Ocho de los 14 activistas rifeños que permanecían recluidos y con orden de expulsión el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia desde el pasado 18 de enero han podido salir en libertad después de que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) aceptara parcialmente su solicitud de asilo, según confirman a Público fuentes de su defensa.
A pesar de haber manifestado desde el primer momento su intención de pedir protección internacional, todos pasaron por el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) de Motril y el juez ordenó su internamiento en el CIE y su expulsión a Marruecos. Sergio Ramos, abogado de la mayor parte del grupo de rifeños internados, asegura que no recibieron la adecuada asistencia legal del abogado de oficio a su llegada, por lo que registraron una queja ante el Colegio de Abogados.
No fue hasta que estuvieron en el CIE esperando su deportación cuando al menos 16 de ellos pudieron registrar su solicitud de asilo, pero solo dos de ellas (los casos más claros de persecución política) fueron admitidas a trámite. El resto fueron rechazadas por falta de pruebas que acreditaran los motivos de su asilo.
El miércoles, Ramos presentó los recursos de esas denegaciones, exigiendo un reexamen a la OAR (dependientes de Ministerio del Interior) y denunciando la «total indefensión» de sus representados, ya que un día después de ser rechazadas las peticiones se detectó un caso de coronavirus en el CIE (actualmente hay cuatro positivos) que obligó al aislamiento e impidió la visita del abogado para preparar los recursos.
«Consideramos que no se daban las condiciones adecuadas para un reexamen de su petición de asilo. Ni podían reunirse con su abogado ni el CIE disponía de medios telemáticos para ello», añade el letrado. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) daba a razón a los rifeños e informó favorablemente a Interior sobre la admisión a trámite de las solicitudes, lo que conllevaba su puesta en libertad, el suspenso de la orden de expulsión y la permanencia en el país, afirma Ramos.
El miércoles se aceptaron los recursos y se admitieron parcialmente a trámite seis de las peticiones de silo, y esa misma tarde, los afectados quedaron en libertad. El jueves ocurrió lo propio con otros dos. Todos deben guardar la debida cuarentena de diez días fuera del CIE, apunta Ramos. La mayoría cuenta con apoyo de familiares en España o con la asociación de activistas rifeños en el exilio, añade Reda Benzaza, portavoz de esta organización que ha peleado junto a su abogado por la liberación de los rifeños.
En total son diez las solicitudes admitidas del contingente de activistas rifeños que llegaron en patera y temían ser devueltos a un país donde, aseguran, «corrían peligro«.
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