Los inmigrantes en España presentan mejor salud y utilizan menos recursos sanitarios, según un informe oficial

BOUBEKRI MOHAMMED YASSER

Un reciente informe presentado por la ministra de Sanidad, Mónica García, vuelve a situar el debate sobre inmigración y sistema sanitario en el centro de la actualidad española. El estudio, elaborado por el Ministerio de Sanidad a partir de datos actualizados, concluye que la población migrante residente en España goza, en términos generales, de mejor salud y hace un menor uso de la atención sanitaria y del consumo farmacéutico que la población nacida en el país.

El documento, titulado “Estado de salud y uso del sistema sanitario por parte de la población migrante en España”, desmonta algunas ideas extendidas sobre un supuesto uso excesivo de los servicios públicos por parte de la inmigración.

Uno de los datos más relevantes es la diferencia de edad media entre ambos grupos. Mientras la población nacida en España tiene una media de 45,3 años, la población migrante se sitúa en 36,6 años, un factor que influye directamente en la menor presencia de enfermedades crónicas.

Según el informe, las personas nacidas en España acuden al médico de atención primaria una media de 9,5 veces al año, cifras superiores a las registradas entre los distintos colectivos migrantes. El uso de la atención primaria es un 51,2 % mayor que entre la población procedente de otros países europeos, un 39,1 % superior respecto a las personas originarias de África y un 17,8 % más elevado que entre quienes proceden de América Latina.

La investigación también señala que la población española presenta mayores índices de enfermedades crónicas. De las 21 patologías analizadas, los nacidos en España registran tasas más elevadas en 16 de ellas, especialmente aquellas relacionadas con el envejecimiento y que tienen un mayor impacto sobre el gasto sanitario.

En cuanto al consumo de medicamentos, las diferencias son igualmente significativas. Los españoles utilizan más tratamientos farmacológicos que los colectivos migrantes, con diferencias que alcanzan alrededor del 62 % frente a la población africana y cerca del 50 % respecto a la latinoamericana.

Sin embargo, el estudio observa una realidad distinta en los servicios de urgencias y hospitalización. La población migrante presenta mayores porcentajes de uso de estos recursos: un 10,5 % ha requerido hospitalización frente al 9,2 % de la población española, mientras que el acceso a urgencias alcanza el 43,3 % frente al 37,2 % registrado entre los nacidos en España.

El Ministerio de Sanidad atribuye esta situación a diversos obstáculos que dificultan el acceso temprano a la atención médica, entre ellos barreras administrativas, dificultades lingüísticas, falta de información o experiencias de discriminación. Estas circunstancias pueden retrasar la asistencia sanitaria y provocar que muchas personas recurran al sistema cuando su situación médica ya es más grave.

La ministra Mónica García defendió que los datos oficiales “desmontan mitos y prejuicios” sobre la inmigración y su relación con la sanidad pública. A su juicio, la evidencia muestra que la población migrante no representa una carga para el sistema, sino que contribuye a su sostenibilidad en un contexto marcado por el envejecimiento demográfico y la necesidad creciente de mano de obra y cotizantes.

El informe hace referencia además al denominado “efecto del migrante sano”, una teoría ampliamente reconocida en salud pública que sostiene que quienes emigran suelen presentar inicialmente mejores condiciones físicas y de salud que la población media, aunque esa ventaja puede reducirse con el paso de los años debido a factores sociales y económicos.

En un momento de intenso debate político y social sobre inmigración, los datos del Ministerio de Sanidad aportan una perspectiva basada en evidencia científica y reabren la discusión sobre el papel real de la población migrante en el sostenimiento de los servicios públicos en España.