Tras romper la bandera marroquí en Madrid: crecen las voces que piden visados para los españoles y cerrar las fronteras de Ceuta y Melilla

BOUBEKRI MOHAMMED YASSER

Las imágenes de varias personas rompiendo una bandera marroquí frente al Congreso de los Diputados en Madrid han causado una profunda indignación. Lo que debía ser una protesta contra la gestión del Gobierno español y su política migratoria terminó convirtiéndose en una ofensa contra uno de los principales símbolos de la soberanía y la unidad de Marruecos.

Madrid, Barcelona, Ceuta y otras ciudades españolas acogieron movilizaciones relacionadas con la reciente crisis migratoria. Sin embargo, lo ocurrido frente al Congreso traspasó los límites de la protesta política. Romper la bandera de un país vecino no es una crítica a su Gobierno ni una forma legítima de expresar una discrepancia: es una provocación dirigida contra todo un pueblo.

La bandera marroquí no pertenece a un partido, a un Ejecutivo ni a un dirigente concreto. Representa a una nación, su historia y su identidad. Atacarla públicamente supone ofender a millones de marroquíes, incluidos quienes viven, trabajan y contribuyen diariamente a la sociedad española.

Cualquier ciudadano tiene derecho a manifestarse contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a cuestionar su gestión de la inmigración o a criticar las relaciones entre Madrid y Rabat. Lo que no resulta aceptable es utilizar a Marruecos como chivo expiatorio de los problemas internos de España ni responsabilizar colectivamente a los marroquíes de una crisis política y migratoria que exige respuestas mucho más serias.

Marruecos, convertido en arma política

El incidente no puede separarse del clima creado durante los últimos años por determinados discursos políticos y mediáticos. Marruecos se ha convertido en un recurso habitual para desgastar al Gobierno español, agitar el miedo y movilizar electoralmente a una parte de la población.

La crítica política es legítima. Otra cosa muy distinta es presentar constantemente al país vecino como una amenaza, lanzar acusaciones sin pruebas o alimentar una hostilidad que termina trasladándose de los debates televisivos y las tribunas políticas a las calles.

Cuando se insiste en describir a Marruecos y a los marroquíes como enemigos, no debería sorprender que algunos acaben pasando de las palabras a los actos y ataquen públicamente sus símbolos. Quienes normalizan esos discursos también deberían asumir su parte de responsabilidad en la creación de este ambiente.

Una doble vara de medir sobre la soberanía

La indignación aumenta ante el apoyo expresado por algunos sectores políticos y mediáticos españoles al Frente Polisario y ante su simpatía hacia discursos que reclaman la creación de una supuesta república independiente en el Rif, al norte de Marruecos.

Resulta difícil entender que quienes consideran intocable la integridad territorial española se permitan cuestionar la de Marruecos. No se puede exigir respeto absoluto para la posición española sobre Ceuta y Melilla mientras se respaldan proyectos que los marroquíes consideran una amenaza directa contra la unidad de su país.

La soberanía y la integridad territorial no pueden defenderse mediante criterios selectivos. Si se exige a Marruecos que respete las posiciones de España, también debe respetarse la unidad territorial marroquí. Defender una cosa en territorio español y la contraria al otro lado de la frontera no es una postura coherente, sino una doble vara de medir.

Criticar al Gobierno marroquí o discrepar de sus políticas forma parte de la libertad de expresión. Apoyar la fragmentación territorial del país es una cuestión diferente, especialmente cuando quienes lo hacen reaccionan con enorme dureza ante cualquier cuestionamiento de la soberanía española.

Las imágenes de agresiones contra migrantes

A este ambiente se suman los informes y vídeos difundidos sobre agresiones y malos tratos sufridos por algunos migrantes en situación irregular que entraron en Ceuta.

España tiene derecho a proteger sus fronteras, controlar la inmigración y aplicar la legislación vigente. Pero una entrada irregular no despoja a una persona de su dignidad ni justifica que sea golpeada, humillada o tratada como objetivo de una venganza colectiva.

Cualquier posible abuso documentado debe investigarse y, en su caso, depurarse responsabilidades. La defensa de la legalidad no puede confundirse con la violencia ni servir como excusa para criminalizar a toda una nacionalidad.

La situación resulta especialmente preocupante cuando estos comportamientos coinciden con discursos que presentan a los marroquíes como una amenaza colectiva. Esa asociación no solo deteriora las relaciones entre los dos países, sino que también puede afectar a la convivencia y a la seguridad de la numerosa comunidad marroquí residente en España.

¿Visados para los ciudadanos españoles?

Como reacción a estos acontecimientos, una parte de la opinión pública marroquí, especialmente en las redes sociales, ha empezado a reclamar una revisión de las facilidades concedidas a los ciudadanos españoles que viajan a Marruecos.

Una de las propuestas más repetidas consiste en exigirles visado aplicando el principio de reciprocidad. Sus defensores recuerdan que un ciudadano marroquí necesita presentar documentación, acreditar sus recursos económicos, contratar un seguro, pagar tasas y afrontar largos plazos para solicitar un visado español, sin ninguna garantía de obtenerlo.

Un ciudadano español, por el contrario, puede entrar en Marruecos sin visado para una estancia corta. Esta desigualdad lleva a algunos marroquíes a preguntarse por qué el Reino debe mantener unas facilidades que no reciben sus propios ciudadanos cuando desean viajar a España.

Estas peticiones no constituyen una decisión oficial ni representan necesariamente al conjunto de la sociedad marroquí. Reflejan, sin embargo, un malestar creciente y la percepción de que la relación bilateral no siempre se desarrolla en condiciones de reciprocidad.

El cierre de las fronteras de Ceuta y Melilla

Otras voces han ido más lejos y reclaman el cierre definitivo de los pasos fronterizos vinculados a Ceuta y Melilla, tanto para el tránsito de viajeros como para las actividades comerciales. La medida afectaría especialmente a los pasos del Tarajal y Beni Enzar.

Quienes defienden esta posibilidad consideran incoherente que España se beneficie de la cooperación marroquí en materia de seguridad, inmigración, turismo y comercio mientras determinados sectores atacan los símbolos nacionales de Marruecos o respaldan movimientos separatistas contrarios a su integridad territorial.

Cerrar las fronteras o imponer visados son decisiones soberanas que únicamente corresponden al Estado marroquí. Cualquier medida de esta magnitud tendría consecuencias económicas, sociales y humanas, especialmente para los habitantes de las zonas fronterizas, por lo que requeriría una evaluación seria y alejada de reacciones impulsivas.

Pero el simple hecho de que estas reivindicaciones hayan entrado en el debate público debería interpretarse como una advertencia. La cooperación no puede darse por garantizada cuando el respeto mutuo comienza a deteriorarse.

Evitar las generalizaciones

Lo ocurrido en Madrid no puede atribuirse a toda la sociedad española. Millones de españoles rechazan el racismo, respetan a Marruecos y conviven con normalidad con sus ciudadanos. Los vínculos humanos, familiares, sociales y económicos entre ambos pueblos son mucho más fuertes que los actos protagonizados por un grupo de exaltados.

No generalizar, sin embargo, tampoco significa guardar silencio. Las instituciones, los partidos democráticos y los organizadores de las movilizaciones deberían condenar claramente la profanación de la bandera marroquí. Restar importancia al incidente solo facilita que la hostilidad continúe creciendo.

La comunidad marroquí forma parte de la realidad social española. Sus integrantes trabajan, pagan impuestos, crean empresas y contribuyen a sectores esenciales. No pueden ser tratados como responsables de las decisiones del Gobierno de Rabat ni convertirse en blanco de campañas políticas relacionadas con la inmigración.

Una advertencia para las relaciones bilaterales

Romper la bandera marroquí frente al Congreso no modificará la historia ni la geografía, tampoco resolverá la crisis migratoria. Solo demuestra hasta dónde puede llegar un discurso político cuando sustituye los argumentos por el resentimiento.

Las demandas de imponer visados a los españoles y cerrar las fronteras de Ceuta y Melilla no son, por ahora, una posición oficial de Marruecos. Son la expresión de un enfado que empieza a extenderse entre quienes consideran que su país ofrece cooperación y facilidades sin recibir siempre el mismo respeto.

Marruecos y España están obligados por la geografía y por sus intereses comunes a mantener una relación estable. Pero ninguna cooperación económica, comercial o de seguridad puede sostenerse indefinidamente si los símbolos de una de las partes se convierten en objeto de ataques y su integridad territorial en instrumento de confrontación política.

Madrid debería prestar atención a esta señal antes de que el deterioro de la confianza ciudadana termine afectando a las relaciones entre los dos países. Quien desee fronteras abiertas, cooperación migratoria y acceso al mercado marroquí también debe comprender que el respeto a Marruecos, a su bandera y a su unidad territorial no es opcional.