Albiol, bajo la lupa de la Fiscalía: el desalojo del B9 y la gestión de la vulnerabilidad en Badalona

BOUBEKRI MOHAMMED YASSER

El conflicto por el derecho a la vivienda en Badalona ha llegado esta semana a la Fiscalía. El grupo político Comuns ha presentado una denuncia penal contra el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, a raíz del desalojo del antiguo Institut B9, que- según la formación denunciante, se habría ejecutado sin ofrecer una alternativa habitacional a las personas afectadas, pese a existir una obligación judicial expresa.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, no se limita al operativo de desalojo. Comuns sostiene que el Ayuntamiento habría incumplido de forma reiterada el mandato judicial de garantizar una solución habitacional previa, y señala además determinadas actuaciones y declaraciones posteriores del alcalde que, a su juicio, podrían tener relevancia penal por su impacto sobre colectivos en situación de vulnerabilidad.

Según la versión de Comuns, el juzgado que conocía del caso había establecido claramente la necesidad de ofrecer una alternativa habitacional antes de proceder al desalojo del edificio. Sin embargo, dicha exigencia no se habría materializado de forma efectiva, dejando a varias personas sin una respuesta institucional inmediata.

La formación considera que estos hechos podrían encajar en posibles delitos como la desobediencia a la autoridad judicial, la prevaricación administrativa o la denegación discriminatoria de un servicio público, extremos que ahora deberán ser analizados por la Fiscalía.

Más allá del plano estrictamente administrativo, la denuncia incorpora una crítica al discurso político generado tras el desalojo. Comuns afirma que determinadas declaraciones públicas han contribuido a la estigmatización de personas en situación de exclusión social, alimentando un clima de criminalización que, a su entender, vulnera principios básicos de convivencia democrática y respeto a los derechos fundamentales.

Este aspecto añade una dimensión política y social al caso, que trasciende el propio inmueble del Institut B9 y reabre el debate sobre los límites del discurso institucional cuando se abordan situaciones de emergencia habitacional.

El caso del B9 se inscribe en un contexto más amplio marcado por la crisis de acceso a la vivienda en Catalunya y por la creciente judicialización de los conflictos entre administraciones locales y colectivos vulnerables. La actuación de la Fiscalía será clave para determinar si los hechos denunciados tienen recorrido penal o si quedan en el ámbito de la confrontación política.

Por el momento, no existe imputación formal ni resolución judicial firme. No obstante, la denuncia sitúa al gobierno municipal de Badalona bajo un nuevo foco judicial y mediático, con posibles consecuencias políticas en las próximas semanas.