Endurecer las deportaciones sin acuerdo con los países de origen: ¿ha aprobado el Parlamento Europeo una ley imposible de aplicar?

BOUBEKRI MOHAMMED YASSER

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a una nueva normativa para endurecer las deportaciones de personas en situación administrativa irregular. Sus defensores la presentan como una respuesta firme frente a la inmigración irregular y como una herramienta para recuperar el control de las fronteras. Sin embargo, más allá de los titulares y de la celebración de algunos grupos políticos, surge una pregunta evidente: ¿quién va a recibir a esas personas cuando Europa quiera expulsarlas?

La realidad es mucho más compleja de lo que algunos discursos intentan hacer creer. Ningún país europeo puede deportar a una persona simplemente porque así lo decida una ley aprobada en Bruselas o Estrasburgo. Para que una expulsión se haga efectiva es necesaria la colaboración del país de origen, y ahí es donde la teoría suele chocar con la realidad.

Muchos Estados se niegan a aceptar retornos masivos, otros retrasan la expedición de documentos consulares y algunos condicionan su cooperación a acuerdos políticos, económicos o diplomáticos. Es decir, la capacidad de ejecutar deportaciones no depende únicamente de la voluntad de la Unión Europea, sino también de gobiernos sobre los que Bruselas no tiene autoridad.

Por eso resulta llamativo que se presente esta reforma como una solución definitiva. La Unión Europea lleva años aprobando medidas cada vez más restrictivas y, aun así, miles de órdenes de expulsión continúan sin ejecutarse. El problema no es la falta de leyes, sino la dificultad práctica de aplicarlas.

Además, existe el riesgo de que esta nueva normativa responda más a una necesidad política que a una estrategia eficaz. La inmigración se ha convertido en uno de los temas centrales del debate público europeo y varios partidos han encontrado en ella una herramienta electoral. En ese contexto, endurecer las normas puede generar réditos políticos inmediatos, aunque los resultados reales sean mucho más limitados.

Tampoco conviene olvidar que Europa necesita mano de obra extranjera en numerosos sectores. Agricultura, construcción, transporte, hostelería, cuidados y servicios dependen en gran medida de trabajadores procedentes de terceros países. Mientras algunas instituciones hablan de expulsiones masivas, muchas empresas siguen denunciando la falta de personal.

La contradicción es evidente. Por un lado, se insiste en transmitir una imagen de firmeza frente a la inmigración irregular; por otro, la economía europea continúa necesitando trabajadores extranjeros para mantener su actividad.

La gestión de los flujos migratorios requiere cooperación con los países de origen, acuerdos equilibrados y una visión a largo plazo. Pensar que una ley, por sí sola, resolverá un fenómeno tan complejo es ignorar décadas de experiencia y los numerosos obstáculos que existen sobre el terreno.

La pregunta, por tanto, sigue abierta. ¿Estamos ante una herramienta realmente eficaz o ante una medida destinada principalmente a enviar un mensaje político a una parte del electorado europeo?

Porque aprobar una ley es relativamente sencillo. Conseguir que funcione es otra historia.