad con unas horquillas en función del tamaño o censo autonómico (mientras exista), municipal u otros.

Homogenización de los salarios de los funcionarios en toda España.

• Reducción de la deuda pública y sus intereses. Auditoría de la deuda.

La deuda pública que tenemos, por encima del 120% del PIB, es monstruosa y no se puede pagar. Una auditoría permitiría detectar qué deuda pertenece a la economía real y cuál es “odiosa” o “ilegítima”. Ésta última debe rechazarse de plano, a través del ejercicio de la soberanía.

Con una deuda pública de estas características, cualquier propuesta de populismo fiscal, como la promesa de drásticas bajadas de impuestos, es un verdadero engaño a la ciudadanía. Debemos rechazar con contundencia ese populismo neoliberal: la tramposa idea de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos (suele omitirse, claro está, en qué concretos bolsillos está ese dinero).

• Creación de una verdadera banca pública.

España tiene uno de los sectores bancarios más privatizados. Es necesario ampliar el sector público de la banca, fomentando, por ejemplo, las cooperativas de crédito, y recuperar soberanía económica para financiar el ambicioso programa de transformación económica y social que planteamos, sin someterse a las limitaciones que pudiera imponer la UE.

La gran dificultad actual para acceder al crédito por parte de familias y PYMES debe revertirse.

Se debe priorizar el interés público por encima de los intereses privados de los bancos y sus accionistas. En tal sentido, una banca pública priorizaría la inversión en la economía productiva y no en actividades especulativas, tal y como a menudo hace la banca privada. Con ello, todas las inversiones y préstamos se realizarían dentro del Estado, lo que repercutiría en favor del bienestar social.

• Definir un Plan Industrial Estatal. Inversión suficiente en I+D+I

España nunca debió perder el peso industrial que un día llegó a tener. A finales de los 80 y principios de los 90 se llevó a cabo un proceso de desindustrialización y de privatización del sector público atroz, iniciado por el PSOE de Felipe González y continuado por todos los Gobiernos sucesivos (siguiendo sumisamente las órdenes de Bruselas).

Debe, por tanto, ponerse encima de la mesa la reindustrialización de España, cuya terciarización casi total del modelo productivo ha acarreado unos fuertes costes en términos de competitividad, salarios y cohesión social. Para ello es imprescindible la inversión pública y la protección de la industria naciente.

De esa manera, debe evitarse el goteo constante de deslocalizaciones y destrucción de puestos de trabajo, hechos que están despellejando nuestro tejido productivo.

Debemos garantizar una inversión de al menos un 3 % sobre el PIB en I+D+I, así como en tecnología.

El Estado debe procurar un control suficiente sobre los sectores estratégicos de nuestra economía (producción eléctrica, luz, gas y transporte) en pro del interés general, sin descartar el avance gradual hacia la nacionalización de dichos sectores.

Debe crearse un fondo estatal de inversión pública como el noruego, mediante el SEPI, en el que se compraran acciones de sectores estratégicos y los beneficios de los dividendos de estas fueran a parar al Estado.

Una fuerza política con esta vocación de transformación, con el compromiso de llevar a cabo los blindajes de derechos fundamentales y servicios públicos mencionados, y queriéndose dotar de todos los recursos necesarios para ello, debe defender, sin exaltación, pero sin ningún complejo…

LA INTEGRIDAD TERRITORIAL Y LA SOBERANÍA NACIONAL

Una España integral y unida es la mejor garantía de defensa de los derechos de los trabajadores y de la unidad de clase.

Desde la izquierda debemos, de una vez por todas, acabar con el complejo histórico que nos persigue sobre la concepción que tenemos de nuestra propia Nación. Debemos recuperar hegemonía cultural y huir de la falsa, pero arraigada, “Leyenda Negra española”, así como de la concepción de que España es un patrimonio franquista.

Asimismo, debemos rechazar el criterio étnico-cultural, romántico e identitario de Nación que defienden los nacionalistas. España es una Nación política, entendida como unión de ciudadanos con iguales obligaciones y derechos, con independencia de las lenguas que hablen o de su sentimiento grupal de pertenencia. Es una unidad de justicia y distribución, y toda ella pertenece al conjunto de los ciudadanos que conforman el sujeto soberano, es decir, a todos los españoles. Nada ni nadie puede arrogarse el derecho a privatizar parte de ese territorio o a levantar fronteras o barreras geográficas entre conciudadanos.

En tal sentido, ante un Estado autonómico impulsor de 17 Taifas donde impera el egoísmo, la competencia desleal y la insolidaridad, y ante un desafío secesionista constante y creciente, alentado, no lo olvidemos, por una vergonzante y traidora política de cesión continua de todos los Gobiernos de España en favor del nacionalismo, debemos evolucionar, decididamente, hacia un Estado de organización provincial o departamental, de inspiración jacobina, que elimine las desigualdades y las disfunciones del sistema actual y garantice la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos españoles con independencia del lugar donde vivan.

De momento debe acometerse de forma inmediata una tarea de racionalización del sistema autonómico —que implicaría, necesariamente, la recuperación para el Estado central de competencias clave, como la Sanidad y la Educación, y los poderes de armonización en todas las competencias restantes— eliminando el desbarajuste disgregador del sistema actual.

Además, como punto de partida, al objeto de acometer las medidas económicas, laborales y políticas apuntadas, proponemos llevar a cabo la siguiente…

REFORMA CONSTITUCIONAL

• Inclusión del derecho a la vivienda, el trabajo y la salud en el Capítulo 2º Sección 1ª, como derechos fundamentales, y no como meros principios rectores de la política social y económica.

No obstante, ello no es suficiente, pues las simples declaraciones formales, aunque sean constitucionales, no sirven de nada si no van acompañadas de voluntad política, cumplimiento y financiación suficiente.

• Modificación del artículo 2. Eliminar la alusión a “nacionalidades”.

• Definición de la banca como un servicio público.

• Prohibición del recurso a las amnistías fiscales.

• Declaración de España como un Estado laico, no solo en materia religiosa, sino también identitaria.

• Reforma del régimen electoral para establecer constitucionalmente el sistema proporcional que garantice la igualdad del valor del voto.

Para el Congreso: circunscripción única.

Para el Senado y elecciones autonómicas (mientras estas se celebren): circunscripciones autonómicas.

Eliminación de mínimos necesarios para obtener representación.

• Limitación a 2 mandatos de todos los cargos públicos.

• Eliminación total de aforamientos.

• Reconocimiento del derecho de igualdad de trato y no discriminación por razones, también, de lengua.

• Derogación de la vergonzante modificación del artículo 135 CE impuesta por la UE, que supuso de facto la rendición de España como nación y Estado soberano en política económica, y recuperación de su redactado anterior. Los derechos sociales y los servicios públicos deberán ser la prioridad absoluta.

• Enumeración de los servicios básicos y sectores estratégicos en los que el Estado puede tomar el control a fin de garantizar, en su caso, el suministro.

• Cambio en la elección de los órganos colegiados. Para el CGPJ y la Fiscalía General del Estado: Introducción de sistemas que eviten la politización partidista de la justicia. Elección directa, al menos parcial, por parte de jueces, fiscales, letrados y procuradores, e introducción de sistemas mixtos, como el sorteo, que eviten la designación política directa.

• Reforma integral del Título VIII, sobre Organización Territorial del Estado, tendente a la organización departamental o provincial. No obstante, hasta que la misma pueda consumarse, sería necesario:

• La fijación y enumeración de las siguientes competencias como exclusivas e indelegables del Estado: impuestos (IRPF, Patrimonio y Sucesiones) y Agencia Tributaria, fuerzas y cuerpos de seguridad, Sanidad, Seguridad Social, Educación y Justicia, tanto en lo referente a legislación como en la gestión.
• La instauración de una jerarquía institucional que establezca eficazmente las competencias de cada nivel administrativo (General, Autonómico y Local) e impida el continuo contencioso entre administraciones.
• La modificación del artículo 155 de manera que defina claramente el proceso para suspender provisionalmente una autonomía en caso de infidelidad constitucional.

• Eliminación de privilegios fiscales. Supresión de la Disposición Adicional Primera que consagra derechos históricos adquiridos durante el Antiguo Régimen para los territorios forales.

MODELO DE ESTADO

El pueblo español, como sujeto soberano, tiene derecho a decidir constitucionalmente su modelo de Estado. Nosotros defendemos un modelo republicano, como máxima expresión de la democracia política y del principio de igualdad entre toda la ciudadanía.

Nuestro modelo es el de República Española unitaria, social y democrática de Derecho. Dicha propuesta, para que sea seria y viable, debe fundamentarse en una serie de ejes concretos y detallados, elaborados tras un profundo proceso de estudio y reflexión colectiva. La III República es algo muy serio, que no puede por tanto basarse en el antimonarquismo infantil o circunscribirse a meras proclamas vacías de contenido material.

Mientras ello no se consiga, pondremos en primer plano conseguir la máxima transparencia, sobriedad y respeto por las leyes en la gestión de la Jefatura del Estado por parte de la persona, sea quien sea, que la ocupe.

Rechazamos de plano concepciones tales como la República confederal y solidaria que algunos propugnan, que es tanto como juntar el agua y el aceite: el confederalismo es garantía de privilegios y asimetrías, la antítesis de la solidaridad, y un supuesto derecho de autodeterminación para los censados en ciertas partes del territorio nacional es en realidad un privilegio de secesión, que llevaría inexorablemente a la desintegración del Estado y a la pérdida de la solidaridad, herramienta fundamental de la clase trabajadora para cambiar los modos de producción. Una República debe estar basada en la ley como garantía frente a las arbitrariedades de los poderosos, y no puede sustentarse en la maximización de lo que es en realidad un principio monárquico: los derechos históricos. Estar en contra de los derechos históricos ornamentales o representativos, pero a favor de los que tienen una traducción material, como aquellos derechos históricos de los territorios forales, es un sinsentido. La República solo puede estar basada en la tutela del bien común, en la igualdad y la solidaridad, en la libertad como autogobierno colectivo, en la redistribución de la riqueza y en la inexistencia de privilegios formales, territoriales o socioeconómicos.

Debemos acabar con cualquier duplicidad administrativa y apostar por un sistema público, eficaz y eficiente que garantice una correcta distribución de los recursos públicos.

UNIÓN EUROPEA Y RELACIONES INTERNACIONALES

España debe acometer una revisión crítica de su posición dentro de la UE. No significa rechazar Europa como espacio geográfico ni político, pero sí criticar duramente dos dimensiones enormemente nocivas de la UE: la primera, el para algunos intocable Tratado de Maastricht, que consolida una moneda común y un mercado único, pero sin un sistema redistributivo detrás, que reequilibre la consecuente aparición de países ganadores y perdedores: la unión monetaria no va acompañada ni de un presupuesto común digno de tal nombre ni de una verdadera unión fiscal, lo cual causa unos enormes desequilibrios entre países, en perjuicio de los del sur, y obliga a que, habiendo perdido nuestra soberanía monetaria, cualquiera de los onerosos ajustes a realizar en la economía se haga recaer siempre sobre los salarios; la segunda, relacionada con la anterior, una división internacional del trabajo en la que España sale perdiendo claramente al haber abandonado su sector industrial —con una durísima reconversión industrial que tanto paro causó y tan nocivas privatizaciones dejó a su paso— y haber desarrollado un monocultivo turístico y una terciarización casi total de su modelo productivo. Esta terciarización va aparejada a empresas muy pequeñas, habitualmente con baja productividad, escasa presencia sindical, convenios colectivos muy nocivos para los trabajadores, alto fraude laboral y salarios paupérrimos.

Debemos defender la independencia y la soberanía política y económica de España, al objeto de poder reindustrializar el país y reactivar la economía en beneficio de los trabajadores.

Resulta necesaria una reforma integral del Tratado de Lisboa de 2007, tratado que, lejos de reconocer y defender los derechos humanos, se ha convertido en una plataforma del capital que controla los mercados y los Gobiernos de los Estados. Es palmario que sus principios constitutivos no presiden las políticas comunitarias. Es lamentable que, antes de mencionar y desarrollar derechos individuales y sociales, se plantee como objetivo esencial “mejorar las capacidades militares”, objetivo que descalifica las llamadas a la paz.

España debe dar la batalla dentro de Europa junto a otros Estados del sur europeo para impugnar la falta de unión política, el desatino de unas políticas de austeridad que tantos estragos sociales causaron, la dialéctica entre Estados dentro de la Unión, en la que siempre termina ganando la fuerza de Alemania y los Estados del Norte, para cuyos intereses se diseñó, a partir de la imposición del Tratado de Maastricht, la actual unión monetaria y la libre circulación de capitales.

En concreto, debemos combatir el proyecto de la Europa de los pueblos o de las regiones (también proyectado por partidos como Los Verdes), que consiste en la disgregación de los actuales Estados-nación de la UE en regiones más pequeñas, salvo (o en mucha menor medida) el Estado-nación alemán, previo a una posterior unificación confederal europea. Esta arquitectura europea es evidente que aumentaría aún más la hegemonía de Alemania, frente a la cual el resto de las regiones o “pueblos” solo seríamos su patio trasero.

Son por tanto necesarios profundos cambios normativos para que la UE deje de ser la máxima expresión de poder del “fundamentalismo del mercado” a través de sus políticas económicas y comunitarias neoliberales, que generan desigualdad social y económica y pobreza, con especial incidencia en la infancia.

España debe abogar por otros mecanismos de unidad y Relaciones Internacionales con países del sur de Europa, (muy particularmente con Portugal), así como reforzar los lazos hispanoamericanos, porque su hoy endeble posición geopolítica es a la vez privilegiada por Historia y por una lengua común que crea lazos con millones de personas en el mundo, con naciones hermanas con las que conviene trabajar en una nueva plataforma geopolítica frente a la hegemonía estadounidense y el nuevo mundo bipolar.

Por tanto, España, junto con Portugal, debe tener todo el interés en estrechar la cooperación económica y política con los países de la Iberosfera, tanto en América como en África. En principio, este proyecto no es incompatible con su permanencia en la UE. Ambos proyectos pueden estar conjugados y potenciarse mutuamente, para beneficio de todos, con España y Portugal como nexo fundamental.

España debe defender unas relaciones razonables con Rusia y China en las que prepondere el interés nacional y no el seguidismo de terceras potencias, porque en muchas decisiones estratégicas en política exterior hay que priorizar el realismo político, ser pragmáticos e inteligentes, potenciando una dinámica de cooperación mutua que desincentive las traiciones, con una estrategia de toma y daca, y no servir a intereses de naciones que, cuando España se enfrentó a un intento de golpe de Estado, allá por 2017, mostraron desprecio hacia nuestra integridad territorial y hacia nuestra propia soberanía, exhibiendo idéntica posición en el contexto de la última crisis financiera, con unas políticas de austeridad durísimas, que tanta erosión y fractura social han provocado.

España debe plantearse salir de la OTAN mediante un segundo referéndum y apostar por una geopolítica basada en la multipolaridad y en la defensa a ultranza de la paz, el desarme y la solidaridad y cooperación internacional.

Defendemos el derecho a la autodeterminación de la población de los territorios sometidos a dominación colonial, ocupación militar de potencia extranjera o persecución por razones étnicas, culturales, lingüísticas o religiosas, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la materia. Y negamos taxativamente que en ningún territorio actualmente de soberanía española pueda reclamarse el ejercicio de dicho derecho, puesto que ninguna región española es colonia ni territorio ocupado, ni sufre persecución étnica ni lingüística por parte del Estado Español.

Debe dejar de privilegiarse las relaciones políticas y económicas con aquellos estados teocráticos que ignoran y violan sistemáticamente los derechos humanos y que patrocinan y amparan el terrorismo internacional, como Arabia Saudí y otras monarquías del Golfo Pérsico, por mucho que tienten a empresas privadas o públicas españolas con sus inversiones millonarias.

INMIGRACIÓN

Establecimiento de una política migratoria que garantice el respeto a los Derechos Humanos y, al mismo tiempo, unas fronteras seguras.

Alrededor del 10% de la población española es de nacionalidad no española. Buena parte de estos inmigrantes vienen buscando trabajo y una vida más segura que en sus países de procedencia. Las dificultades en la regularización de estas personas han creado un mercado de trabajo dual y desregulado que repercute en la pérdida de derechos por el conjunto de los trabajadores. Con ello se ha creado una situación propicia para populismos y extremismos nacionalistas que en nada benefician a la cohesión social ni a la progresión de las clases populares y trabajadoras.

España debe tener soberanía para llevar a cabo su propia política migratoria, estableciendo planes y criterios de recepción de inmigrantes, priorizando países con lazos culturales e históricos, así como colectivos que padezcan cualquier tipo de persecución, ya sea por razones políticas, étnicas, culturales o religiosas.

FEMINISMO

Defendemos un feminismo basado en la emancipación plena de la mujer y la igualdad total y efectiva entre mujeres y hombres.