La diplomacia española apoya a escondidas a Rabat en el conflicto del Sáhara Occidental y rehúye iniciativas que puedan disgustar al vecino, como reforzar el carácter europeo de Ceuta y Melilla.
Ignacio Cembrero 25/05/2021

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La abogada del Estado español Sonsoles Centeno Huerta argumentó el 3 de marzo pasado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo el derecho de Marruecos a poder firmar acuerdos con la Comisión Europea que incluyan el Sáhara Occidental y sus aguas.

Centeno Huertas se alineó así con los jefes de los servicios jurídicos o los letrados de la Comisión Europea, del Consejo de Ministros de la UE, de dos asociaciones marroquíes y del Estado francés. Juntos se enfrentaron a los abogados del Frente Polisario, el bufete Devers de Lyon, que recurrieron los nuevos acuerdos de asociación y pesca firmados en 2019 entre Bruselas y Rabat con los que el Ejecutivo comunitario pretendía sortear anteriores sentencias favorables al movimiento saharaui.

Solo dos Estados miembros estuvieron representados en ese juicio, Francia y España, los que más defienden en el seno de la UE los intereses de Marruecos. La diferencia es que la diplomacia francesa lo hace abiertamente, mientras que la española actúa, en general, a escondidas.

Los reproches formulados por Rabat estos últimos días al Gobierno español por su posición con relación al Sáhara Occidental y la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, omiten toda la labor que, con discreción, desarrolla España desde hace décadas para ayudar a Marruecos en ese contencioso. Tanto los socialistas como los populares llegan, cuando gobiernan, a extremos insospechados para contentar al vecino del sur. Aquí abajo figuran algunos ejemplos.

Apoyo en el conflicto del Sáhara Occidental. Cuando en 2006 Rabat empezó a elaborar un plan de autonomía para la antigua colonia española como alternativa a la autodeterminación de los saharauis, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le expresó su respaldo. España le “ayudará a sentirse cómodo y le apoyará” para que redacte un proyecto serio, declaró Luis Planas, entonces embajador de España en Rabat, a sus interlocutores estadounidenses, según figura en los cables desvelados en 2010 por Wikileaks. Miguel Ángel Moratinos, entonces ministro de Exteriores, elaboró un ‘non paper’, como se llaman en el lenguaje diplomático los documentos sin membrete, en el que preconizaba utilizar las palabras “regionalización, autonomía y autogobierno” a propósito del Sáhara.

La embajadora de EEUU ante la ONU, Susan Rice, presentó, en abril de 2013, un proyecto de resolución sobre el Sáhara que preveía otorgar a la Minurso, el contingente de Naciones Unidas desplegado en el territorio, competencias para vigilar el respeto de los derechos humanos. Rice sometió este borrador al llamado Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, del que forman parte Francia y España. Juntas, ambas potencias lograron abortar esa modificación del mandato de la Minurso que Marruecos también rechazaba, pero que sí anhelaba el Polisario.

La relación entre Marruecos y Christopher Ross, enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara, fue siempre tensa. El por entonces ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, se alineó con frecuencia con Rabat. “Sería bueno que [Ross] avanzase en este dosier más rápido y se centrase en los temas centrales en vez de perderse en temas accesorios”, declaró, por ejemplo, en Rabat, en junio de 2012.

La palabra ‘autodeterminación’ de los saharauis, recogida en el mandato de la Minurso en 1991, ha desaparecido hace años del lenguaje de la diplomacia española, no así de la alemana. Berlín también atraviesa una crisis con Marruecos. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ya solo habla de “salida negociada por las partes” al amparo de la ONU.

El Ministerio del Interior español expulsó a Marruecos, en enero de 2019, a Husein Bachir Brahim, joven activista saharaui, que, en busca y captura, huyó a Lanzarote en patera. Nada más poner pie en Marruecos, ingresó en la cárcel de Marrakech.

Neutralizar a Podemos. El Gobierno de Pedro Sánchez se esfuerza por apaciguar los temores de Marruecos ante la presencia de Podemos en el Ejecutivo. A través de diversos cauces, ha recordado a Rabat que el socio minoritario de la coalición, partidario de un referéndum de autodeterminación, no ostenta ningún ministerio de Estado ni juega papel alguno en la política exterior. Cuando Nacho Álvarez (Podemos), secretario de Estado de Derechos Sociales, recibió, en febrero de 2020, en su despacho oficial, a una representante saharaui, Suilma Hay Emhamed, González Laya llamó de inmediato a su homólogo marroquí, Nasser Bourita, y puso un tuit recordando que la política de España sobre el Sáhara “no ha cambiado”.

Pasividad ante la asfixia económica de Ceuta y Melilla. Rabat cerró el 1 de agosto de 2018 la aduana comercial de Melilla, pactada en 1866, sin informar previamente al Gobierno español. Rabat cortó el 7 de octubre de 2019 el contrabando con Ceuta, una decisión legítima, pero con enormes consecuencias económicas para la ciudad autónoma. Tampoco informó de antemano a Madrid. El verano pasado, Rabat dejó de conceder a las exportaciones de empresas melillenses, a través de la Península, las rebajas arancelarias que otorga a los productos de la UE. Rabat cerró unilateralmente a causa de la pandemia, en marzo de 2020, las fronteras de Ceuta y Melilla. Desoyó las sugerencias de Exteriores de permitir un tráfico reducido para los trabajadores transfronterizos y los niños marroquíes escolarizados en Melilla. El Gobierno español nunca ha protestado. En su última comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, el 22 de abril, González Laya dio incluso a entender que se seguía reuniendo el grupo de trabajo hispano-marroquí para resolver el cierre de la aduana, algo que no sucede desde hace más de dos años. La ministra tampoco ha recibido hasta la fecha a la Plataforma de Empresarios de Melilla, que solicitó hace meses una reunión para exponerle las trabas que padecen a la hora de exportar a Marruecos. Al entorpecer estas exportaciones, Rabat incumple el acuerdo de asociación que firmó en 2019 con la UE.

Renuncia a afianzar el carácter europeo de Ceuta y Melilla. La Asamblea de Ceuta aprobó, por unanimidad, en diciembre de 2011 su incorporación a la unión aduanera, de la que la ciudad pidió ser excluida en 1986, cuando España se adhirió a la UE. Su ingreso en la unión aduanera reforzaría el carácter europeo de la ciudad. Restaría también argumentos a Marruecos para rechazar la apertura de una aduana comercial en su frontera. El secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, viajó en 2013 a Ceuta para disuadir al Gobierno local de que persistiese en su empeño de incorporarse a la unión aduanera.

Frontex, la agencia europea de control de fronteras, se ha ofrecido varias veces —el jueves pasado lo volvió a hacer— para colaborar con las fuerzas de seguridad españolas en Ceuta y Melilla. Los sucesivos ministros de Interior españoles han declinado el ofrecimiento. Cuando era ministro de Asuntos Exteriores, García-Margallo llegó a afirmar en TVE que Frontex no intervenía en operaciones terrestres pese a que desde hace años está desplegada en la frontera de Bulgaria con Turquía. Su presencia en ambas ciudades autónomas reforzaría su carácter europeo y permitiría a los ministerios de Interior de las demás capitales europeas disponer de una información independiente del problema migratorio. Resultaría molesta para Rabat, motivo por el cual el ministro Fernando Grande-Marlaska hace oídos sordos a la propuesta.

Renuncia a la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla. Desde que fue entronizado en 2014 Felipe VI no ha viajado a Ceuta ni Melilla. El Gobierno barajó que los Reyes visitaran ambas ciudades en el marco de la gira postpandemia que efectuaron en julio de 2020 por todas las comunidades autónomas. El diario “El Faro de Ceuta” publicó incluso la noticia de su próxima llegada a la ciudad. El Ejecutivo optó, finalmente, por renunciar a ese desplazamiento para no molestar al país vecino. Don Juan Carlos y doña Sofía visitaron, por primera vez y última vez, las dos ciudades autónomas en 2007. Rabat reaccionó entonces protestando y llamando a consultas a su embajador en Madrid, Omar Azziman.

Ocultar el origen de la inmigración irregular. El Ministerio del Interior oculta el origen de la inmigración y el porcentaje de menores no acompañados. A diferencia del Ministerio del Interior de Italia, que informa de ello en su web, rehúsa dar el desglose por nacionalidades de los inmigrantes que llegan a España incluso en respuestas a preguntas de diputados en las Cortes. Actúa así para disimular que, por regla general, la mayoría de los ‘sin papeles’ que desembarcan en España son marroquíes y no subsaharianos. Si la prensa publica, a veces, ese desglose, es gracias a las filtraciones o al alto comisionado para los Refugiados de la ONU, que proporciona sus propios datos. Interior también omite precisar de dónde zarpan las pateras rumbo a España. Un informe elaborado por Frontex, que fue filtrado a la prensa, señalaba que a finales del año pasado el 68% de las embarcaciones que llegaron a Canarias salió del área de Dajla, en el Sáhara Occidental controlado por Marruecos. Interior tampoco ha reconocido que, a finales de marzo, Rabat suspendió los vuelos de repatriación de inmigrantes marroquíes llegados a Canarias. Hasta entonces, devolvía cada semana a unos 80 marroquíes.

Pasividad ante la modificación unilateral de las aguas de Marruecos. A instancias de su Gobierno, el Parlamento marroquí aprobó, en enero de 2020, una modificación de las aguas territoriales y de su zona económica exclusiva (ZEE). Las nuevas leyes, de cuya tramitación el Gobierno español se enteró por la prensa, no reconocen aguas territoriales para Ceuta y Melilla. La ZEE marroquí interfiere además con la solicitada por España a la ONU para las Canarias. Aun así, el Gobierno español no elevó ninguna queja ante Rabat.

Deferencias con el espía que difamó a Aznar. La cooperación antiterrorista, que Marruecos cortó con España en el verano de 2014, reviste gran importancia. Aun así, las atenciones con determinados agentes o responsables policiales y los momentos elegidos para brindárselas llaman la atención. Abdellatif Hammouchi, el máximo responsable policial marroquí, con más autoridad que el ministro del Interior, fue condecorado en 2014 por el ministro Jorge Fernández Díaz con la Cruz honorífica al Mérito Policial. El ministro le recompensó justo en el momento en que Rabat había suspendido la cooperación judicial y antiterrorista con París. Tomó tal decisión en represalia de que, en febrero de ese año, la policía judicial francesa tratase en vano de llevar a Hammouchi a declarar ante un juez instructor. Había sido denunciado por los abogados de la Acción de Cristianos por la Abolición de la Tortura por presuntas torturas infligidas a dos marroquíes residentes en Francia. En septiembre de 2019, fue el ministro Grande-Marlaska el que tramitó otra distinción para Hammouchi, la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Fernández Díaz solo concedió una entrevista, durante su etapa como ministro, a un marroquí. Recibió en su domicilio, en diciembre de 2014, a Ahmed Charai, director del semanario ‘L’Observateur du Maroc’, condenado en octubre de 2011 por “intromisión ilegítima en el derecho al honor” al afirmar que Aznar era el padre de la hija de Rachida Dati, la ministra de Justicia de Francia que fue madre soltera. A finales de 2014, una filtración masiva de correos electrónicos a través de Twitter puso de relieve que Charai era un colaborador asiduo y con ciertas responsabilidades de la Dirección General de Estudios y Documentación, el servicio secreto exterior de Marruecos. ‘El Mundo’ reprodujo parte de esos correos y Charai reaccionó llevando el periódico a los tribunales. Su publicación es “de indudable interés para la opinión pública nacional española e incluso internacional”, dictaminó un juez en una sentencia en 2015.

Sanciones desmedidas contra un guardia civil. El 7 de agosto de 2014, la Guardia Civil interceptó en aguas de Ceuta la lujosa lancha de recreo en la que navegaba Mohamed VI. Fue un error achacable a que las autoridades marroquíes nunca comunicaron a las españolas la intención del monarca de atravesar las aguas de Ceuta. Rabat respondió entonces desatando, el 12 de agosto de ese año, una oleada migratoria que alcanzó las costas de Andalucía. Paralelamente, cortó la cooperación en materia de seguridad, incluida la antiterrorista, con España. Para que se restableciese, Fernández Díaz tuvo que viajar a Tetuán, donde estaba su homólogo marroquí, y pedir disculpas. Paralelamente, el jefe de gabinete del ministro y un teniente general de la Guardia Civil se desplazaron a Rabat para entregar un informe en el que asumían su responsabilidad en el incidente y anunciaban una sanción: la destitución del jefe de la Comandancia de Ceuta, el teniente coronel Andrés López García.

Pasividad ante la tutela religiosa de Rabat. El Ministerio de Asuntos Islámicos de Marruecos reconoció, a finales de 2018, que financiaba 34 de las 42 mezquitas de Ceuta y 17 de las de Melilla, es decir, todas excepto una. Tenía en nómina además a 95 imanes, predicadores y muédanos de Ceuta y a 58 de Melilla. Ese ministerio se gastaba, por otra parte, 1,7 millones de euros anuales en sufragar mezquitas y asociaciones islámicas en Cataluña y Madrid. A través de la religión, Marruecos “ha diseñado una estrategia para disponer de una herramienta que le proporcione capacidad de influencia y de presión (…) sobre la Administración española perturbando la política exterior de España”, escribió, en 2013, el general Félix Sanz Roldán, entonces director del CNI. Empleó estos argumentos para solicitar la expulsión de España del espía marroquí Noureddine Ziani. La repatriación forzosa de Ziani fue una de las pocas medidas adoptadas por las autoridades españolas para tratar de poner freno a esa estrategia descrita por el entonces jefe del principal servicio secreto español.

Esquivar los debates sobre el Sáhara Occidental y la situación interna de Marruecos. Casa Árabe fue fundada en Madrid y Córdoba en 2006 con la intención de convertirla en un centro de estudios y conocimiento del mundo árabe, pero en sus 15 años de existencia nunca se ha celebrado en sus sedes un debate sobre el conflicto que afecta más de cerca a España, el del Sáhara Occidental, ni sobre la situación política interna de Marruecos. Ambos temas son también prácticamente tabúes en el Real Instituto Elcano, el principal ‘think tank’ español. Asuntos Exteriores ejerce una gran influencia sobre ambos centros y trata de impedir que en las conferencias o artículos puedan formularse críticas que disgusten a las autoridades del país vecino.

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