Tinduf: la estafa que desnuda el sistema de control del Polisario
BOUBEKRI MOHAMMED YASSER
Mientras miles de familias saharauis sobreviven desde hace décadas en condiciones extremas en los campamentos de Tinduf, una nueva trama financiera ha vuelto a poner bajo sospecha la gestión de la dirección del Frente Polisario.
El hundimiento de la sociedad Infravest for Contracting and Investment ha dejado a numerosas familias, comerciantes y cooperativas sin los ahorros que habían confiado a esta empresa. La cantidad desaparecida se estima en unos 886 millones de dinares argelinos, equivalentes aproximadamente a 6,6 millones de dólares.
No estamos ante un simple fracaso empresarial. Infravest operó desde 2022 dentro de unos campamentos sometidos al control político, administrativo y de seguridad del Polisario. Captó dinero durante años, patrocinó actividades culturales, anunció proyectos de construcción y proyectó una imagen de solvencia sin que, aparentemente, nadie fiscalizara sus cuentas ni comprobara la verdadera naturaleza de sus operaciones.
Una estafa bajo la mirada del Polisario
Según las informaciones publicadas, Infravest habría funcionado mediante un sistema piramidal: utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar los beneficios prometidos a quienes habían entrado antes. El responsable de la empresa, Sallamou Abba Ali, habría desaparecido después del colapso de la compañía, dejando a cientos de afectados sin respuestas.
La cuestión principal es evidente: ¿cómo pudo una empresa captar millones durante tanto tiempo en un territorio donde la dirección del Polisario controla prácticamente toda la actividad política, económica y social?
Resulta difícil creer que una estructura de estas dimensiones pudiera operar sin conocimiento, protección o tolerancia dentro del aparato que administra los campamentos. Corresponde a una investigación independiente determinar si hubo complicidades directas, pero la responsabilidad política del Polisario ya resulta ineludible.
Si sus dirigentes conocían las actividades de Infravest y permitieron que continuaran, deberán explicar por qué no intervinieron. Si aseguran que no sabían nada, estarían reconociendo una grave incapacidad para proteger a la población que afirman representar.
En ambos casos, el resultado es el mismo: las víctimas han perdido sus ahorros mientras la cúpula del movimiento guarda silencio o intenta reducir el escándalo a un incidente aislado.
La población, víctima de un sistema opaco
Los perjudicados no son grandes inversores. Son familias que viven en condiciones precarias, pequeños comerciantes y cooperativas que depositaron en Infravest el fruto de años de trabajo.
La Comisión Europea calcula que alrededor de 173.000 refugiados viven en los cinco campamentos situados cerca de Tinduf. Ocho de cada diez dependen de la ayuda humanitaria para cubrir su alimentación diaria. Desde 1993, la Unión Europea ha destinado más de 306 millones de euros a programas de alimentación, agua, sanidad, educación y saneamiento.
Sin embargo, la población continúa soportando pobreza, escasez y falta de oportunidades, mientras alrededor de la dirección del Polisario se multiplican las denuncias sobre privilegios, desvío de recursos y ausencia de controles.
El problema no es la población saharaui. Las primeras víctimas de este sistema son precisamente las familias de los campamentos. El problema está en una dirección que gobierna sin transparencia, sin instituciones independientes y sin permitir una fiscalización real de los recursos gestionados en nombre de los refugiados.
Las denuncias no son nuevas
Las sospechas sobre la gestión de la ayuda humanitaria en Tinduf existen desde hace años. Una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, examinó entre 2003 y 2007 la distribución de ayuda europea y detectó irregularidades, desvíos y circuitos de comercialización de productos destinados a los refugiados.
El contenido del informe fue posteriormente objeto de preguntas y propuestas en el Parlamento Europeo, donde se reclamaron controles más estrictos y un censo fiable de los beneficiarios.
También desde Italia han surgido críticas contra la gestión de determinados proyectos humanitarios y sanitarios relacionados con la representación del Polisario. Activistas saharauis han reclamado explicaciones sobre el destino de los fondos y la ausencia de controles independientes.
Infravest no aparece, por tanto, en un vacío. Su caída se produce dentro de un sistema caracterizado por la opacidad y la concentración de poder. Un sistema en el que quienes administran los campamentos actúan al mismo tiempo como autoridad política, aparato de seguridad y responsables de controlar buena parte de los recursos.
El contraste con la decisión española
El escándalo coincide con la aprobación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley destinada a facilitar la nacionalidad española a los saharauis nacidos durante la administración española y a determinados descendientes.
La iniciativa fue aprobada el 10 de septiembre de 2026 con 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones. Podría beneficiar a entre 70.000 y 110.000 personas, aunque todavía debe completar su tramitación parlamentaria.
Para muchas familias de Tinduf, esta posibilidad representa una salida del aislamiento y una oportunidad para recuperar derechos. También constituye una amenaza para una dirección del Polisario que durante décadas ha utilizado la permanencia de la población en los campamentos como instrumento político.
Una investigación internacional
La dirección del Polisario debe entregar toda la información disponible sobre Infravest: autorizaciones, contratos, cuentas, responsables y movimientos financieros. También debe explicar cómo pudo desaparecer el principal responsable sin que intervinieran sus servicios de seguridad.
No basta con promesas internas ni con investigaciones dirigidas por las mismas estructuras que permitieron funcionar a la empresa. Las víctimas necesitan una investigación financiera independiente, con participación internacional, que permita localizar el dinero, recuperar los fondos y determinar todas las responsabilidades.
La Unión Europea y los países donantes tampoco pueden seguir financiando programas sin exigir auditorías rigurosas, transparencia en la distribución de la ayuda y un control independiente de los beneficiarios.
La tragedia de Tinduf no puede seguir siendo utilizada para justificar el poder, los privilegios y la impunidad de una cúpula. La población saharaui merece dignidad, libertad y protección. Y eso empieza por poner fin a un sistema en el que unos pocos controlan los recursos mientras miles de familias continúan pagando las consecuencias.
