Feijóo y la tentación de criminalizar al inmigrante: un enfoque peligroso y políticamente oportunista
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BOUBEKRI MOHAMMED YASSER
El 24 de noviembre de 2025, durante un acto del Partido Popular con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer —que se celebra el 25 de noviembre—, Alberto Núñez Feijóo prometió endurecer las penas por delitos sexuales y expulsar de España a los agresores sexuales extranjeros, estuvieran o no en situación regular. Sus palabras reavivaron inmediatamente un debate sensible que, lejos de aportar respuestas y soluciones reales, corre el riesgo de alimentar estereotipos y tensiones sociales.
Lo preocupante no es la voluntad de reforzar la protección de las víctimas —algo que cualquier sociedad democrática debe garantizar— sino el uso político de la nacionalidad del delincuente como eje del mensaje. Ese enfoque plantea graves interrogantes jurídicos, sociales y éticos. Convertir al inmigrante en una categoría penal diferenciada no solo es injusto, sino que también profundiza prejuicios que nada tienen que ver con los datos reales de criminalidad.
Además, la propuesta de Feijóo no introduce una novedad sustancial: la Ley de Extranjería ya contempla la posibilidad de expulsar a personas extranjeras condenadas por delitos graves, siempre mediante una decisión judicial. Su anuncio, más que una reforma necesaria, parece una estrategia política que busca capitalizar el clima emocional que rodea el 25 de noviembre, utilizando una problemática tan grave como la violencia sexual para reforzar un mensaje de “mano dura”.
Este tipo de discursos desplazan el centro del debate: en lugar de hablar de prevención, educación afectivo-sexual, recursos para las víctimas, formación policial, agilización de los procesos judiciales o políticas públicas eficaces, se introduce un falso vínculo entre inmigración y delincuencia. Es una receta sencilla para obtener réditos políticos, pero devastadora para la convivencia.
La seguridad ciudadana no puede construirse desde el señalamiento ni desde soluciones punitivas que buscan más impacto mediático que eficacia real. España es un país plural, diverso y construido gracias a la contribución de millones de personas inmigrantes que trabajan, pagan impuestos y respetan la ley. Vincular su existencia con la criminalidad es un retroceso democrático y un riesgo para la cohesión social.
Las políticas públicas deben orientarse por datos, derechos y resultados, no por impulsos electorales ni simplificaciones que estigmatizan a colectivos enteros. La justicia debe ser firme con los delitos sexuales, pero también igualitaria, sensata y respetuosa con los principios que sostienen un Estado de derecho.
