Cuando la ley ignora a los tribunales, Cataluña se enfrenta al riesgo de un ERE masivo que exige un diálogo urgente

Mohammed Yasser Boubekri, sindicalista

Más de 5.000 personas pueden quedarse sin trabajo por una ley que, tal como está redactada, choca con lo que ya han dicho los tribunales. Y detrás de cada una de esas personas hay una familia.

Desde mi experiencia como sindicalista y desde el contacto diario con conductores y conductoras del sector VTC en Cataluña, creo que hay algo que no se puede perder de vista en este debate: estamos hablando de personas. No es solo una ley, no es solo un modelo de transporte, es la vida de miles de familias.

Los tribunales han sido claros en los últimos años. El Tribunal Supremo, en su SENTENCIA Nº 81/2026 (STS 745/2026), DE 30 DE ENERO DE 2026, analizó hasta qué punto la administración puede imponer condiciones al sector VTC. En ese caso concreto, se examinaban medidas relacionadas con la forma de prestar el servicio, incluyendo la posible obligación de establecer o comunicar tarifas. La conclusión fue clara: imponer este tipo de condiciones, especialmente aquellas que afectan directamente a la fijación de precios, puede constituir una restricción injustificada si no está debidamente justificada. El Supremo dejó claro que la administración no puede intervenir en la política de precios del VTC de forma desproporcionada.

En la misma línea, la SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 13 DE FEBRERO DE 2023 abordó restricciones operativas impuestas al VTC y concluyó que no se pueden establecer limitaciones que, en la práctica, hagan inviable el trabajo. Por su parte, la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 8 DE JUNIO DE 2023 (ASUNTO C-50/21) fijó el marco general: los Estados pueden regular el sector, pero solo si las medidas responden a un interés general real y son proporcionadas. Y en Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia, en su SENTENCIA DE 13 DE ENERO DE 2026, analizó una medida muy concreta: la obligación de esperar 60 minutos antes de iniciar un servicio VTC. El tribunal concluyó que esa exigencia era excesiva y la anuló por ser desproporcionada, al limitar tanto a los conductores como a los usuarios.

El mensaje conjunto de todos estos fallos es claro: se puede regular, pero no hasta el punto de dejar sin sentido el trabajo de quienes viven de ello.

La proposición de ley que se está planteando ahora nace con la idea de ordenar el sector. Eso, en sí mismo, no es un problema. El problema es cómo se hace. Porque tal y como está redactada, puede tener un impacto directo sobre miles de personas que dependen de este trabajo para salir adelante.

Desde una posición sindical, hay que decirlo sin rodeos: “Estamos en contra de la proposición de ley que se está planteando en estos momentos, porque tal como está redactada va a dejar a más de 5.000 personas sin trabajo, en lo que sería el mayor ERE de la historia de Catalunya. Detrás de cada vehículo VTC hay un conductor, una familia y una realidad social que no se puede ignorar. Estamos hablando de personas que se levantan cada mañana para poder vivir dignamente de su trabajo.”

Más de 5.000 conductores. Pero detrás de esa cifra hay algo mucho más importante: familias que dependen de ese ingreso, personas que han construido su vida alrededor de este trabajo, esfuerzos y sacrificios que no aparecen en ningún texto legal.

Si esta ley se aprueba tal y como está, miles de personas pueden quedarse sin ingresos, muchas familias entrarán en una situación de incertidumbre y se generará un problema social que se podría evitar. Y eso no es solo un problema del sector, es un problema de todos.

Por eso, antes de tomar decisiones definitivas, hace falta algo básico: escuchar. Escuchar a quienes trabajan en el sector, escuchar a las empresas, escuchar a los representantes de los trabajadores. Hace falta abrir un diálogo serio, con tiempo y con responsabilidad.

El objetivo de cualquier ley debe ser claro: construir un equilibrio que beneficie a todos. Un marco en el que convivan los distintos modelos de transporte, sin imponer uno sobre otro y sin excluir a nadie. Porque regular no puede significar expulsar al VTC del mercado, sino integrarlo de forma justa y proporcional dentro del sistema.

Regular es necesario. Nadie lo discute. Pero regular sin tener en cuenta a las personas es un error. La ley no puede ignorar lo que dicen los tribunales, pero tampoco puede ignorar a quienes se levantan cada día para trabajar. Porque al final, detrás de cada decisión política, hay vidas reales. Y eso es lo que no se puede olvidar.