Año récord de detenciones: 7.000 palestinos arrestados en 2025 y más de 9.300 encarcelados en prisiones israelíes

BOUBEKRI MOHAMMED YASSER

En un contexto marcado por redadas masivas y un endurecimiento sostenido de las políticas de seguridad, instituciones y organismos palestinos de derechos humanos han hecho públicos nuevos datos que ponen de relieve la magnitud de las detenciones llevadas a cabo por Israel a lo largo de 2025, advirtiendo de un deterioro significativo de la situación humanitaria en los centros de detención.

Según un informe conjunto elaborado por el Club de Prisioneros Palestinos, la Fundación Addameer y la Comisión de Asuntos de los Prisioneros, las fuerzas israelíes arrestaron a cerca de 7.000 palestinos durante el año 2025, entre ellos 600 menores de edad y 200 mujeres. Las detenciones se produjeron principalmente en Cisjordania y Jerusalén Este, en el marco de operaciones de seguridad que incluyeron incursiones nocturnas y arrestos masivos.

El informe señala asimismo que el número total de palestinos encarcelados en prisiones israelíes supera actualmente los 9.300, una cifra que refleja la continuidad y amplitud de esta política. De ese total, alrededor de 3.350 personas se encuentran bajo detención administrativa, es decir, privadas de libertad sin cargos formales ni juicio, lo que representa aproximadamente el 49 % del conjunto de los presos.

Las organizaciones firmantes subrayan que el uso extensivo de la detención administrativa constituye una de las principales vulneraciones del derecho internacional, al privar a los detenidos de garantías judiciales básicas y permitir la renovación reiterada de las órdenes de encarcelamiento sin una supervisión judicial efectiva. Esta práctica, añaden, afecta de manera desproporcionada a la población civil, incluidos menores y mujeres.

El documento alerta también sobre el empeoramiento de las condiciones de reclusión, con denuncias recurrentes de hacinamiento, deficiencias en la atención médica y restricciones en los derechos básicos, factores que incrementan los riesgos físicos y psicológicos para los detenidos y agravan su situación humanitaria.

Más allá de las cifras, el informe plantea un debate de fondo que interpela directamente a la comunidad internacional. El recurso sistemático a la detención administrativa, tal como se describe, entra en tensión con principios consagrados en el derecho internacional humanitario y en los tratados de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Cuarta Convención de Ginebra, que garantizan el derecho a un juicio justo y la protección de la población civil bajo ocupación.

Desde una perspectiva política, las organizaciones consideran que la normalización de estas prácticas, sin una respuesta efectiva por parte de los organismos internacionales, contribuye a un clima de impunidad y erosiona la credibilidad del sistema internacional de protección de los derechos humanos. En este sentido, hacen un llamamiento a Naciones Unidas, a la Unión Europea y a los Estados con capacidad de influencia para que adopten medidas concretas que garanticen la rendición de cuentas y la protección de los presos palestinos.

El informe concluye que la cuestión de los presos no es un asunto marginal, sino un elemento central del conflicto, y advierte de que la prolongación de estas políticas, sin supervisión ni consecuencias legales, seguirá alimentando la inestabilidad y el deterioro de la situación humanitaria en los territorios palestinos ocupados.